Con camisetas con el lema Todos somos Núria --la cocinera de Mas d'Enric asesinada a manos de un preso--, cuatros funcionarios de prisiones legitimados por sus compañeros para ejercer de portavoces del colectivo, incluso por la población reclusa, han comparecido este martes en el Colegio de Periodistas de Cataluña para mandar dos mensajes en estos tiempos de tensión en las cárceles tras la trágica muerte en la penitenciaría tarraconense.
Ninguno de ellos forma parte de ningún sindicato. “Somos una voz blanca”, manifiestan. Son trabajadores de las cárceles de Quatre Camins (La Roca del Vallès), Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), Mas d’Enric (Tarragona) y Ponent (Lleida). Y han querido exponerse ante las cámaras y los micrófonos de los medios para ser la voz de todo el colectivo.
En primer lugar, han comparecido para explicar el día a día de las cárceles catalanas y visibilizar su realidad; y, en segundo, para exigir las dimisiones de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, así como del secretario de servicios penitenciarios, Amand Calderó. “Nos sentimos ninguneados por la Administración. Somos invisibles gracias a ellos”.
“Hemos perdido la autoridad”
Raquel, Sandra, Francina y Gabi hablan al unísono. Lamentan que los últimos protocolos, circulares y políticas han dejado sin efecto el reglamento penitenciario. “A los internos les sale gratis agredir. No hay recursos, ni herramientas para garantizar que el reglamento se cumpla y tenga sus debidas consecuencias”, aseguran. “Hace unos años un simple insulto comportaba que el interno en cuestión fuese expulsado del módulo con una sanción de cinco días… ahora son el pan de cada día”.
“Hemos perdido el respeto y la autoridad”, lamentan. De este modo, denuncian que los internos se sienten impunes y lo que empieza con cuatro insultos termina con graves agresiones. “Incluso con una muerte…”, sentencian haciendo referencia al asesinato de Núria L., la cocinera de Mas d’Enric. Así, critican que las políticas “buenistas” de la Generalitat los han dejado atados de manos y pies, sin margen para poder hacer frente a los internos más conflictivos.
Preservar la seguridad de todos
Explican que con un bolígrafo y un radiotransmisor (“que muchas veces ni funciona”) se enfrentan cada día a internos de todo tipo. “Somos un solo funcionario de vigilancia por planta: si nos pasa cualquier cosa -una agresión, empujones, conductas sexuales- los compañeros vendrán, pero tendrán que dejar sus plantas desatendidas. Y, encima, pueden ser sancionados por ello”, manifiestan.
Por ello, reclaman, una vez más, más personal, más herramientas y el buen cumplimiento del reglamento para poder preservar la seguridad de todos: la de sí mismos, pero también la integridad de la población reclusa. “Si no hay seguridad para los funcionarios, cómo la habrá para los internos. Especialmente aquellos que no quieren problemas”, se preguntan. De hecho, reconocen que hay presos que prefieren estar en aislamiento para no entrar en contacto con aquellos otros reos más conflictivos.
El grueso de los internos ha mostrado su apoyo
De hecho, el grueso de la población reclusa se ha interesado por lo que está sucediendo con el colectivo de los funcionarios. “Hay módulos en los que los internos han colgado sábanas con el lama ‘Todos somos Núria’. Nos preguntan qué está pasando y, la mayoría, muestran su apoyo”, explican los cuatro funcionarios.
Asimismo, apuntan que estos días, mientras duran las protestas, los internos no están encerrados durante todas las horas del día. “Por turnos, pueden bajar de sus plantas y comprar alimentos o tabaco. Están colaborando en la mayoría de los casos. Además, los servicios médicos están funcionando con normalidad. No estamos dejando a los internos desatendidos”, han querido matizar.
Es más, “los compañeros que están participando en las protestas, bloqueando los accesos, dejan entrar a los funcionarios que tienen jornada asignada”. Incluso, están preparados por si hubiese algún altercado en el interior de cualquiera de los centros penitenciaros.
Las protestas seguirán hasta que Ubasart dimita
En cuanto a las protestas, los funcionarios, al margen de los sindicatos, seguirán en pie de guerra. “Mientras Ubasart y Calderó no dimitan, seguiremos manifestándonos”, aseguran. Además, explican que es mejor para la Administración que no hayan declarado la huelga. “Si oficializamos los parones, deberíamos garantizar unos servicios mínimos y, para que os hagáis una idea, en un día de servicios mínimos trabajamos más funcionarios que en un día normal. La falta de personal llega a estos extremos”, lamentan.
Su intención, insisten, es poder volver al trabajo, “pero con dignidad”. A gritos de “dimisión, dimisión, dimisión”, los cuatro funcionarios, arropados por otros compañeros, lamentan que se sienten invisibles para sus propios dirigentes políticos. “Nos piden que sigamos un mantra: ‘mano tendida’. Pero nos negamos a ver más manos manchadas de sangre”, sentencian.
Asimismo, piden las dimisiones de los directores de los centros penitenciarios de Mas d’Enric y Quatre Camins, “por ponerse a la altura de la consellera”. Además, piden que si Ubasart y Calderó “no tienen la dignidad de dimitir” que el president Pere Aragonés los cese.
"No somos unos torturadores"
Los cuatro portavoces lamentan sentirse unos torturadores por parte de la Administración. “No somos torturadores, no torturamos a nadie, solo queremos hacer nuestro trabajo y hacer que la estancia de los internos sea lo mejor posible”. Por ello, para garantizar una buena convivencia piden más personal, más recursos y el buen cumplimiento del reglamento penitenciario.
Asimismo, una vez más, han reclamado ser considerados agentes de la autoridad, "para que las agresiones no queden en nada y se pueda indemnizar a los compañeros que han sido gravemente heridos en el trascurso de sus funciones laborales". La lucha del colectivo, aseguran, acaba de empezar.
"Estamos cansados de estar en silencio y silenciados", por ello este miércoles a las once de la mañana se espera una nueva concentración del colectivo, esta vez en la plaza Sant Jaume de Barcelona, a las puertas de la Generalitat. "Si no nos quieren escuchar, iremos a su puerta", sentencian.
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