‘Ley trans’ catalana: “Consentir tratamientos médicos irreversibles pone en peligro los derechos de la infancia”

Hasta ahora, la ley estatal permitía la autodeterminación de género, es decir, cambio de sexo en el Registro Civil en un plazo máximo de tres meses sin necesidad de presentar un informe médico o psicológico. A los adolescentes de entre 12 y 14 años se les exige la autorización de un juez, encargado de evaluar su grado de madurez, como requisito sine qua non para realizar este cambio. Entre los 14 y los 16 años basta con el permiso de los padres o, si estos se niegan, de un defensor judicial. A partir de esta edad, sólo es necesario que lo soliciten ellos mismos.

La figura del mediador

Ahora, el anteproyecto catalán, que se cierra el 9 de febrero, elimina la necesidad de que los menores de entre 12 y 14 años requieran de una autorización judicial para iniciar el proceso. En su lugar, propone la figura de un mediador cuando los progenitores rechacen que sus hijos menores de edad se sometan a un tratamiento médico, lo que ha levantado ampollas entre algunos juristas y colectivos feministas.  

Una persona ondea una bandera trans EUROPA PRESS

“Con esto se pone en peligro la patria potestad y los derechos de la infancia. Bajo la amenaza de la retirada de la patria potestad de los padres, estos deben consentir los tratamientos médico-quirúrgicos irreversibles que les reclamen sus hijos”, señala Ada Garriga, presidenta de la Comisión de Igualdad y profesora en el Área de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Abat Oliba (UAO).

La identidad de género

En la misma línea, la asociación Feministes de Catalunya resalta que, en contra de despatologizar la transexualidad, con este anteproyecto de ley la Generalitat “pretende permitir tratamientos invasivos farmacológicos y quirúrgicos que convierten en pacientes de por vida a las personas que manifiestan una conducta que no sigue los mandatos de género estereotipados para mujeres y hombres”, lo cual, añaden, “es especialmente relevante en el ámbito de la infancia”.

La asociación insiste en que la coeducación “que pretende luchar contra los estereotipos de género que dividen a niños y niñas por juegos, colores y ropa”, entre otros tópicos sexistas, es incompatible con la teoría de las “identidades de género”, que precisamente, subrayan, convierte estos clichés y estereotipos en identidad.

Señalan que con estas normas, en los centros educativos se ha otorgado al profesorado “el papel de policías del género, induciendo a chicas y chicos a dudar de su identidad según sus preferencias y basándose en rancios estereotipos sexistas”. 

Una tercera casilla

También polémico es el hecho de que el Govern plantee la incorporación de una tercera casilla en los formularios oficiales para personas “no binarias”, un hecho que según Loreto Segura, profesora de Derecho Constitucional de la UAO “difumina por completo el binomio hombre-mujer, afecta a las mujeres y a los derechos de la infancia”. De aprobarse, será la primera comunidad autónoma en reconocer este género. 

De hecho, la norma prevé que este cambio se reconozca de facto, con la mera palabra del interesado, sin tener que acudir al Registro Civil, como sucedía hasta ahora. Según avanza Garriga, este escenario planteará retos en lo que concierne, por ejemplo, a las normativas de Igualdad.

El hecho de ensanchar la categoría legal de mujer, explica, impedirá la aplicación de normas jurídicas que separan por sexos para proteger a las mujeres o para compensar la desigualdad que sufren por el hecho de ser mujeres”. Este hecho, añade, tendrá un impacto a la hora de obtener datos disgregados por sexo como elemento de análisis de las mujeres españolas o a la hora de implementar políticas de igualdad o contra la violencia de género.

En fase de alegaciones

Por el momento, y hasta el 9 de febrero, el anteproyecto está abierto a audiencia pública. En esta fase, cualquier ciudadano o entidad puede plantear alegaciones y participar en el proceso de elaboración de esa norma. El texto resultante pasará entonces a deliberación del Consell Executiu para convertirse en proyecto de ley y el Parlament lo debatirá y votará.