El deseo del antiguo propietario de la residencia de los escándalos de Platja d’Aro: “Que Derechos Sociales ponga solución”
La Generalitat investiga el que fuera el geriátrico de Antoni, que gozó de popularidad bajo su gestión de más de dos décadas: "Ahora que estamos fuera, no podemos hacer nada"
17 enero, 2024 00:00Noticias relacionadas
Cuando Antoni asumió la propiedad de la residencia Bellamar aún contábamos en pesetas. Corría el año 1997 y, poco después, sus dos socios dieron un paso atrás y abandonaron el proyecto. No lo hizo este catalán, que con el tiempo consiguió dotar a este geriátrico sito en Platja d’Aro de cierta buena fama tanto en el municipio como en el sur de la idílica Costa Brava.
Hoy, la situación es bien distinta en las paredes de este centro de titularidad privada. Poco después de que Antoni lo vendiera y se jubilara, familiares de usuarios y gerocultores denuncian situaciones “muy graves”, tales como insultos y vejaciones a empleadas, ancianos atados sin consentimiento, ocultación de información a las familias… También la muerte de Saturnino, quien murió al cuarto día de ingresar fruto de varias caídas.
Ni rastro de su buena fama
Muchos de los que han alzado la voz recurren a los buenos tiempos del ayer -cuando la gestión corría a cargo de Antoni y su equipo- para evidenciar los “horrores” del ahora.
Antoni explica en conversación con Crónica Global cómo se ganó la popularidad de su residencia de ancianos. “Estar por el trabajo, prestar atención a los problemas y solucionarlos”, describe sin demasiados alardes, sin perder de vista la “vulnerabilidad” de los ancianos y añadiendo, con orgullo: “En la pandemia, no tuvimos ningún caso de Covid durante la primera ola”.
Años atrás, incluso, Bellamar funcionó más como un lugar de veraneo para la tercera edad en la Costa Brava que un geriátrico: “Había quien venía en coche y se pasaba dos o tres meses, pagaba su plaza porque aquí estaban cómodos, y luego volvían a sus vidas”. Sin embargo, la creciente demanda de este tipo de servicios como resultado del envejecimiento de la población no tardó en borrar esta etapa.
El “dramático” caso de Saturnino
Como borrada ha quedado hoy esa buena reputación. “Sabe mal lo que puede estar pasando allí dentro”, lamenta Antoni, insistiendo en que no lo conoce de primera mano, sino a través de su entorno con todavía vinculación con el centro: “Cuando estuvimos nosotros, hicimos todo lo necesario, pero ahora que estamos fuera, no podemos hacer nada”.
Este jubilado intenta mantener la perspectiva que le exige su posición de expropietario, y mientras reconoce preocupación, recuerda que “menos la muerte, todo tiene solución”.
En este sentido, recuerda la muerte de Saturnino, que sufrió varias caídas las primeras noches de ingresar. “Es un caso dramático”, complementa Francesc Planellas, doctor que ha atendido durante más de tres décadas a todo anciano que ha pasado por el centro. Como Antoni, se mantiene comedido al hablar de la nueva dirección, con la que ha roto su relación contractual.
Derechos Sociales mantiene un expediente abierto
Este jubilado confía en que Derechos Sociales “ponga solución” a lo que sucede en el número tres de la avenida Madrid, aunque desea que no suponga su cierre porque esto supondría “un servicio menos para el pueblo”.
CCOO presentó denuncia ante los Mossos d’Esquadra y la conselleria de Carles Campuzano mantiene abierto un expediente. Fuentes del departamento aclaran que “la dirección y los representantes de los propietarios han mostrado una buena predisposición en la solución de los problemas detectados”, y que siguen visitando el centro antes de cerrar la investigación y tomar una decisión.
La nueva propiedad, un fondo ruso
El fondo ruso KVV Investment SL ostenta la propiedad desde 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia de Covid, motivo por el que Antoni extendió su vinculación unos meses más para hacer frente a la primera ola. Poco después, la hasta entonces directora se marchó y su sustituta, entonces sí elegida por la nueva propiedad, abrió la caja de Pandora.
Mientras Roser ha dado de baja a su madre al saber que estuvo una semana sin luz en su cuarto, y Montserrat lo intenta tras descubrir que la suya ha estado viviendo en una habitación doble pagando una individual, las gerocultoras aguantan “como pueden” la sobrecarga de trabajo y las presuntas vejaciones.
Por su parte, la dirección lo reduce todo a los supuestos ánimos de "venganza" de una empleada por su despido y rechaza la mayor parte de las acusaciones, insistiendo en “el cuidado de sus residentes” como prioridad.