Los okupas de la Bonanova han encontrado una nueva baza para resistir unos meses más en La Ruïna y El Kubo, las dos casas propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en el acomodado barrio de la Bonanova.
Cuando estaba a punto de concluir el plazo para presentar las pertinentes alegaciones tras la emisión de la sentencia del Juzgado de Instrucción número 39 de Barcelona, que insta al desalojo de La Ruïna, la defensa de los usurpadores ha presentado un recurso in extremis que alargará el proceso judicial “varios meses, sino un año”. Hasta su resolución, avanzan fuentes judiciales, los allanadores podrán seguir disfrutando de las propiedades okupadas en la zona alta de la Ciudad Condal.
La Sareb no es la única propietaria
Según ha podido saber Crónica Global, las alegaciones giran en torno a que la Sareb, quien ha instado el desalojo por la vía judicial, sólo posee el 60% de La Ruïna, mientras que el 40% restante pertenece a dos sociedades que no han emprendido acciones legales. Una estrategia de defensa ya utilizada durante el juicio y que el titular desestimó, puesto que los okupas carecen de cualquier contrato o permiso por parte de los propietarios minoritarios.
Frente a la "falta de legitimación de la Sareb, toda vez que no es la única propietaria de la finca", como alegó el letrado Diego Redondo en representación de los okupas, el juez subrayó en la sentencia que "cualquier comunero está legitimado para actuar en defensa del interés de la propiedad". A esto se suma, además, el hecho de que la propiedad "okupada desde hace 11 años" no permite al propietario ni vender, ni alquilar, ni utilizar la misma dado la presencia de personas ajenas que "van fluctuando" y que, según las estimaciones de Mossos d'Esquadra, superan el centenar.
No son vulnerables
Los okupas tampoco cumplen el perfil de familias vulnerables. Tal y como explicaron fuentes de la gestora a este medio, antes de acudir a los tribunales los equipos de mediación y los Servicios Sociales siempre hacen comprobaciones para conocer la situación de los okupas. En caso de que desde Servicios Sociales se constate que los allanadores de las viviendas del gran tenedor están en situación de vulnerabilidad se activan los recursos para que entren a pasar parte del esquema de alquiler social.
En el caso de los okupas de la Bonanova, no ha sido posible. Las dos propiedades llegaron a manos de Sareb en 2014 y 2018 “ya okupadas”, pero no por motivos de necesidad sino “ideológicas”, apuntan las voces consultadas. De hecho, fue Sareb quien presentó medidas cautelares para echarlos por "una cuestión de seguridad pública".
Un recurso sin recorrido legal
“El recurso a la sentencia de La Ruïna, que es clara, no tiene ningún recorrido legal, pero les permitirá alargar el procedimiento judicial” y, por ende, resistir no solo en ésta sino también en El Kubo.
El motivo es que, aunque un tribunal de Barcelona ordenó el desalojo de El Kubo el pasado 23 de marzo en una sentencia que ya es firme, el titular suspendió de forma temporal el lanzamiento después de que los Mossos solicitaran realizar ambos desalojos de forma simultánea, una estrategia que también apoya el Ayuntamiento de Barcelona para evitar “una batalla campal”.
El ring de Desokupa
Preguntados por este extremo, la gestora propietaria asegura que “está a la espera de que salga adelante la sentencia para que se proceda cuanto antes al desalojo de la propiedad”, que permitiría vaciar también la contigua. En este sentido, su equipo jurídico está “estudiando el recurso y todas las opciones legales para agilizar el proceso” de lanzamiento, dado que los okupas han protagonizado numerosos incidentes que han derivado en una situación de tensión con los vecinos de la Bonanova.
Cabe destacar que el barrio más pijo de Barcelona se convirtió en un ring en el que colectivos prookupas y la polémica empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa midieron sus fuerzas. El jueves 11 de mayo, la plaza de la Bonanova fue escenario de dos manifestaciones antagónicas, una capitaneada por Dani Esteve y otra por grupos antisistema, que obligaron a los Mossos d’Esquadra a blindar la zona y mantener un retén durante días.
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