La justicia investiga la chapuza de Barcelona Wifi

La justicia investiga una reclamación millonaria contra la chapuza de Barcelona Wifi. Una pequeña empresa ha conseguido que un juzgado de la Ciudad Condal analice una reclamación millonaria, de hasta 85 millones de euros, contra el ayuntamiento por su red de internet abierta que "jamás funcionó".

Es lo que consigna el auto reciente de admisión del Juzgado de Lo Contencioso número 14 de Barcelona, que examina una demanda patrimonial millonaria contra el Instituto Municipal de Informática (IMI) de Barcelona por la vertiente corporativa de su red de antenas de acceso a internet. Se comercializó excedente de ellas, pero jamás terminaron de funcionar, privando a los operadores de la facturación que esperaban. Ahora, el conflicto se ha judicializado. 

Concesión a diez años

Como explicó este medio, el embrollo arrancó en 2014, cuando Barcelona concesionó a Tradia la colocación de las antenas wifi públicas. Logró un contrato a 10 años por cerca de 10 millones de euros. Asimismo, la tecnológica logró que la Administración local le asignara los derechos de comercialización del excedente de internet a terceras empresas. Una de las que lo pidieron fue UTS Services, y logró el derecho. 

UTS operaba antenas wifi en diversos municipios catalanes "sin ningún tipo de problema". Eso sí, en Barcelona "el servicio jamás funcionó". La pequeña mercantil quería montar una web de acceso a internet para vecinos y turistas, pero el excedente de red "no fue suficiente en ningún momento".

La CNMC lo avala, pero no sanciona

En 2019, la firma interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegurando que Tradia le vetaba el acceso a internet, en un movimiento que interpretó como "anticompetitivo". El regulador le dio parcialmente la razón, al entender que existían deficiencias en el servicio, e instó a subsanarlas. 

Eso sí, la misma empresa siguió alegando que ni el IMI ni la concesionaria resolvían los problemas, a lo que la CNMC contestó con una inspección. El ente visitó in situ los problemas y concluyó que no tenía que sancionar al adjudicatario público. Asimismo, emplazó a las empresas a resolver sus diferencias en los cauces establecidos. 

Dos reclamaciones millonarias

Ante ello, en 2020, el afectado interpuso dos reclamaciones al ayuntamiento por valor de 112 y 85 millones, aduciendo que se le había impedido el acceso al internet público de Barcelona durante seis años. Los dos procedimientos se acumularon en uno, y el ayuntamiento se preparó para examinar los escritos. 

Pero llegó la pandemia del coronavirus, y la Administración local quedó bloqueada. Contestó al demandante que todos sus recursos informáticos se habían destinado a adaptarse a la nueva situación. Finalmente, se instruyó el expediente, después de que la pyme presentara una prueba pericial elaborada por uno de los mejores bufetes de abogados de Barcelona. 

Denegada y a la justicia ordinaria

El 14 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Barcelona desestimó la reclamación millonaria de 85 millones del afectado. Lo hizo por boca del Instituto Municipal de Informática (IMI), que argumentó que el pulso entre empresas era un litigio comercial entre ellas, ya que el ente no era parte contractual. No se desprendió, añadió, "ninguna responsabilidad in vigilando" por parte de la Administración. 

Era así porque para acreditar un daño a terceros, se debe demostrar que hubo inexistencia de control por parte de la parte pública. 

El Síndic de Barcelona pide una solución

En una resolución de marzo de este año, el Síndic de Barcelona, David Bondia, apremia a las partes a velar por los derechos del interesado, pues su expediente de reclamación se demoró dos años. La pandemia del coronavirus y los nuevos plazos administrativos, pues, no son excusa, concluye el defensor del vecino. 

En paralelo, el contencioso está en manos de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, un órgano compuesto por los servicios jurídicos de la Administración regional que emite dictámenes no vinculantes. 

El afectado ve "mala praxis" municipal

En conversación con este medio, el gerente de UTS Services ha recordado que "opera negocios similares en otros municipios de Cataluña sin ningún tipo de problema". Sostiene que se le quiso privar el acceso a la red pública de internet por motivos anticompetitivos, ocasionándole un daño, y apunta a la Administración local como responsable subsidiaria del menoscabo. 

El asunto ha recalado ahora en la justicia contenciosa, que lo está examinando. 

Segundo lío contra el IMI

Sea cual sea la opinión del denunciante, lo cierto es que la arquitectura informática municipal aterriza en un segundo escándalo tras las contrataciones irregulares que destapó este medio en 2019. En aquella ocasión, desde el sector se alertó del coto vedado de los contratos públicos del cerebro digital municipal para empresas de colaboradores. 

Finalmente, en 2020, Xavier Roca Vilalta, alto cargo del ente, dejó la institución, en un movimiento que se interpretó como de propósito de enmienda ante los lunares en la contratación pública, que incluyeron la vulneración del código ético de los directivos municipales.