El servicio de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Barcelona se ha querellado contra el dueño de la Bollería y Pastelería SJ de la calle Urgell por exceder durante años el nivel máximo permitido de ruido, según los parámetros establecidos en la ordenanza municipal. Lo acusan de ocasionar molestias a los vecinos que podrían ser constitutivas de un delito de lesiones.

Según el escrito del ministerio público, al que ha tenido acceso Crónica Global, en 2018 dos vecinos denunciaron por primera vez ante el departamento de Licencias e Inspecciones del Distrito de l’Eixample las molestias que estaban sufriendo en su domicilio, ubicado sobre el local querellado. En 2020 otro vecino presentó, a través del sistema digital de Gestió d’Incidencies i Reclamacions, una queja en la que expresaba que sufría los ruidos del obrador durante las 24 horas del día. En ambas quejas se incidía en que habían solicitado al propietario que buscara una solución pero que este había hecho caso omiso.

Ruido incompatible con el descanso

El escrito de la fiscalía recoge que los vecinos llegaron a llamar al 112, motivo por el que se desplazó hasta el lugar la Guardia Urbana, que constató que el ruido procedía de un frigorífico que el propietario se comprometió a reparar. En su informe los agentes plasmaron que las molestias eran “incompatibles con el descanso” de los vecinos.

Asimismo los inspectores del distrito de l’Eixample reflejaron en sus informes que en el momento de la inspección en el patio posterior “se percibe el ruido de un equipo de extracción de aire”. Por ese motivo realizaron sonometrías durante la noche y constataron que los niveles de ruido que emitía el obrador por la noche superaban los máximos establecidos por la ordenanza municipal.

Tratamiento médico y psiquiátrico

Aunque el dueño se comprometió a tomar medidas, las quejas por el ruido no cesaron. Por eso, en 2022 se realizó una segunda sonometría, que reveló que el ruido seguía superando con creces los máximos establecidos por la ley: el nivel de decibelios que se oía desde el dormitorio de la planta de encima del obrador, en horario nocturno, era de 33 decibelios ponderados mientras el límite se encuentra en 25.

Por este motivo el Ayuntamiento de Barcelona ordenó el cese definitivo de la actividad del obrador. El escrito de la fiscalía sostiene que las emisiones sonoras provocadas por el querellado durante tantos años “impedía a los vecinos situados en la parte superior de la actividad poder descansar en horario nocturno”, por lo que necesitaron tratamiento médico y psiquiátrico por la imposibilidad de conciliar el sueño. Por todo ello, sumado a la inacción del propietario, la Fiscalía se ha querellado contra el mismo por un delito contra el medio ambiente y dos de lesiones por los tratamientos médicos que debieron seguir los vecinos más afectados. La querella la ha recibido un juzgado de lo penal de Barcelona que deberá decidir si abre diligencias de investigación contra el obrador.