El dolor de las familias de la Fundació Vallès Oriental: se enteran de las violaciones en el juicio

Este miércoles tendría que haberse celebrado en la sección 22 de la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio --que se ha aplazado por un error de procedimiento-- contra A. I. L., acusado de tres delitos de agresión sexual y uno de intento de agresión sexual contra sus propios compañeros de la Fundación Privada Vallès Oriental, un centro de atención a las personas con discapacidad intelectual, donde estuvo ingresado hasta 2013.

Su estancia en el centro se remonta a 2010, cuando el jefe de Servicio de Atención a las Personas de las Comarcas de Barcelona –organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña— autorizó su ingreso. No obstante, desde el primer momento se alertó de que este lugar no era el indicado para el perfil de discapacidad que presentaba el acusado, con una disminución psíquica leve mucho menor que la del resto de internos. Además, protagonizó continuos enfrentamientos con agresiones hacia los profesionales y compañeros, a los que “provocaba, agredía y manipulaba, creando entre ellos una situación de miedo y sumisión”, según el escrito de la fiscalía.

No se adoptó ninguna medida

A pesar de que la fundación no era el lugar idóneo para este interno, que contaba ya con antecedentes penales, y de que el resto de los residentes “corrían un grave peligro”, el acusado continuó viviendo allí sin que se adoptara “ninguna medida para evitar el riesgo grave para el resto de personas con discapacidad que vivían en el centro”.  

Según el informe de la fiscalía, entre 2010 y 2013, el acusado agredió sexualmente a tres internos y lo intentó con un cuarto. En agosto de 2013, el procesado accedió a la habitación de una de las internas --con un grado reconocido de discapacidad del 75%-- y abusó de ella, un hecho que fue descubierto por una trabajadora del centro, que dio la voz de alarma. A partir de este episodio, la fiscalía abrió una investigación para conocer las circunstancias de estos hechos.

No pudieron defenderse

Después de que los abusos salieran a la luz, el acusado fue trasladado al complejo asistencial de Salud Mental Benito Menni de Sant Boi de Llobregat y, posteriormente, fue remitido a un servicio residencial de trastornos de conducta de Vic donde ha permanecido ingresado hasta la actualidad.

Si bien el procesado sufre una discapacidad intelectual ligera, “conservaba sus capacidades cognitivas dentro de los márgenes de su disminución psíquica”, según consta en los informes practicados por los peritos y reflejados en el escrito de la fiscalía. Precisamente, el ministerio público considera que se sirvió de la diferencia de capacidades con respecto a sus víctimas, “siempre personas indefensas”, para dominarlas y someterlas. De hecho, todas ellas presentaban dificultades motoras, de expresión verbal, disminuciones sensoriales y físicas y discapacidad más pronunciada que el acusado, lo que imposibilitaba que pudieran defenderse.

La inacción de la fundación

Por estos hechos, la fiscalía le imputa a A. I. L. tres delitos de agresión sexual sobre persona especialmente vulnerable y uno de intento de agresión sexual sobre persona vulnerable. No obstante, de los 27 años de prisión que solicitaba inicialmente, este miércoles ha rebajado la petición de la condena hasta los 17 años, un acuerdo que el acusado ha rechazado, por lo que se procederá a la celebración del juicio.

Además, para la Fundación Privada Vallès Oriental solicita, en calidad de responsable civil, una indemnización para las víctimas. Considera que los responsables del centro no tomaron "ninguna medida como haber solicitado el auxilio judicial o del Ministerio Fiscal para la adopción de medidas de protección para los discapacitados", pese al riesgo que suponía el comportamiento del acusado.

Las familias desconocían los hechos

Cabe destacar que este miércoles algunos de los familiares que han sido citados para declarar en calidad de testigos desconocían que su parientes habían sido víctimas de las agresiones sexuales.

Los parientes se han enterado en la puerta de la sala de vistas de que sus familiares, algunos de ellos con dificultad para comunicarse, habían sufrido graves abusos. Queda en el aire, hasta la celebración del juicio, lo que realmente sucedió dentro de las paredes de la Fundación Privada Vallès Oriental, donde los residentes fueron víctimas de su propio compañero y de la presunta inacción de la dirección, que no dio la voz de alarma ante la pasividad de la Generalitat.