La lucha ‘posmortem’ de un incapacitado contra el sistema

“Sabían perfectamente que le quedaban pocos meses de vida. Y quisieron dar ejemplo de poder y capacidad mediática”. Habla el hijo de Antoni Mas, paciente del Centro Sociosanitario del Hospital de La Seu d’Urgell (Lleida), quien luchó hasta el último aliento por permanecer en este centro. En marzo pasado, su caso salió a la luz pública, después de que la Fundació Sant Hospital (FSH), presidida por alcalde de La Seu, Jordi Fàbrega (Junts per Catalunya), explicara a los medios de comunicación que este anciano, que debido a una diabetes sufrió la amputación de dos piernas, además de tener problemas renales y una insuficiencia cardiaca --se le practicó un bypass--, se negaba a abandonar el centro a pesar de haber recibido el alta.

La Justicia dio la razón a la Fundación --Mas fue citado para que compareciera ante el juez mientras estaba confinado con Covid-- e incluso dio vía libre a que los Mossos d'Esquadra intervinieran. Cuatro meses después, el pasado 14 de julio, Antoni Mas, de 79 años, falleció. Pero su lucha judicial y mediática continúa.

Según la versión de la FSH, el paciente ingresó hace ocho años en el centro, pero tras recuperarse de las operaciones sometidas y darle el alta médica, se le ofreció la posibilidad de ingresar en la residencia que hay en el mismo centro, una oferta que niega su hijo. El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat dictaminó que el anciano tiene un cuadro de dependencia de nivel máximo.

Vista de Peramola, Lleida, localidad del fallecido / AJUNTAMENT DE PERAMOLA

Citación judicial mientras estaba enfermo de Covid

El paciente recibió una citación judicial mientras estaba enfermo de Covid para que acudiera a una vista judicial el 26 de noviembre de 2020. “La misma FSH, amparándose en el Estado de Alarma, dictó la restricción de movimientos de mi padre desde el inicio de la pandemia (marzo de 2020) así como la restricción de visitas, haciendo inviable la conveniente preparación de la defensa del demandado y su acceso al expediente que contra él se estaba formulando”, explica Toni Mas, concejal del PSC en el Ayuntamiento de Peramola (Lleida), quien enmarca lo ocurrido en “las deficiencias asistenciales existentes en el Alt Urgell, soportadas por las familias, cosa que se ha hecho durante años, cargándoles el coste emocional y económico”.

Hospitalizados por Covid-19 en el Parc Taulí de Sabadell, en Cataluña / QUIQUE GARCIA (EFE)

La plaza de residencia en el hospital de La Seu --aunque es de propiedad privada, forma parte de la red de utilización pública-- cuesta 1.600 euros al mes, pero el incapacitado cobraba 800 euros. Asegura Mas que, pese a esa situación, desde hace dos años pagaba 480 euros mensuales. El centro le reclama gastos sanitarios pendientes.

A juicio del paciente, la única manera de sobrevivir era permanecer en el centro. Su hijo lamenta que determinados medios equipararan al anciano con un okupa en lugar de explicar la existencia de “un procedimiento judicial llevado a cabo contra un hombre indefenso por parte de la Fundación Sant Hospital”. En esos términos envió una petición de rectificación a TV3. “Mi padre solo quería vivir lo máximo posible”, añadía. “No hubo respuesta de TV3 salvo una formal del tipo ‘lo estamos estudiando’”, afirma el concejal.

"Estancia hotelera"

En la vista del 26 de noviembre de 2020, el juez calificó la permanencia de Mas en el centro sociosanitario como “estancia hotelera”, una expresión que quedó corroborada en una sentencia, que fue recurrida. Este fallo confirmó “el alta hospitalaria de Antoni Mas y dispongo la habilitación de los medios necesarios, incluso la asistencia de los Mossos, a fin de que se lleve a cabo el alta efectiva, y se le traslade al domicilio o lugar que designe con empleo de todos los medios proporcionados y necesarios para que verifique la salida de Antoni del centro”. En ejecución de sentencia, se ordenó el traslado de la primera planta a la tercera del edificio de la FSH, donde “le corresponde una plaza pública de residencia, acorde a su edad, grado de dependencia y circunstancias”.

Antes de morir, Mas narró estos hechos en un escrito dirigido a la Fiscalía de Lleida y dirigió un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, según denunciaba, la Fiscalía “no tuvo en cuenta la situación de discapacidad del fallecido, ni la imposibilidad de defensa contra una demanda civil promocionada por la Gerencia de la FSH pese a las restricciones de visitas por el factor Covid-19, que sufrió en el Centro Sociosanitario de la Fundació Sant Hospital de La Seu de Urgell, en el que se encontraba desde 2014”.

“El Colegio de abogados --añade-- en Seu d’Urgell, no fue capaz de proporcionar asistencia letrada, pese a ser solicitada reiteradamente por el fallecido en tiempo y forma, una vez sufrida la irregularidad de la vista y de los hechos denunciados”.

El CGPJ informó de que “cualquier disconformidad que tenga con lo resuelto en un pronunciamiento judicial debe canalizarse a través de los recursos que prevén las leyes procesales en los plazos y con los requisitos que las mismas establecen”.