La consejería de Salud, liderada por Alba Vergés (ERC), ha obtenido luz verde para sacar adelante uno de los concursos públicos de mayor cuantía del departamento que está parado desde 2015, cuando Toni Comín era su responsable. Se trata de la macroadjudicación de los servicios de oxigenoterapia del territorio, cuyo presupuesto asciende a los 207,79 millones de euros por dos años en los que el encargo estará vigente.
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha rechazado los recursos que Acciona Healthcare Services y UGT presentaron a finales de agosto y que han mantenido paralizada la licitación cuatro meses. Este es el tiempo que ha tardado el órgano que fiscaliza la contratación liderado por Neus Colet en determinar que no ha lugar a ninguno de los argumentos esgrimidos. Durante este tiempo, se optó por frenar el proceso para evitar la inseguridad jurídica que suponía una adjudicación sin que hubiese concluido.
Alegaciones de Acciona
La gestora de infraestructuras de la familia Entrecanales denunció que los pliegos de condiciones que se publicaron en pleno agosto, un calendario que ya generó controversia en el sector, frenaban la libre competencia. Justificó esta decisión por varios preceptos del contrato como la obligatoriedad de contar con una “autorización de fabricante o de distribuidor”, lo que entendían que implicaba ser o bien un “laboratorio farmacéutico” o mantener alguna vinculación con un “almacén mayorista”, tal y como consta en la resolución a la que ha tenido acceso Crónica Global.
Además, aseguraba que se requería la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para operar y que esto era anticompetitivo. Cabe tener en cuenta que cuantas más validaciones de productos y servicios se requieran, Acciona Healthcare tiene menos posibilidades en el concurso ya que el grupo tiene una exposición pequeña y una trayectoria corta en el sector sanitario. De hecho, el contrato catalán sería su gran concesión si se llegase a llevar algún encargo.
Autorizaciones sanitarias
Su análisis de los pliegos ha sido rechazado por el TCCSP. El tribunal considera probado que se ofrecen garantías suficientes a los posibles licitantes a través de los mecanismos de subcontrataciones y señala que sólo se contará la validación de la Aemps como otro de los “criterios de solvencia técnica o profesional” del contrato.
También recuerda que el suministro o dispensación de oxígeno medicinal requiere de las “autorizaciones sanitarias pertinentes” y que, de lo contrario, se “vulneraría la legislación sanitaria y sería constitutivo de una infracción grave”. Pone de este modo el acento en la demanda de los pacientes de que se debe garantizar el correcto funcionamiento del servicio y no guiarse sólo por una cuestión económica, hecho que se verá en el desarrollo futuro de la licitación y en la decisión final que tome el CatSalut.
Demanda laboral
En el caso de UGT, las enmiendas presentadas eran en materia laboral. Denunció que no existían suficientes garantías en los casos de subrogación de personal, que dejaba demasiado margen a las empresas concesionarias en materia de contratación y que incluía una cláusula ética para arrancar un compromiso del mantenimiento de la “legislación tributaria, laboral y de seguridad social y de no hacer operaciones financieras en paraísos fiscales” sin ningún régimen sancionador que garantizase su cumplimiento.
El TCCSP tampoco observa que las alegaciones del sindicato liderado por Camil Ros estén suficientemente fundamentadas como para atenderlas. Las ha desestimado todas sin interponer ninguna costa al considerar que no existe mala fe.
Compañías interesadas
Los dos recursos fueron notificados a los implicados el pasado 11 de diciembre. Hasta ahora, Salud no ha hecho ningún anuncio oficial de cuándo pretende retomar el concurso público. El sector da por sentado que la licitación se volverá a activar a partir de 2020.
Oximesa y Esteve Teijin Healthcare son las dos empresas que actualmente se encargan de los servicios de oxigenoterapia en Cataluña. Se espera que ambas presenten una oferta, igual que Air Liquide Healthcare y Linde Médica, además de Acciona, los grupos que han mostrado su interés en hacerse con los lotes que se sacan a contratación, ya que se diferencian entre el tratamiento que se suministrará a la población adulta (202,49 millones de presupuesto) y el pediátrico (5,29 millones). Se espera que la adjudicación llegue en los primeros meses del año próximo y que, de nuevo, su resolución lleve de nuevo el macrocontrato de la oxigenoterapia catalana ante el TCCSP. Las empresas implicadas en el proceso ya han mostrado su disposición de luchar por hacerse con la licitación, hecho que obliga a la Generalitat ha ser muy pulcra para no verse obligada de nuevo a cancelar y repetir el concurso como ocurrió en la legislatura pasada.
"Deficiencias técnicas"
El mandato precedente, David Elvira, director del Servicio Catalán de Sanidad (CatSalut), alertó de "deficiencias técnicas" en el que era el mayor concurso de la etapa del ahora huido Carles Puigdemont al frente de la Generalitat de Cataluña, con un presupuesto de 450 millones de euros. Por este motivo, el jefe del gran asegurador público desistió de adjudicar los lotes, que habían ganado Linde y Vivisol. El directivo, que ahora ha regresado al sector privado, advirtió entonces de "rentabilidades a un plazo no realista, inexistencia de justificaciones de las ofertas bajas temerarias --del 67% en algunos casos--, inadecuación a la normativa comunitaria y falta de planificación de la actividad, teniendo en cuenta que el número de pacientes está creciendo", enumeró para dar carpetazo a la adjudicación.
Antes de que Elvira diera por concluida la licitación, el sector y los pacientes ya se habían alzado en armas contra los ganadores de la misma. Los operadores denunciaron que las dos ganadoras habían practicado una suerte de dumping para hacerse con el jugoso concurso público. Por su parte, los pacientes criticaron la previsible mengua en el nivel de calidad, ya que las vencedoras no tenían experiencia en este campo en la autonomía catalana. El escándalo se extendió a otras regiones, como Murcia. Todo ello llevó a una batalla política y un intento de endosar la licitación a los hospitales. Finalmente, el CatSalut tiró la toalla y desistió de una adjudicación que ahora repite.