Rajoy bendice la homeopatía inducido por Bruselas

Solo Mariano Rajoy sabe por qué, pero su Gobierno ha decidido regularizar el mercado homeopático por la puerta de atrás, tras dos intentos fallidos en 2008, con el PSOE en el Gobierno, y en 2013 con la popular Ana Mato al timón de la sanidad pública.

Una farragosa orden ministerial, publicada en víspera del reciente macropuente, permitirá seguir vendiendo en las farmacias estas terapias, aunque el Ministerio de Sanidad reconoce que no curan enfermedades.

Amnistía fiscal

La decisión lleva consigo una amnistía fiscal tras 24 años sin pagar las tasas como hacen los fármacos validados científicamente. Se ha producido tras varias reuniones de altísimos cargos y parlamentarios con el lobby que agrupa a médicos, asociaciones, academias, farmacéuticos y veterinarios que practican y defienden la homeopatía.

Se trata de un mercado con miles de empleos y con una facturación que supera los 60 millones de euros anuales. También interesa al sector de las oficinas de farmacia, por sus elevados precios y márgenes de hasta el 50%, lejos de los medicamentos convencionales.

Sin indicación terapéutica

El Gobierno sostiene que estos preparados (a base de agua con azúcar diluida, según sus opositores) son inocuos y que se ha visto obligado a la “legalización” por una directiva europea de 2001. Ha establecido un registro que obligará dentro de tres meses a retirar los productos que no superen el mínimo control, pero permitirá la venta de la mayoría de ellos, aunque algunos deberán llevar en su etiquetado “sin indicación terapéutica”.

La ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, ha prometido que su departamento será riguroso en la selección y que, para ser reconocidos como medicamentos, deberán pasar los controles y ensayos clínicos que pasan los fármacos en los que se evalúa su eficacia. La propia Montserrat, que deberá explicar en el Congreso de los Diputados las razones de la nueva regulación a petición de Cs y Podemos, ha reconocido las carencias terapéuticas de estos productos. Aun así, ha anunciado que pondrán en marcha campañas informativas para que los ciudadanos lo tengan claro.

Oposición autonómica

La ministra aprovechó el último consejo interterritorial para refrendar la norma, con el argumento de que la UE iba a sancionar a España por el retraso con hasta 150.000 euros diarios. Obtuvo durísimas críticas por parte de los consejeros de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Cantabria.

Los opositores consideran que la denominación de medicamento para estos productos podrá generar confusión y riesgo social entre pacientes y consumidores. “No tienen sentido que se incluyan en las farmacias productos que ya dicen en su composición que no curan nada”, planteó la consejera valenciana, Carmen Montón.