El Govern castiga a los funcionarios de la antigua cárcel Modelo de Barcelona

El cierre del antiguo centro penitenciario de hombres de Barcelona, la Modelo, fue determinante para que tanto el gobierno del expresidente Carles Puigdemont como el del Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, sacaran pecho e hicieran bandera de que con ellos, por fin, había terminado una etapa.

Hace poco más de un año, el 10 de enero de 2017, el que fue conseller de Justicia en Cataluña Carles Mundó y la alcaldesa de la capital catalana presentaban ante los medios un pacto con la fecha definitiva del cierre: 8 de junio de 2017, tras 113 años de historia entre sus paredes.

Pacto sellado

Los funcionarios de prisiones no acogieron con demasiado esmero la noticia y se quejaban de la pérdida de algunas condiciones adquiridas en su trabajo. Los hombres de Mundó les prometieron mantenerlas, incluso añadir algunas mejoras, pero medio año después, aseguran que no es así.

Una de sus luchas actuales es por el transporte. Según explica a este medio la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) a través de su coordinador en Cataluña, Francesc López, el pacto de la Mesa sectorial del personal de administración y técnico relativo a las condiciones a aplicar en los traslados establecía que la Generalitat facilitaría un transporte colectivo al personal.

Servicio incumplido

No ha sido así. Y en noviembre, la Dirección General de Servicios Penitenciarios (DGSP) les transmitió, a través de un comunicado, que los constantes cambios de empresa, de horarios, las cancelaciones de servicios y el retraso de una adjudicación de un nuevo contrato de servicio con la compañía responsable se debía a la aplicación del artículo 155 en la Generalitat tras la declaración unilateral de independencia.

El cierre de la cárcel Modelo tenía que conllevar la licitación del concurso de transporte que ofreciese el traslado a los trabajadores de Brians 1 y 2, Quatre Camins y Joves. “Han ido haciendo contratos menores”, explica López: “No han hecho los deberes”.

Justifican la no utilización

Los trabajadores se han encontrado con algunas rarezas como el servicio asegurado solo en el turno de ida pero no en el de vuelta. “De esta forma nadie lo utiliza porque al salir no tienes cómo volver y prefieres escoger el transporte privado. Así justifican que no se utiliza y deciden retirarlo”, sostiene el coordinador de Acaip.

Otras alternativas que se han encontrado durante estos meses son la cancelación del servicio en festivos y fines de semana con un aviso “de un día para otro”; o poner un bus complementario al tren en unos horarios totalmente alejados, una hora antes o una hora después, de forma que los funcionarios tampoco opten por utilizarlos.

Por eso han elevado el problema al subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo, para que tomen cartas en el asunto y cubran la necesidad hasta la adjudicación por parte de la Generalitat de un contrato de servicio completo y suficiente.