Los testigos confirman las irregularidades en la adjudicación de Son Espases

Varios testigos han coincidido en señalar las irregularidades que se produjeron durante la tramitación del proceso para adjudicar la mayor infraestructura pública puesta en marcha durante la última legislatura de Jaume Matas en Baleares, el hospital de Son Espases, cuya construcción acabó en manos de una de las filiales de Florentino Pérez a pesar de que OHL se postulaba a nivel técnico como la empresa ganadora.

Uno de los declarantes fue elocuente ante el juez José Castro, instructor de estas investigaciones: a su juicio, cambiar el criterio en mitad del procedimiento "era alimentar un monstruo". Y es que, tal y como explicó, el hecho de que se filtrase en prensa que la concesión iba a decantarse a favor del grupo liderado por Juan Miguel Villar Mir llevó a Matas a ordenar la paralización del proceso, lo que en su opinión era "un error". 

El nacimiento de las sospechas

"Me dijeron que la orden venía de arriba, del number one", aseveró el testigo, entonces letrado jefe del Servei Balear de Salut (Ib-Salut), Javier Vázquez. En su declaración, a la que ha tenido acceso este medio, afirmó que hasta entonces no había "la mínima sospecha sobre el proceso" y que éste había transcurrido "con normalidad".

El testigo recordó cómo, una vez paralizado el proceso, la entonces consejera de Salud Aina Castillo instó, presuntamente por orden de Matas, a los miembros de la mesa de contratación del hospital a recabar la opinión del Consejo Consultivo de Baleares que, según han declarado varios de sus miembros, emitió un dictamen que no se adecuaba a la ley y que, a partir de entonces, modificó todo el proceso.

La voluntad política

De hecho, uno de los integrantes del órgano de consulta, el catedrático Joan Oliver, fue tajante ante el juez al afirmar que el Ejecutivo autonómico había empleado a la entidad como "pantalla para poner humo a algo turbio" y que, tras ello, había "una voluntad política". Tras el informe del Consultivo, varios colegios profesionales valoraron de nuevo las ofertas y, en esa segunda ocasión, fue Dragados la que se llevó el concurso. 

También otro miembro del organismo fue claro ante el juez. Según apuntó la vocal Carmen Fernández, le correspondía a ella, por turno de reparto, elaborar el dictamen pero el entonces presidente del Consultivo se arrogó la potestad de emitir el informe. Algo que, dijo, no había visto en 13 años y que le llevó a emitir un voto discordante contra la valoración efectuada por el organismo.

Apartada de la adjudicación

No son los únicos testigos que se han pronunciado en las últimas semanas sobre el supuesto amaño de la adjudicación. La que fuese jefa del servicio de contratación del Ib-Salut, Pilar Ramos, manifestó que le pareció "totalmente ilógico" que se solicitara la opinión del Consultivo. "Yo llevaba mucho tiempo haciendo contratos y era la primera vez que lo veía", remarcó.

Ante estas circunstancias, el juez Castro ha decidido requerir al Consultivo copia de los documentos y libros de registros correspondientes a su dictamen, a fin de averiguar hasta qué punto este órgano podía pronunciarse sobre un proceso de adjudicación que aún se estaba tramitando y si el informe fue, de esta forma, elaborado de forma irregular.