Entresijos del retorno del grupo La Caixa

Acaba la semana de la inmigración y del retorno de La Caixa, cuestiones de grueso calado y que han agudizado el contexto de enfrentamiento político en España con epicentro en Cataluña. La delegación de competencias ha enervado al PP, a Vox y a Podemos. El regreso de parte del grupo financiero ha sido la buena noticia.

Como es lo propio, los diarios ofrecen a los lectores dominicales amplios resúmenes de ambos asuntos aliñados con las noticias del día, el repentino fallecimiento del doctor del F. C. Barcelona Carles Miñarro y el caos ferroviario, que ayer se extendió a la alta velocidad.

Muerte del doctor Miñarro en la planta 7 del Meliá Pedralbes: "Vi policía corriendo y no sabía qué pasaba"

Respecto al retorno de La Caixa tras los siete años de "exilio" a causa de la revuelta de las sonrisas (habrá que jurar que todo eso fue tal que así, como reza, más o menos, el título de un libro sobre el procés de Rafa Latorre), destaca un reportaje de Manel Pérez en La Vanguardia sobre los entresijos de la operación.

Del texto del citado periodista: "Isidro Fainé abandonaba el Palau de la Generalitat el pasado martes por la tarde, tras comer con el president, Salvador Illa, acompañado de Ángel Simón, madurando la idea de convocar para el día siguiente las reuniones extraordinarias del patronato de la Fundación La Caixa y del consejo de Criteria en las que se aprobaría el retorno de sus sedes a Barcelona. La revocación de una dolorosa marcha, una herida aún sangrante, provocada por la política y que a esta le tocaba cerrar".

"En Palau, el máximo responsable de La Caixa y Criteria confirmó a Illa que iba a dar el paso de trasladar las sedes, pero no concretó cuándo. El president recibió la nueva como una bendición que ya hacía días esperaba y aconsejó a Fainé que una vez decidido no prolongara la espera, la agitada vida política ofrece sorpresas imprevistas cada día".

"A lo largo de esa tarde de martes, Fainé, en conversaciones con Simón, consejero delegado de Criteria, cimentó su idea de una acción relámpago para el día siguiente. Con ese plan, el equipo legal de La Caixa recibió el encargo y se puso en marcha esa noche, según fuentes de la entidad".

"El miércoles, Illa, tras ser avisado, adelantó la noticia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que Fainé y Simón informaban del trascendental movimiento a patronos y consejeros y a algunas fuerzas políticas".

"Entre ellas, al PP, aunque no se pudo establecer contacto con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y por eso se le comunicó a su vicesecretario de economía, Juan Bravo, que encajó el plan con frialdad. El cambio lleva implícito un respaldo a la política de normalización del Gobierno central, que el PP ha convertido en eje de sus denuncias".

La información de Pérez contiene interesantes detalles sobre la desconfianza mutua entre el empresariado catalán y el líder conservador: "Las relaciones con Feijóo se habían enturbiado a raíz de una llamada en caliente del político al financiero el pasado 18 de enero, para que se opusiera ese mismo día a la propuesta del Gobierno de sustituir al frente de Telefónica a José María Álvarez-Pallete por Marc Murta, hasta ese momento presidente de Indra".

"La Caixa apoyó el cambio en la operadora, y el político gallego consideró que la entidad catalana había cambiado su criterio, contrario a cambiar, para congraciarse con el Ejecutivo. El PP transmite sotto voce la idea de que La Caixa es el brazo financiero del Gobierno. El PP y en particular Feijóo tienen un problema no resuelto en su relación con el empresariado catalán".

Líneas después, la nota señala que "durante meses Fainé ha estado hablando del traslado no solo con Illa, también con Pedro Sánchez, pues La Caixa es el inversor empresarial español más destacado y controla el primer banco del país. Según fuentes de la entidad, en ningún momento esos políticos han presionado al financiero para que acelerase sus planes o los adaptara a la situación política".

"Más bien a la inversa. Han sido Fainé y Simón quienes han auscultado con atención el debate público antes de dar el sí al cambio y cuándo hacerlo. Elemento clave, en términos de estabilidad, ha sido la investidura de Illa y el clima de confianza existente entre su Gobierno y el de Sánchez".

"Pero también la evolución de las fuerzas independentistas. Con ellas establecieron línea directa los responsables de La Caixa; contactos estables y regulares, indirectos, con Carles Puigdemont, presidente de Junts residente en Bélgica, y directos con Oriol Junqueras, de ERC".

Y: "Amparados bajo ese paraguas, desde La Caixa se intensificaron las reuniones con personas de confianza de este último, como Albert Batet, el jefe del grupo de diputados de Junts en el Parlament. Fuentes involucradas han asegurado que se han creado lazos de confianza y entendimiento “más allá del respeto institucional que ya existía antes”".

"Una de las causas de la marcha de la Fundación La Caixa de Barcelona, en octubre del 2017, fue el temor de Fainé a que la Generalitat intentase aprobar una ley para recuperar la tutela de la entidad, desde el 2013 en manos del Ministerio de Economía".

"Aprensión que no se disipó con los gobiernos independentistas de Quim Torra y Pere Aragonès. Pero durante las dos legislaturas de Sánchez, tanto Junts como ERC han elevado progresivamente su compromiso de sostener al gobierno sin hablar de ese espinoso asunto".

En cuanto a la inmigración, destaca una pieza de El Mundo sobre el malestar en la policía autonómica. "Los Mossos ven "inviable" asumir la inmigración sin más efectivos: 'Con la seguridad no se juega'", reza el titular de una información que firma Cristina Rubio.

Así arranca el texto: "La delegación de competencias en inmigración ha cogido con el pie cambiado a los propios Mossos d'Esquadra. Con los índices de criminalidad disparados en Cataluña y problemas como el aumento del narcotráfico en el centro de la diana, asumir el control de la inmigración y las fronteras es "inviable" sin más efectivos, resume un veterano agente del cuerpo".

"De hecho, los sindicatos reclaman personal y recursos materiales, además de criticar la "politización" de una medida exigida por el partido de Carles Puigdemont al PSOE a cambio de su supervivencia en La Moncloa. "Con la seguridad no se juega, y parece que la policía sea un juego de butacas o de pactos políticos", señala el portavoz del sindicato Uspac, Albert Palacio".

"El baile de cifras sobre los agentes necesarios para asumir el control de la inmigración y la falta de formación al respecto son los dos aspectos que más preocupan en el seno del cuerpo policial. Una queja que contrasta con las promesas del Gobierno de ampliar a 26.800 los Mossos d'Esquadra el 2032 por los aproximadamente 19.000 actuales".

"Actualmente, el Instituto de Seguridad Pública -la academia para formar a nuevos agentes, ubicada en Mollet del Vallès (Barcelona)- tiene en marcha un curso para 1.300 plazas de mossos. En septiembre se abrió una primera convocatoria para 900 personas, que el Govern de Salvador Illa amplió con otras 400 plazas más".

"Sin embargo, los sindicatos denuncian el envejecimiento de la plantilla, una circunstancia reflejada en los datos de la Generalitat del año 2024. La edad más común entre los agentes del cuerpo es de 45-47 años y la franja que comprende a un mayor número de policías es la que va de los 43 a los 50, con una cifra total superior a los 7.700".

"Una media importante teniendo en cuenta que las prejubilaciones se empiezan a tramitar en el cuerpo a los 59-60 años y la segunda actividad -las tareas de despacho y no de calle- a los 57".

"Por tanto, serán muchos los agentes que se jubilarán en los próximos años -más de 400 en 2032, según cálculos sindicales-, además de los policías que solo harán tareas administrativas (unos 6.000)".

""Hay que ser realistas con las cifras que tenemos y no hacer las cosas deprisa y corriendo", advierte Imma Viudes, la portavoz del sindicato mayoritario, Sap-Fepol, en declaraciones a este periódico. "Hay que ejecutar este traspaso con garantías". "Hay que calendarizarlo y se tiene que configurar una hoja de ruta, porque sino vamos a desgastar la imagen del cuerpo", añade".

""Lógicamente, nos gustaría tener más competencias como cuerpo policial, pero con los números actuales no", aseguran por su parte desde Uspac. "Hay pueblos que no tienen ni efectivos, no hay recursos materiales", ahonda su portavoz sobre la situación en lugares de Lleida o Girona".

Y: ""Se deberían reforzar las calles y no asumir más competencias". "Sería un guirigay para la ciudadanía y un lujo para los delincuentes", resume Palacio sobre sus posibles consecuencias".

El Nacional también aborda la cuestión. En su caso con una entrevista con la que fuera consejera de asuntos exteriores de la Generalitat. Ahí va el titular: "Victòria Alsina: 'Hace falta que el catalán y la catalanidad sean el punto de unión para quien viene de fuera'"

El texto es de Vicenç Pagès. A continuación, las preguntas relacionadas con el idioma y eso de la catalanidad de la que no se sabe muy bien qué significa más allá de la butifarra y las sardanas:

Pregunta: ¿Hasta qué punto el Parlament tendrá capacidad normativa, por ejemplo, de poder poner el catalán como requisito para otorgar permisos de residencia?

Respuesta: Yo creo que aquí hay una oportunidad muy interesante para estudiar hasta dónde se puede llegar. Es imprescindible que el catalán y la catalanidad, que no solo incluye el catalán, sino también la cultura catalana y una serie de valores cívicos, sean el punto de unión de todo el mundo que llega de fuera. Es un derecho y un deber que todas las personas que vivan en Catalunya lo hablen. ¿Sabe dónde lo dice eso? En el Estatut de Autonomía de Catalunya. Hay una serie de puntos del Estatut que se refieren precisamente a esta materia. La obligación que a todo el mundo lo pueda conocer, que lo pueda comprender... Por lo tanto, cuando en esta ley y en las declaraciones que se han hecho posteriores al anuncio de la misma se habla de que se hará en el marco de qué permite el Estatut de Autonomía de Catalunya es precisamente eso que le estoy diciendo.

Ahora bien, este es un terreno complicado, donde se tiene que gestionar muy bien, por ejemplo, que no se pueda declarar como anticonstitucional que hay una serie de desigualdades que se establecen vinculadas al acceso a la ciudadanía.
Por lo tanto, aquí hay que encontrar un punto y un equilibrio que despliegue los derechos y los deberes que tenemos en materia lingüística a través del Estatut y con esta regulación que en última instancia los permisos de residencia son los pasos previos a tener la ciudadanía. Hay que trabajarlo bien y el Parlament de Catalunya lo tiene en sus manos. Si le pregunta a Junts o me lo pregunta a mí, le diremos que eso tiene que ser posible y que queremos que sea así.

P: En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en cambio, aseguraba que con el aprendizaje del castellano ya era suficiente para asumir el permiso de residencia y que era un derecho y no un deber. ¿Como combatirán eso o como lo arreglarán?

R: Una persona o una empresa que llega a Catalunya tienen más oportunidades y hay más ascensor social y hay una mayor integración si aprenden el catalán. Si no les damos todas las herramientas para que lo aprendan, la población que no lo habla queda discriminada enfrente de la población que es bilingüe en los dos idiomas.
El hecho de imponer el conocimiento del catalán como un requisito es bueno para la misma cohesión nacional y social de Catalunya, pero también es bueno para todas las personas que llegan. Les asegura, igual que pasaba cuando la inmigración no venía de países extranjeros y venía de otras partes de España, que el hecho de tomar el catalán se interpretaba como una parte del ascensor social que se podía tener para una plena integración.

Con relación a la pregunta que me hacía, hay un margen que siempre es un terreno muy resbaladizo. El tema del catalán se politiza mucho y siempre hay un poco de jurisprudencia que lo facilita y dificulta.

En última instancia eso tiene que ser una cosa que el Parlament batalle, que se haga suya, que haya un gran pacto nacional y que se apueste por este modelo que desde mi punto de vista es el que garantiza más y mejor la plena integración de todo el mundo.
Y eso es bueno, que esta es una cosa que es intrínseca en el modelo de Junts. Hablamos de derechos y de deberes para la sociedad que acoge.

P: ¿Eso también se tendría que aplicar a los funcionarios de todo el Estado, ya sean maquinistas de Renfe, inspectores de hacienda o jueces?

R: Evidentemente.

Las floridas consideraciones del nacionalismo tienen un revés que no es nada presentable. Es el que presenta este titular de Vozpópuli: "La xenofobia como costumbre: Junts prefiere magrebíes a iberoamericanos como 'catalanes del futuro'".

Escribe Óscar Benítez: "Hace casi medio año, Junts desveló en una ponencia estratégica sus inquietudes respecto a la inmigración. Que, básicamente, hacían referencia al peligro que suponía el fenómeno respecto a la "supervivencia de la catalanidad", sobre todo, en lo que concierne a la cuestión lingüística".

"Un peligro que los neoconvergentes proponían conjurar ligando los "derechos inclusivos" de los inmigrantes a su conocimiento del catalán —que deberían aprender en un "tiempo razonable"— y la voluntad de sumarlos a la "construcción nacional" catalana".

"Ahora, en medio de la tormenta desatada por el acuerdo de la transferencia de la gestión de la inmigración a Cataluña cedida por el PSOE a Junts, se ratifica la querencia de Junts de poner dichas competencias al servicio del proyecto secesionista. "Sin integración no hay nación", desveló tras anunciarse el pacto Puigdemont".

"Como es sabido, para el catalanismo y el secesionismo, la lengua catalana es la "columna vertebral de la nación", frase que pronunció el socialista Salvador Illa en su investidura y que sintetiza el parecer histórico de los convergentes en esta cuestión".

"Es por ello que Junts pretende que el catalán sea requisito imprescindible para obtener el permiso de residencia, condición que ya se contempla en el informe inicial elaborado por los ayuntamientos y el Govern, pero que los neoconvergentes quieren endurecer".

"Y aunque aún no se ha concretado como se materializará ese blindaje, fuentes de Junts han adelantado su espíritu con gran nitidez: "Sin catalán, no hay papeles"".

Sigue la nota: "La cuestión lingüística, por otra parte, también está detrás del empeño histórico de Junts por priorizar la inmigración magrebí a la iberoamericana, en la creencia de que podría 'catalanizar' con más facilidad a la primera por no tener el español como lengua materna".

"Rastros de esta tesis se encuentran, por ejemplo, en la conversación mantenida entre el histórico dirigente de ERC, Heribert Barrera —conocido por sus proclamas racistas contra negros y andaluces— y el 'expresident' Pujol en 2008 y recogida en el libro 'Toque de alerta'".

"En él, tras señalar Barrera que resulta más complicado integrar a un latinoamericano que a un andaluz, Pujol contestaba: "Eso seguro. Y más que a un marroquí pues, religión aparte, a los latinoamericanos les cuesta entender la catalanidad"".

"Unos años después, el sucesor de Pujol, Artur Mas, creó la fundación Nous Catalans [Nuevos catalanes], presidida por el exrepublicano Àngel Colom y centrada en atraerse a los inmigrantes a la "construcción nacional" —con la mirada puesta en los de origen marroquí y religión musulmana—".

"Antes, su presidente ya había aprovechado su etapa como delegado de Cataluña en Marruecos para sufragar cursos de catalán entre los jóvenes e instarlos a emigrar a Cataluña en busca de una vida mejor".

"Y, una vez fundada Nous Catalans en Santa Coloma de Gramanet, se le ofrecía a esta población ayuda para conseguir los papeles de residencia a la par que se le animaba a aprender catalán e ilustraba en las supuestas ventajas económicas de la secesión".

"Y aunque el organismo cerró en 2016 salpicado por la corrupción convergente del 3% y el fichaje de líderes religiosos con conflictos con el CNI —uno de ellos llegó a ser expulsado por espionaje—, Junts reivindicó años más tarde su legado "integrador"".

"Recordando, por ejemplo, un curso de formación de 90 horas en valores europeos y catalán a más de 60 imanes radicados en la comunidad".

El éxito de esta iniciativa es perfectamente descriptible.

Más noticias. "Albert Batlle: “Podemos tener una Barcelona videovigilada sin ser un Gran Hermano”", proclama el teniente de alcalde de seguridad en El País.

La entrevista es de Miquel Noguer y Alfonso L. Congostrina y destacan estas preguntas y respuestas:

Pregunta. El año 2024 se registraron un 4,7% menos de delitos pero la inseguridad sigue siendo, según el barómetro municipal, el problema principal. ¿Cuándo se verá una mejora?

Respuesta. Tenemos el problema de los hurtos y la multirreincidencia. Estamos reforzando policías y coordinación, se ha modificado el Código Penal, se reforzarán los juzgados… Esperamos que todo ello ayude a mejorar la percepción.

P. Pero tienen identificados 452 ladrones multirreincidentes a los que se les atribuye 9.114 delitos y han sido detenidos 3.598 veces. ¿Cómo se aborda este fenómeno?

R. Con la modificación del Código Penal del año 2022 ahora comienzan a entrar en prisión los multirreincidentes. La judicatura y la fiscalía son conscientes de la necesidad de un refuerzo ante este tipo de delitos.

P. ¿Hay un cambio?

R. Antes había parlamentarios que consideraban un tabú las modificaciones legislativas. No hay que cambiar el Código Penal continuamente pero hay que modificar lo necesario. La desaparición de las faltas y, después, el eufemismo del delito leve fueron un desastre y provocó que mucha gente acumulara delitos y nunca fueran juzgados. Cuando llevaba dos días como teniente de alcalde hablé con unos urbanos que acababan de detener a un individuo que les dijo: “Vayan rápidos que tengo que volver para robar”.

P. ¿Con los cambios que describe cuándo cree que entrará en prisión un parte significativa de estos 452 ladrones más activos?

R. Debería ser rápido. Ahora estamos haciendo una prueba piloto. Un abogado del Ayuntamiento se presenta en los juzgados de guardia para intentar que, cuando pasen a disposición judicial, entren en prisión preventiva.

Líneas después, el teniente de alcalde le pega un palo al Sindicato de Inquilinas:

P. ¿Cómo se puede desalojar asentamientos o edificios garantizando los derechos de personas vulnerables?

R. No puede ser que las políticas del espacio público las marque un sindicato de vivienda. Hay veces que los antisistema y los delincuentes utilizan la población vulnerable como escudos humanos. En Sant Gervasi, por ejemplo, se ha frustrado una desocupación hasta cuatro veces.

Es en un edificio que se quedó a medio construir y fue ocupado por familias vulnerables con menores. Estos niños corren por espacios donde hay agujeros de ascensor, no hay barandillas…

Esta gente hay que atenderla pero se les ha de sacar de allí. No puede ser que cuando vayas a desalojar salga el sindicato de la vivienda y ponga un escudo humano. Si un niño se mata en un agujero de ascensor ¿Quién es el responsable?

9 de marzo, día mundial de la tortilla de patata y día internacional de los pinchadiscos. Santoral: Francisca Romana, Paciano, Benito, Gregorio Niseno, obispos; Catalina de Bolonia, virgen; Domingo Savio, confesor; Quirino, Cándido, Cirión, Vidal, Urpasiano, mártires; Dagoberto.