Destrozos en el campo y plan para evitar riadas

El coletazo de la gota fría que sobrevoló Cataluña el pasado lunes ha propiciado que el Govern de Salvador Illa se ponga manos a la obra para adaptar el territorio (en la medida de lo posible) a fenómenos como el de las depresiones aisladas en niveles altos, las famosas "dana", término que de tan repetido seguramente causa hartazgo en los lectores. Al efecto de prevenir se ha encargado a la Agencia Catalana del Agua un mapa de las zonas inundables de Cataluña y se reclama a cientos de municipios que elaboren o renueven sus planes de emergencias y para hacer frente a las inundaciones.

Las riadas no son precisamente un fenómeno inédito en Cataluña. Las localidades del Maresme han sufrido los estragos de los temporales de levante y no ignoran la fuerza de las aguas desatadas. También saben mucho de esas desgracias en las desembocaduras del Besós y del Llobregat. De ahí que sorprenda que haya municipios (y no precisamente pequeños) que carezcan de los planes de contingencia.

Europa Press

Cataluña actualizará sus mapas de zonas inundables para anticiparse a la próxima DANA

"Más de la mitad de los municipios catalanes no tienen un plan contra inundaciones", titula al respecto el diario La Razón. El texto es de David Fernández y arranca así: "El Govern revisará todas las actividades -tanto económicas como residenciales- que se llevan a cabo en zonas inundables de Cataluña. Es una de las medidas que ha aprobado el Consell Executiu este martes, al día siguiente de la dana que ha afectado a varias comarcas, especialmente del Camp de Tarragona y el área de Barcelona. La Agencia Catalana del Agua (ACA) se encargará de actualizar los mapas de riesgo de las zonas inundables y acotar las áreas más vulnerables. La portavoz del gobierno, Silvia Paneque, sin embargo, no ha querido entrar al por menor de qué áreas están a la espera de actualizar los mapas".

Sigue la pieza: "En Cataluña, 521 municipios están obligados a tener un plan de protección civil por riesgo de inundación. Más de la mitad no cumplen este requisito: 237 lo tienen caducado y 60 no lo han redactado. Entre los que no tienen, hay localidades con un riesgo muy alto de inundación, como Badalona, Rubí, Montcada i Reixac, Puigcerdà y Vilassar de Mar".

Y: "Además, en el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, se exigirá que en un período de dos años todos los municipios tengan hecho o actualizado un plan de protección civil. Paneque también ha anunciado que el Ejecutivo revisará el protocolo de actuación en caso de emergencia para poder ser «más rápidos y eficientes» y mejorar la seguridad de las personas: «El protocolo ha funcionado bien, hemos alertado, restricción de movilidad y hemos detenido actividades cuando se ha detectado peligro o riesgo para las personas, pero se puede mejorar y perfeccionar». La consejera Paneque explicó que la dana «ha avisado de una nueva realidad» y que es necesario que Cataluña esté preparada para «reducir vulnerabilidades y riesgos». Por eso, se quiere garantizar que las actividades económicas se realicen en zonas donde no haya riesgo en casos de emergencia climática: «La dana ha sido un aviso y es inexcusable que el gobierno tome medidas para proteger a las personas»".

Ha llovido como casi nunca pero los pantanos están como casi siempre. Ese es el desolador balance de unas trombas que al parecer han caído donde no hacía falta. Es la conclusión de La Vanguardia en este titular: "Los aguaceros apenas aumentan las reservas de agua en la región de Barcelona y Girona". Escribe Antonio Cerrillo: "La DANA apenas ha incrementado las reservas de agua en los embales del Ter y del Llobregat, que abastecen la región de Barcelona y Girona. La mejora de las reservas se debe a las lluvias registradas desde mediados de octubre hasta la actualidad. Las precipitaciones se han dado sobre todo en el litoral. La DANA prácticamente no ha aportado reservas a los embalses, resaltan fuentes de la Agència Catalana de l'Aigua. Los aguaceros han tenido una afectación principalmente en la zona de Barcelona y la Catalunya central, pero sin llegar a las cabeceras de los ríos. Esto ha hecho que aumentaran los caudales de manera notable en la parte baja de algunos ríos (Llobregat en Sant Joan Despí y Besòs en Santa Coloma de Gramenet) a raíz de las lluvias en sus cursos medios y bajos. Pero no ha caído en donde más se necesitan. Los embalses del sistema Ter Llobregat se encuentran en torno al 34% de su capacidad, con 208 hm3 almacenados, es decir 5 puntos y 30 hm3 más que hace 15 días (el 20 de octubre estaban en el 29,2% con 178 hm3). Esos 208 hm3 almacenados en el sistema formado por los embalses Ter y Llobregat es una cantidad relativamente lejana de los 145 hm3 que marca la entrada en fase de excepcionalidad, y es una cifra más cercana los 240 hm3 que marca la salida de la situación de alerta".

De modo que sí, pero no y viceversa. Más efectos de las lluvias torrenciales. "La DANA arruina la cosecha de invierno del Baix Llobregat y los agricultores pierden millones de euros", constata este medio, Crónica Global. En el sumario se destaca que "Los horticultores de Gavà y Viladecans cifran pérdidas de entre 35.000 y 45.000 euros por hectárea y culpan a la administración y a los colectivos ecologistas por "desoírlos" durante tres décadas". El texto es de Albert Martínez, quien escribe que "los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat han perdido casi toda su cosecha tras el paso de la DANA por Cataluña. Los daños ocasionados se pueden cuantificar entre los 35.000 y 45.000 euros por hectárea y afectan a toda la añada de invierno, como las alcachofas, la col, la coliflor, los calçots o las cebollas. El agua ha anegado los campos, que permanecen empantanados incluso un día después de las tormentas. Esta es la crónica de una tragedia anunciada: el drama de los payeses del Baix Llobregat oculta una larga historia de desavenencias entre horticultores, ecologistas y Administración".

Sigue la pieza: "Desde hace más de tres décadas, trabajadores y empresarios del Llobregat han demandado a la Administración mejoras en las infraestructuras hídricas del Parc Agrari de Gavà y Viladecans, pues cada vez que las lluvias torrenciales acechan, las pérdidas son incalculables. Ahora, el paso de la DANA ha sido el último clavo en su ataúd. La inversión exigida es de apenas un millón de euros y salpica a diversas administraciones --Ayuntamientos, AMB, Diputació, Generalitat y ACA--, lo que hace "incomprensible la inacción política", en palabras de los afectados. Los payeses reclaman un nuevo tornillo de Arquímedes en la zona, un motor hidráulico que ayuda a regular los caudales y a achicar el agua de los cultivos hacia el mar".

Y: "Ahora que "el daño ya está hecho", piden a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que se acerque a la zona agraria de Gavà y Viladecans para conocer de cerca los destrozos de la DANA. También le exigen celeridad en la limpieza e inversiones urgentes en infraestructuras hidráulicas. Un día después del paso de la DANA, el agua aún permanece sobre los campos. Si no desaguan en las próximas 24 horas, no se salvará la cosecha. Y las depuradoras no pueden extraer el agua porque necesitan "innumerables permisos", tras las denuncias de los ecologistas en los últimos años. Cabe recordar que la zona agraria del Llobregat aporta el 25% del producto fresco de Mercabarna: la pérdida sería dramática para la economía catalana. "Mientras se llenan la boca con el producto de kilómetro 0, nos llevan a la ruina", aseguran los afectados a Crónica Global. ¿Y a quién culpan los agricultores? En primer lugar, a las sucesivas administraciones que han ocupado el Palau de la Generalitat sin ejecutar las inversiones necesarias. Especialmente el último Govern de ERC y su gestión de la ACA, "poblada de ecologistas" sin "idea de cómo es el territorio"".

Ah, el último Govern, el que se cargó el nombre de la consejería de Agricultura para poner el de Acción Climática, así de chulos iban por la vida los consejeros de ERC.

Más noticias. "Los promotores aplauden el plan de vivienda pública de Illa, pero alertan de que no hay suelo ni financiación", apunta El País. La pieza viene con la firma de Clara Blanchar: "La patronal de los promotores y constructores de Cataluña (APCE) ha respondido este martes de forma contundente al president de la Generalitat, Salvador Illa, después de los dos anuncios lanzados en las últimas semanas sobre la construcción de 50.000 pisos públicos (VPO) en seis años y el Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que prevé que en 20 años un 15% de las viviendas se destinen a políticas sociales. El presidente de la patronal, Xavier Vilajoana, ha aplaudido las medidas, pero ha alertado de que no hay suelo ni financiación suficiente para llevarlas a cabo al ritmo previsto. Vilajoana ha cerrado la presentación de un estudio de la cátedra APCE-Universitat Pompeu Fabra sobre la evolución de la VPO en Cataluña en los últimos 20 años. Sus autores, los economistas Agustí Jover y Miquel Morell, han señalado que los planes del Govern “suponen un doble salto mortal”: “Venimos de una década en la que Cataluña ha producido 1.200 pisos sociales al año y queremos llegar a 7.000″, han afirmado antes de avisar de que no hay suelo suficiente en las reservas donde el planeamiento vigente contempla construir VPO, el que hay está mal repartido, y que falta financiación. “Cuando se cuantifican estas magnitudes, deben ir acompañadas de una reflexión financiera”, han echado en falta los autores".

Continúa el texto: "Vilajoana ha advertido: “Si queremos alcanzar el ritmo de producción que suponen [los planes de Illa] se necesita mucho dinero, y si la administración no está dispuesta a ponerlo, alguien tendrá que hacerlo”, ha dicho en referencia a la necesidad de financiar la construcción de una vivienda pública que, al ser mayoritariamente de alquiler, tiene un retorno mucho más largo que los pisos que se venden. Sobre la falta de suelo para levantar vivienda de protección, ha asegurado que no saben dónde están los suelos que Illa aseguró que están listos para construir las primeras 20.000 viviendas: “No hay un inventario claro de las reservas que el plan sectorial estima”".

Y: "El director de la cátedra, Josep Maria Raya, tampoco se ha mordido la lengua: “Dedicamos un tercio de la media europea a VPO. La vivienda pública es una prioridad en el discurso político y la regulación, porque tiene coste cero, pero no es una prioridad real del Estado del Bienestar”. Los autores del estudio han señalado “los desajustes para resolver un reto que es inmenso”. Para empezar, han recordado que desde 2012, cuando el Gobierno dejó de financiar planes de vivienda, la producción de VPO en Cataluña se desplomó de 5.000 unidades en la década anterior, a solo 1.200 entre 2013 y 2023. “Hemos perdido el 75% de la producción”, ha alertado Jover, al tiempo que Morell aludía a la “imposibilidad de que la Generalitat cubra esa financiación”. Los autores también han puesto en valor que el 66% de los pisos protegidos en Cataluña los han construido privados, con o sin ánimo de lucro, lamentando que solo un tercio los haya impulsado la administración con herramientas como el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl)".

En el plano estrictamente político, El Mundo avisa de que "La descomposición de ERC y los 'comunes' deja en vía muerta los primeros Presupuestos de Illa". Escribe Víctor Mondelo: "El proceso de descomposición e interinidad que afrontan tanto los comunes como ERC amenaza la estabilidad de la incipiente legislatura catalana, que depende del apoyo de estas dos fuerzas al Gobierno en minoría del PSC. De la consistencia de esta suerte de tripartito que comanda Cataluña, dependerá el mandato de Salvador Illa. El principal aliado de Sumar -que sigue convulsionando por el escándalo sexual atribuido a Íñigo Errejón- está inmerso en una crisis de liderazgo después de que Ada Colau haya ejecutado su salida de la primera línea política, tras acudir al último pleno del Ayuntamiento de Barcelona, y de que Jéssica Albiach, su mano derecha en el partido, también haya anunciado su marcha de la dirección, al renunciar a su cargo como coordinadora. La desbandada se concretará el 17 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar el congreso en el que los comunes oficializarán el paso al lado de sus dos caras más visibles y pasarán a estar gestionadas por una dupla de mucho menor peso político: la formada por Candela López, diputada en el Congreso, y Gemma Tarafa, concejal en el Consistorio. Albiach seguirá ejerciendo como presidenta del grupo en el Parlament, con lo que podrá pilotar las negociaciones con los socialistas, pero al PSC no se le escapa que el descabezamiento de la formación populista dificultará la interlocución y ralentizará proyectos acuciantes, como la aprobación de los primeros Presupuestos de la era socialista en la Generalitat".

Y: "Aún más complicada es la situación del principal socio del PSC: una ERC que continúa funcionando bajo el mando provisional de Marta Rovira y que podría no conocer cuál es su nuevo presidente hasta mediados de diciembre. El 30 de noviembre tendrá lugar el congreso en el que hasta cuatro candidatos optarán a liderar la formación republicana, con Oriol Junqueras y Xavier Godàs -el aspirante amadrinado por Rovira- como principales aspirantes. Pero se da la circunstancia de que, si ninguno de los dos vence por más del 50% de los votos, se enfrentarán en una segunda vuelta dos semanas después. Este endiablado calendario está dinamitando la pretensión de Illa de tener aprobados sus primeros Presupuestos el próximo 1 de enero. El socialista ambiciona diferenciarse de su predecesor, el independentista Pere Aragonès, que tuvo que adelantar las elecciones precisamente por su incapacidad para sacar adelante las cuentas catalanas de 2024. Pero, ayer, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ya admitió que «será difícil» cumplir con el objetivo. El discurso del PSC empieza a variar, después de haber defendido en diferentes ocasiones que la celeridad de las cuentas era la «principal prioridad» del nuevo Ejecutivo catalán. La endeble situación de los socios manda".

En El Nacional destaca este titular sobre la actividad laboral en la cámara autonómica: "El Parlament acuerda suprimir progresivamente la prima de jubilación de sus trabajadores hasta el 2050". Sí, claro, hasta dentro de un cuarto de siglo, no vaya a ser que les dé un jamacuco. El texto es de Vicenç Pagès: "El Parlament de Catalunya ha acordado con el Consell de Personal suprimir la prima de jubilación para los funcionarios de la cámara catalana de forma progresiva hasta el 2050. A falta que se apruebe de forma definitiva por una Mesa del Parlament ampliada y por la Comisión de Asuntos Institucionales que se reunirán este jueves, el acuerdo suscribe un régimen transitorio y unos topes máximos retributivos para la extinción progresiva de este subsidio. El conflicto entre Mesa y trabajadores sobre este asunto ya hace años que dura y, de esta forma, se cierra de forma definitiva en caso de que se cumplan los acuerdos. Y es que la prima de jubilación consistía que los funcionarios que se jubilaban a la edad reglamentaria recibían una prima equivalente a un determinado número de mensualidades de salario bruto que se calculaba en función de los años de servicio efectivamente prestados, con un tope que era el salario bruto de la última anualidad para los funcionarios que tuvieran un mínimo de 16 años trabajados y que se jubilaran hasta el 2026. Además, a partir del 2027, los funcionarios tenían que acreditar veinticinco años de servicios prestados para tener derecho a la anualidad".

6 de noviembre, santoral: Severo de Barcelona, Alejandro Sauli, Esteban de Apt, Félix de Toniza, Iltuto de Gales, Leonardo de Noblac, Melanio de Rennes, Pablo de Constantinopla, Protasio de Lausanne, Teoblado de Le Dorat y Winoco de Taruanense.