Trama rusa, psicotrópicos y pisos turísticos

Guerra judicial con la amnistía en el centro del teatro de operaciones. La abogacía del Estado se suma a la fiscalía y pide a los jueces la aplicación sin excepciones de la medida de gracia mientras el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, emite un auto de pieza separada para mantener abierta la instrucción de la trama rusa. En el nuevo auto acusa a Puigdemont y otros de alta traición. Poca broma. Ese delito está fuera de la amnistía.

La iniciativa del juez Aguirre ha provocado una profunda conmoción en el independentismo y desatado una guerra de versiones en los medios sobre el alcance de la medida. Así y por ejemplo, en El Diario se sostiene que el magistrado carece de nuevos indicios para imputar a Puigdemont mientras que en El Mundo o en el Abc se entiende que el auto, de 56 páginas, es un compendio no sólo de indicios sino también de pruebas contra la cúpula del Procés, pues también se incluye a Artur Mas en las pesquisas.

Por partes. La versión de El Diario: "El juez Aguirre pide imputar a Puigdemont por la trama rusa sin nuevos indicios para excluirlo de la amnistía". Escribe Oriol Solé Altimira: "El juez de Barcelona Joaquín Aguirre prosigue su plan para intentar dejar fuera a Carles Puigdemont de la amnistía. El pasado mes de enero, en plenas negociaciones sobre la norma, el juez reactivó la trama rusa del procés y apuntó al delito de traición (una de las exclusiones de la ley) contra el expresident. Este viernes, con la amnistía ya en vigor, ha abierto una nueva pieza separada (después de que la Audiencia de Barcelona le impidiera seguir investigando) que incluye una futura petición para imputar al expresident. “Podrían haberse financiado actividades con fondos públicos que tendrían la finalidad de obtener apoyo internacional, ayuda económica y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana”, reza el auto del juez, al que ha tenido acceso elDiario.es".

Sigue la nota: "La maniobra contra Puigdemont se produce en una causa que no ha arrojado nuevos indicios contra el expresident (ni contra nadie) en más de tres años. Los indicios siguen siendo los mismos que en 2019, cuando el juez abrió la causa de la trama rusa a partir de un audio hallado en el móvil de un exdirigente de Convergència que, en una conversación en un restaurante, mencionaba a “10.000 soldados rusos” supuestamente preparados para ayudar a Catalunya en caso de independencia. El juez también investigó los negocios de un empresario ruso afincado en Catalunya, pero archivó la causa. En cuatro años de investigación no han aparecido más indicios relevantes y los testigos han restado credibilidad a los supuestos emisarios rusos que estuvieron en Barcelona en 2017. El juez apuntó a Puigdemont, sin imputarlo formalmente, en enero, en plena negociación de la amnistía, pero no pidió un suplicatorio al Europarlamento, un paso necesario para investigar al expresident porque entonces era eurodiputado. El juez Aguirre tampoco puede tomar declaración como imputado a Puigdemont, ya que como diputado electo en el Parlament el expresident está aforado ante el TSJ catalán o ante el Supremo. El propio magistrado avanza en el auto que enviará una exposición razonada para imputar al expresident “al órgano superior competente”, sin concretar cuál".

Y: "Además de Puigdemont, en la nueva pieza separada están investigados el expresident de la Generalitat Artur Mas; la exconsellera Elsa Artadi; el diputado de Junts Francesc de Dalmases; el periodista Carles Porta; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el jefe de su oficina de expresident, Josep Lluís Alay; el expolítico de Convergència Víctor Terradellas; los empresarios Aleksander Dimitrenko, Jordi Sardà, Miquel Casals (amigo del líder de Junts) y Zeus Borrell".

En el caso de El Mundo, el titular resulta un punto más aséptico. "Las evidencias de la injerencia rusa en Cataluña según la investigación judicial", destaca el diario de Unedisa, que amplía en el sumario que "El juez Joaquín Aguirre concluye la existencia de un 'plan piramidal' para contactar con el Kremlin". La pieza viene con las firmas de Esteban Urreiztieta, Fernando Lázaro y Gerard Melgar: "El juez Joaquín Aguirre, que ha iniciado una causa separada del caso Voloh para investigar la conexión rusa del procés, sostiene que «personas del más alto nivel del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, incluido su presidente, facilitaron y reforzaron considerablemente el proceso de injerencia rusa». En síntesis, el magistrado arguye que «estas personas mantuvieron contactos con individuos cercanos a los servicios de inteligencia rusos y al gobierno de la Federación de Rusia» al tiempo que ha podido acreditar «las mutuas exigencias para llegar a un acuerdo común que beneficiara a ambas partes». Para desplegar esta estrategia, el juez explica que se llevó a cabo la intervención de «medios de comunicación, bots y trolls». Entre ellos destaca la participación de Rusia Today-RT, «un medio financiado por el Gobierno ruso que funciona como órgano de propaganda a favor del Kremlin» y que «utilizó su portal en español para difundir noticias sobre la crisis catalana». Muestra como ejemplo que el 12 de septiembre, RT «publicó una noticia en la que remitía a un tuit de Julian Assange (fundador de Wikileaks) en el que pronosticaba 'el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil'»".

Sigue la información: "«Para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente», expone el instructor. «En el peor de los casos, si el proceso de secesión de Cataluña fracasaba, como ocurrió, la simple existencia del conflicto y la consecuente desestabilización de un país miembro de la OTAN ya representaban una victoria notable para los intereses de Rusia». «Contrariamente, en el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito y Cataluña hubiera obtenido la independencia (y así el apoyo ruso), Rusia habría contado con una 'puerta trasera' para desestabilizar toda la Unión Europea». «Tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas», agrega. «A diferencia de otras injerencias en procesos electorales, Rusia contó en Cataluña con la cooperación de un elemento subversivo interno, que buscaba ansiosamente el apoyo de una potencia que le ayudase a pagar su deuda y le prestase apoyo político en el momento clave de segregarse del Estado español»".

Líneas después continúa así la historia: "El magistrado remonta el inicio de la investigación de la injerencia rusa al 18 de mayo de 2018, «casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado caso Gürtel, que se notificó una semana más tarde». «Dicha sentencia hizo caer al Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy y dio entrada a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos de corte independentista». En esa misma fecha, prosigue el juez, la Policía registró los domicilios de personas que habían recibido subvenciones de la Oficina de Cooperación al Desarrollo dependiente de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona entre 2012 y 2015 bajo el control de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y se abrió un universo hasta entonces desconocido. Al frente de este organismo Aguirre sitúa a quien para él es una figura clave, la de Josep Lluís Alay, que fue nombrado director de la referida oficina hasta que Carles Puigdemont le nombró hombre de su máxima confianza. También sitúa en una posición muy relevante a Víctor Terradellas, ex secretario de Relaciones Internacionales de CDC. (...) En palabras del juez, se configuró «una estructura piramidal» destinada a conseguir «contactos próximos al Gobierno ruso para granjearse el reconocimiento de Rusia a una eventual República catalana». En el marco de la misma se fijaron como objetivo primordial «la aproximación a Evgeni Primakov, jefe de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional del Gobierno de Rusia», a quien los cabecillas secesionistas se referían como «la mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales»".

En el Abc también se da crédito a las consideraciones judiciales y se explota la veta del dinero. "Puigdemont usó cuentas de sus 'embajadas' para recibir fondos de aliados", se titula la pieza que firma David Alandete. En el texto se destaca que "el mismo día en que declaró la independencia de Cataluña para luego suspenderla, 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont le escribió a su asesor en materia internacional, que había estado en Moscú apenas dos semanas antes, para decirle que las «cuentas corrientes te las dé de las oficinas y delegaciones exteriores, que no creo que las tengan bloqueadas». En poco más de dos semanas, este asesor, Víctor Terradellas, llevó a la sede oficial de la presidencia de la Generalitat de Cataluña a un ciudadano ruso al que describió como «emisario de Putin» para pactar apoyo ruso a la independencia, con soldados y oferta de hacer ingresos con criptomonedas".

Continúa la pieza: "El juez, en un detallado auto de 56 páginas repleto de pruebas, afirma que ha hallado indicios de delito para «facilitar la injerencia de país extranjero en territorio español y la utilización de fondos públicos destinados a financiar dichas actividades». Los delitos de traición como tales quedan excluidos de la amnistía concedida por el Gobierno y que entró en vigor el pasado día 11. En el auto figuran abundantes contactos de un grupo de asesores y empleados de Mas y Puigdemont con ciudadanos rusos desde el viaje de Terradellas a Moscú en septiembre de 2017. Cuando éste fue detenido por un caso de corrupción en mayo de 2018, los contactos con rusos los mantuvieron el nuevo jefe de gabinete de Puigdemont, Alay, y su abogado, Boye, según recogen las pruebas amasadas en el auto".

Continúa el texto: "Días después de asumir el cargo de jefe de gabinete de Puigdemont, Alay recibió un mensaje de Terradellas, que ya había sido detenido. «¿Tú te has puesto en contacto con el gobierno ruso?», le preguntó. Alay respondió que aún no, pero que siempre había sido «partidario de tener relación con ellos». Después añadió que Puigdemont «está de acuerdo». Alay viajó a Rusia al menos tres veces y se vio con funcionarios con gran influencia en Moscú, como Evgueni Primakov, a quien él mismo describió como «mano derecha de Putin en el Kremlin para relaciones internacionales». Boye dijo: «Tendríamos que ir a verles». Según figura en el auto, Boye y Alay mantuvieron en Rusia contactos no sólo con personas a las que ellos identifican como representantes del poder político, sino también integrantes del crimen organizado. Uno de ellos es Zakhar Kalashov, uno de los más conocidos capos de la mafia rusa, que ya fue condenado en España por diversos delitos tras ser extraditado desde Emiratos Árabes. El juez ve en las acciones investigadas «un posible delito de traición del Título XXIII del Libro Segundo del Código Penal», que incluye condenas para «el español que facilite al enemigo la entrada en España» o que, con «el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, procure, falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defensa nacional»".

La reacción más singular frente a todas estas informaciones ha sido la del letrado Gonzalo Boye, que ha insinuado que el juez podría estar bajo el influjo de sustancias estupefacientes cuando redactó su auto. "Los psicotrópicos pueden ser peligrosos y llevan a delirios", dijo Boye en calidad de investigado en la trama. En El Nacional se ocupa del expediente Marta Sánchez Iranzo: "El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, —ahora también investigado por el juez del caso Volhov (en realidad caso Voloh)— ha cargado duramente contra el nuevo movimiento de Joaquín Aguirre, de investigar a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, por los delitos de malversación y alta traición en la supuesta trama rusa. Boye, en tono muy irónico, ha asegurado que "a ciertas edades, los psicotrópicos pueden ser peligrosos y llevan a delirios como los que estamos leyendo en estas 57 páginas. La auténtica malversación es esta". En una entrevista en TV3, Boye ha defendido que darle apoyo a un auto como el del juez Aguirre supone "tirar a la papelera el poco prestigio que le va quedando a la judicatura" por este tipo de actuaciones".

Sigue la pieza: "Gonzalo Boye ha asegurado que Aguirre es "una persona que no está capacitada para ser juez". Preguntado sobre el contenido del auto, el letrado ha asegurado que al juez se le ha olvidado "ponernos la bibliografía", ya que, según Boye, hay citas de libros que no ha leído el juez, "que se los ha leído un periodista amigo". En este sentido, ha advertido que presentarán un escrito denunciando a las personas que han participado en el diseño de estas actuaciones. En la misma línea, se ha manifestado en una entrevista en RAC1, ha avisado de que tiene "los nombres y apellidos" de las personas que asesoran directamente al juez Aguirre, y que los citarán a declarar cuando llegue el momento. Boye ha destacado que no han recibido ninguna notificación sobre el movimiento del juez y lo ha acusado de tener la "vieja costumbre de las dictaduras de notificarlo todo a través de la prensa". Según el abogado de Puigdemont, esta resolución es fruto de un señor que lleva desde 2016 "haciendo una investigación prospectiva y que no ha llegado a nada". Además, ha cargado contra "el nivel de ignorancia del juez" que ahora lo investiga, y ha definido la actuación como una "situación delirante" con la cual pretende "justificar el injustificable que es llevar 8 años investigando una causa que no lleva a nada"".
Haciendo amigos el letrado.

Hay más noticias. Sorprendente anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En cinco años no habrá pisos turísticos en la capital catalana. Noticia bomba que anticipa un carajal de mil demonios. Es la apertura de portada de El País. Del texto de Clara Blanchar: "El alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, anunció ayer un plan para eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en un plazo de cinco años. La medida necesitará apoyo político en el pleno y encara un incierto camino en los tribunales ante las previsibles demandas que presentarán los dueños de las 9.600 licencias de viviendas de uso turístico o su patronal, Apartur. La decisión de acoge al decreto de la Generalitat catalana que emplaza a los ayuntamientos a fijar en sus planes urbanísticos cuántos pisos turísticos permite tener. En Barcelona las licencias están congeladas desde 2014. El horizonte de extinción de las licencias es noviembre de 2028, aunque el decreto también prevé que los propietarios de licencias que han invertido en los pisos puedan pedir una prórroga de cinco años más. El municipio también flexibilizará la norma que obliga a los promotores a construir un 30% de vivienda social, para permitir agruparla en un mismo edificio".

También abre portada La Vanguardia con el asunto. Según el titular, se ha desatado "una guerra" en el sector. Escribe Luis Benvenuty: "Una muy cruenta guerra judicial se cierne sobre Barcelona. El alcalde Jaume Collboni anunció este viernes que en noviembre del año 2028 el Ayuntamiento eliminará las 10.101 licencias de pisos turísticos en estos momentos en funcionamiento en la ciudad. Y por unos instantes el sector quedó del todo anonadado. El gobierno municipal ya había señalado en más de una ocasión en hacer uso de las facultades que otorga a los ayuntamientos el último decreto de la Generalitat sobre pisos turísticos y reducir su número en Barcelona de una manera sustancial. Pero no muchos creían que finalmente el ejecutivo municipal se decantara por arramblar con todos. Muchos pensaban que algunas fincas dedicadas exclusivamente a estos usos podrían resultar indultadas. Al poco de conocer el anuncio del alcalde Collboni la patronal de los pisos turísticos de Barcelona, luego de recomponerse de la impresión, la patronal del sector dejó claro que esta historia no terminará así. Y lo socialistas aseguran que los servicios jurídicos municipales están preparados para la contienda".

Sigue Benvenuty: "El alcalde Collboni llegó a la rueda de prensa muy sonriente y satisfecho, flanqueado por los tenientes de alcalde de Urbanismo y Turismo, Laia Bonet y Jordi Valls, bien dispuesto a dejar claro que su gobierno sostenido por apenas diez concejales es capaz de marcar el rumbo de la ciudad, que puede establecer políticas determinantes mucho más allá de la renovación de papeleras y la instalación de escaleras mecánicas. Y dijo que en los últimos diez años el precio del alquiler de pisos en Barcelona se encareció en torno a un 70%, y el de la venta sobre un cuarenta, y que no puede ser que la gente joven normal y corriente que quiera marcharse de casa de sus padres tenga que abandonar la ciudad".

Y: "Collboni considera que inyectando más de 10.000 viviendas en el mercado residencial no van a solucionar el problema de un día para otro, que estos asuntos requieren de tiempo, de mucho tiempo, pero que al menos con esta medida marcará un punto de inflexión. Al fin y al cabo en Barcelona se construyen cada año entre 1.500 y 2.000 viviendas. Hablamos de crecimiento de todo un lustro. Se trata, subrayó Collboni, de la primera fase del plan Viure, el que viene después del plan Endreça. “Oiremos hablar mucho de él”, aseguró".

El plan de Collboni tiene antecedentes, según El Periódico. "Luces y sombras del veto a los pisos turísticos en Nueva York que ha inspirado a Barcelona" se titula la pieza que firma Idoya Noain: "En septiembre del año pasado entró en vigor en Nueva York la más contundente medida adoptada en una gran urbe de Estados Unidos para tratar de poner coto a los pisos turísticos. La 'Local Law 18', conocida popularmente como “el veto a Airbnb”, limitó de forma draconiana el alquiler turístico para cortas estancias en la Gran Manzana. Y más de 10 meses después de ponerse en marcha, el paso dado por Nueva York, que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, alababa hace solo unas semanas como una “decisión valiente”, mantiene luces y sombras y, como desde el principio, defensores y detractores. La normativa neoyorquina obliga a quienes quieran ofrecer espacios en alquiler por menos de 30 días (algo que ya antes era ilegal pero que rara vez se perseguía) a registrarse. Impone además condiciones que limitan su atractivo turístico tanto en oferta como en demanda. El anfitrión, por ejemplo, está obligado a estar en la vivienda y compartirla con los visitantes. Estos no pueden ser más de dos, sacando de la ecuación la opción de este tipo de alojamiento para familias de más de dos miembros".

Sigue la pieza: "El impacto de la ley ha sido evidente en el sector turístico de una ciudad que espera 65 millones de visitantes este año. El número de espacios que se anuncian para estancias cortas en Airbnb y en otras plataformas especializadas en Nueva York ha caído drásticamente. Se ha disparado la demanda hotelera y ha aumentado el precio de las habitaciones de hotel (aunque otros factores han influido en esas subidas, como el uso de 16.500 habitaciones para acoger a inmigrantes). Ha aflorado, además, una especie de mercado negro y las ofertas ahora se encuentran en sitios como Facebook Market, Instagram, Craigslist o Housfy. Esos alquileres turísticos siguen siendo ilegales y los anfitriones que las ofertan enfrentan la posibilidad de ser multados. Otra de las consecuencias de la ley es que se han disparado los pisos turísticos en oferta en Airbnb en la vecina Nueva Jersey, especialmente en localidades como Jersey City, Hoboken y Weehawken con buena comunicación de transporte con Nueva York. Ese mercado, según la compañía de datos AirDNA, es el que más crecimiento ha experimentado en la plataforma en EEUU, más que doblándose".

22 de junio, santoral: Tomás Moro, Eusebio de Samosata, Albano de Verulamio, Consorcia virgen, Flavio Clemente, Juan Fisher, Nicetas de Remesiana, Paulino de Nola y beato Inocencio V papa.