Amnistía con muchas dudas y el "drama" de Forcadell

Entró en vigor la ley de la amnistía, pero no hay descorche. El texto elaborado en parte por el ínclito letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, no es precisamente una síntesis de excelencia jurídica sino más bien un cuerpo extraño sujeto a variadas interpretaciones que pueden hacer las delicias de los jueces que se resistan a aplicar la norma. Lo que en técnica legislativa se conoce como un truño. De modo que ni regresan los supuestos exiliados ni se muere padre.

En medio del carajal, ERC se hace hueco en el gobierno municipal de Barcelona mientras el nuevo presidente del Parlament, Josep Rull, pondera la posibilidad de ceder el paso a Salvador Illa para que el candidato socialista tope con el rechazo de ERC. La situación es tan enrevesada que se teoriza o especula con la posibilidad de ni Illa ni Puigdemont obtengan los apoyos suficientes y la cosa desemboque en una repetición electoral que nadie quiere pero que casi todo el mundo pretende.

Así las cosas, El País avisa en portada de que "El Supremo complica la vuelta de Puigdemont para una investidura". Escriben Reyes Rincón y Jesús García: "El Tribunal Supremo activó ayer los trámites para decidir si aplica la ley de amnistía, que entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La sala de lo Penal reclamó a la Fiscalía, al resto de las acusaciones y a las defensas que informe sobre si hay que aplicar la medida de gracia en las causas abiertas en el alto tribunal vinculadas al procés. El juez Pablo Llarena preguntó si debe mantener las órdenes de detención nacional dictadas para los procesados, que, de momento, siguen vigentes. Los primeros pasaos por el alto tribunal sugieren que difícilmente Carles Puigdemont podría regresar a tiempo a Barcelona para el primer debate de investidura, cuya fecha límite es el próximo día 25, salvo que se exponga a ser detenido. Puigdemont no tiene una mayoría para ser investido, pero pretende presentarse como candidato. El reglamento del Parlament no prevé la investidura telemática y una sentencia del Constitucional tampoco la permitiría. El Supremo tiene ahora dos meses para decidir si aplica la amnistía, si eleva una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE o el Constitucional, o si no procede que se beneficien algunos de los encausados".

La batalla, guerra o bronca judicial promete tardes de alquilar sillas. En El Español, la predicción del tiempo es que "García Ortiz impondrá el criterio a favor de la amnistía y los fiscales se sublevarán". En el sumario de ese titular es que "El fiscal general se arriesga a ser desautorizado por el Supremo si el alto tribunal acoge la postura de Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza". La pieza es de la experta en tribunales María Peral: "La batalla de la amnistía estallará en las próximas horas en la Fiscalía General del Estado. Tras la breve reunión celebrada este martes, en la que se volvió a constatar la diferencia de criterio entre el fiscal general y los cuatro fiscales de Sala encargados del 'procés', se espera que Álvaro García Ortiz comunique su orden de que hay que informar en el Tribunal Supremo a favor de la aplicación de la amnistía a todos los delitos de esa causa y, especialmente, al más grave de todos ellos, la malversación de fondos públicos. La malversación es el punto de discordia. Los fiscales de Sala Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza no ven obstáculo jurídico en aplicar la ley de amnistía, vigente desde este martes, a los delitos de desobediencia o incluso a algunos desórdenes públicos. Pero sostienen que la malversación escapa del ámbito definido por la propia ley, que excluye amnistiar ese delito cuando se ha producido un beneficio personal de carácter patrimonial. En su criterio, ese beneficio resulta apreciable en el 'procés' porque los encausados despojaron a la Administración de unos fondos para atender obligaciones de pago que no se destinaron a un servicio público sino al proyecto político ilegal de los propios autores del delito, al igual que cuando se atribuye a la Administración una obligación de naturaleza particular y totalmente ajena a los intereses públicos que se gestionan".

Sigue Peral: "García Ortiz no comparte que la malversación de 'procés' esté excluida del ámbito de la ley. El fiscal general recibirá esta mañana dos propuestas de dictamen firmadas por los cuatro fiscales de Sala, uno pedido por la Sala Penal y otro por el magistrado instructor, Pablo Llarena. Y, tal como le adelantaron ayer, los fiscales del 'procés' mantendrán su posición. Más aún, considerarán contraria a Derecho la orden del fiscal general de reelaborar los dictámenes en sentido contrario, lo que les llevaría a acudir al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público. Este precepto permite a los fiscales oponerse a las órdenes de sus superiores que consideren improcedentes o contrarias a las leyes. En el caso de que la orden proceda del fiscal general, es obligado convocar a la Junta de Fiscales de Sala. No obstante, sea cual sea la opinión de ese órgano, la última palabra la tiene siempre el fiscal general. García Ortiz tiene otra vía: apartar a los cuatro fiscales de Sala de la causa y encomendar a otros los dictámenes. Pero ese drástico procedimiento para que el fiscal general imponga su criterio es considerado por algunas fuentes "excesivo" y "poco jurídico", por lo que creen que García Ortiz preferirá oír a la Junta de Fiscales de Sala".

El punto de la malversación es también el meollo de la información de El Confidencial. "Junts y ERC no pueden dar por seguro el borrado de los delitos de malversación y terrorismo, y el expresident se arriesga a entrar en prisión si vuelve a España", apunta dicho digital encima de un texto que firma Beatriz Parera: "El estreno de la ley de amnistía salió regular para las intenciones de los partidos independentistas y para el resultado que perseguía el Gobierno de Pedro Sánchez al promoverla. Apenas unas horas después de que la norma entrara en vigor y se publicara en el BOE, comenzó un granizo de escritos que fue arreciando. Ninguno de ellos anunciaba buenas noticias para Carles Puigdemont, el protagonista principal de una norma llamada a tratar de beneficiar a centenares de personas. En esta primera andanada de decisiones, las malas noticias estuvieron lideradas por el Tribunal Supremo. Tres providencias paralelas y, sin duda, coordinadas, anunciaban algo evidente y algo que lo es menos, pero que está ahí para el que quiera leer entre líneas. Lo evidente: la intención de regresar del expresident de Cataluña se complica. El juez Pablo Llarena mantiene viva la orden de detención en España, avisa de que si el análisis de la norma no permite amnistiarle, esta no decaerá y, en el entreacto, pide a las Fuerzas de Seguridad que procedan a arrestarle si regresa a España. Lo más oculto: la amnistía por malversación y terrorismo, como venían avisando los jueces desde la tramitación de la ley, no puede darse por hecha".

Continúa Parera: "Ese último mensaje, más sutil, puede deducirse en varios detalles. Comenzando por la providencia de Llarena, el instructor del procés señala a la Fiscalía y al resto de partes a las que se dirige que deben informarle, en concreto, "si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley" los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos "por la específica previsión" de la norma que excluye "los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". La Sala de lo Penal, por su parte, también deja caer otro aviso. Recuerda de forma expresa que la ley indica que "solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello, con arreglo a los preceptos de esta ley". Traducción libre: hasta que se dicte el fallo definitivo, mejor que nadie se dé por amnistiado. La tercera providencia del TS gira sobre el terrorismo. La instructora de la causa sobre Tsunami Democràtic, donde se investigan estos delitos, pide al igual que en los dos anteriores casos el criterio de las partes".

Y: "Mientras esto sucedía en el Supremo, el Tribunal de Cuentas ponía en marcha la vía de la consulta a Europa y lo hacía también por el desvío de fondos del procés. El organismo fiscalizador que tiene en sus manos el procedimiento por el uso de dinero público para el 1-O y la acción exterior de la Generalitat, hacía lo que tanto se anticipó durante los meses en los que la ley se encontraba en proceso de aprobación: explorar el envío de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las preguntas que realiza la promotora de la iniciativa enlazan la consulta de nuevo con la malversación. En su opinión, la norma "puede oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea", entre ellos, la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE". Las consecuencias de esta acción, si llega a concretarse, son difíciles de medir. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal al uso, es un órgano de control externo de la gestión económica del sector público. Pese a todo, es un arranque de un camino que puede llevar a la paralización de la amnistía en lo que afecta a los malversadores".

En El Mundo destaca la entrevista al señor 155, esa especie de Mr. Wolf encargado de aplicar el artículo constitucional con el que se sofocó la asonada independentista. "Bermúdez de Castro, ejecutor del 155 en Cataluña: 'Siento rabia, impotencia e indignación con la amnistía, pero nada borrará lo que hicimos'" y "Ver a Puigdemont en Las Ramblas será la foto de la infamia y la indignidad", apuntan los destacados. Las preguntas son de Juanma Lamet:

P: La amnistía ya ha entrado en vigor. ¿Qué siente?

R: La verdad es que hoy son muchos los sentimientos: rabia, impotencia, indignación... Estoy fastidiado, por no decir otra palabra. No voy a ocultarlo. No todo vale.

P: ¿De quién se ha acordado al ver la norma publicada en el BOE?

R: De muchos compañeros que, con gran generosidad y esfuerzo, trabajaron por defender nuestra Constitución y por defender la igualdad de todos los españoles. Me acuerdo del coronel Diego Pérez de los Cobos, de los policías y guardias civiles que prestaron servicio aquellos días tan duros, de los jueces y fiscales que trabajaron sin descanso, de mis compañeros secretarios y subsecretarios, de Enric Millo [delegado del Gobierno en Cataluña], del presidente Rajoy, de Soraya [Sáenz de Santamaría]. Y, por supuesto, del discurso del Rey. Y de mucha más gente que se merece un mínimo reconocimiento.

P: ¿Le duele personalmente? ¿Ve la amnistía como una afrenta a quienes se fajaron por defender la Constitución?

R: Más que personalmente, me duele como ciudadano de este país. La amnistía es una decisión política para conseguir un rédito político, nada más; la afrenta no viene de ahora, esto es la culminación de unas semanas en las que hemos tenido que escuchar explicaciones que a algunos, cuando las escuchen en unos años, les sonrojaran.

P: ¿La amnistía borra el 155?

R: El presidente del Gobierno puede llevar a cabo muchas tropelías, pero borrar la historia, las hemerotecas, sus declaraciones y su posición parlamentaria de aquellos días... me temo que no. La amnistía no podrá borrar el 155, que está por encima de la amnistía. Nada podrá borrar lo que ocurrió en Cataluña aquellos meses: las amenazas de Carme Forcadell a los jueces, la secretaria judicial saliendo por la ventana de la Consellería de Economía, o a los Jordis sobre el coche de la Guardia Civil... Van a tapar y borrar los delitos de unos elementos subversivos, pero no podrán parar al Estado.

P: ¿Cree que lo van a volver a hacer?

R: No me cabe duda de que si siguen los mismos líderes, lo volverán a hacer. No hace falta que lo diga yo, ya lo dicen ellos día tras día. Que sea presidente del Parlament el señor Rull es toda una declaración de intenciones. Aún recuerdo que el primer día de aplicación del 155 se presentó en el despacho y se hizo una foto. Le pedimos que se fuera a casa, porque estaba cesado. «Deja de hacer el ridículo y vete», le dije. Rull lo hizo: se fue por la puerta de servicio...

P: ¿Habrá motivos para volver a aplicar el artículo 155?

R: Ahora el Estado es más débil, con todas las reformas penales de Sánchez, pero si Puigdemont, Rull, Turull y compañía rebasan los límites, no habrá otra forma. Si se vuelven a repetir los mismos delitos, el Estado se podrá seguir defendiendo, pero Sánchez accederá a lo que sea para mantenerse en Moncloa.

A todas estas ya hay encuestas sobre lo que podría ocurrir en una repetición electoral en Cataluña. Un sondeo de La Razón muestra como volver a las urnas beneficiaría al PSC y perjudicaría notablemente a ERC. Además, el bloque independentista seguiría perdiendo votos. Estos son los datos de un trabajo demoscópico que incluye al partido revelación de Alvise: PSC, 44/45, 29,3% (42); Junts, 34/35, 21,8% (35); ERC, 17/18, 11,5% (20); PP, 15/16, 11,5% (15); Vox, 10/11, 7,6% (11); Comuns, 5, 5,4% ( 6); Cup, 4, 3,8% (4); Alianza Catalana, 2/3, 4,1% (2); Se acabó la fiesta, 0/2, 2,4% (0).

El análisis es de Javier Gallego: "El panorama político en Cataluña ha dado un giro diametral en las últimas 48 horas: el independentismo, sin mayoría absoluta, ha conseguido hacerse con el control de la Mesa del Parlament, un órgano clave para el porvenir de la legislatura y para la investidura. Esquerra decidió a última hora rechazar la propuesta del PSC para presidir el Parlament y se echó en brazos de Junts, un movimiento que parece la antesala de un bloqueo político en Cataluña porque, ahora mismo, los posconvergentes tienen el control de los tiempos para proponer a un candidato a president de la Generalitat y nada hace pensar que los republicanos vayan a apoyar la investidura de Salvador Illa: sin ese apoyo clave, las posibilidades de una repetición electoral en la autonomía se multiplican".

Y: "De darse una repetición electoral, el PSC aumentaría su representación parlamentaria y llegaría a los 44/45 escaños (ahora tiene 42) y sería el partido más beneficiado, mientras que Esquerra sería la formación más perjudicada porque seguiría cayendo hasta los 17/18 parlamentarios tras haber obtenido 20 en la cita con las urnas del 12 de mayo. De hecho, según el transvase de votos de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, 41.000 votantes de Esquerra en las elecciones del 12 de mayo pasarían al PSC, mientras que tan solo 6.000 de los socialistas apostarían por la papeleta de los republicanos. (...) Los resultados serían más o menos parecidos a los del 12 de mayo, aunque podría llegar a irrumpir un nuevo actor: Se acabó la fiesta, el partido del activista populista Alvise Pérez, quien obtuvo representación parlamentaria en el Parlamento europeo y ahora amenaza con entrar con hasta dos escaños en la Cámara catalana. De hecho, se nutriría básicamente de votantes de Vox, ya que recibiría hasta 27.000. La pugna entre Alvise y Vox se antoja descarnada en los próximos meses ya que pelean por un mismo voto protesta".

En cuanto a la actualidad barcelonesa, "La dirección de ERC en Barcelona decide entrar en el gobierno de Collboni", apunta Metrópoli Abierta. En el sumario se añade que "El acuerdo, discutido en la ejecutiva, se someterá a la militancia del partido republicano este jueves, con la idea de anticiparse a lo que suceda en el Parlament". El texto es de Manel Manchón: "Entrar en el gobierno municipal de Barcelona del alcalde socialista Jaume Collboni, porque alguna plataforma de poder habrá que tener y porque las negociaciones ya se habían producido con buen pie. La dirección de Esquerra Republicana en Barcelona desea gobernar en coalición y así lo decidió en una ejecutiva celebrada este martes. La decisión, sin embargo, deberá corroborarla la militancia y este mismo jueves se producirá la votación telemática. Esa es la decisión de la ejecutiva republicana en Barcelona que preside Eva Baró. Ella ha apostado por ese camino, de la misma forma que Jordi Coronas, portavoz adjunto del grupo municipal y la portavoz Elisenda Alamany. Liberados todos del corsé que suponía Ernest Maragall, la decisión se ha ido madurando, hasta el punto de buscar un acuerdo con los socialistas para gobernar la ciudad. En el caso de que salga adelante, la negociación podría derivar en la entrada de ERC con una tenencia de alcaldía para Alamany, que podría asumir Turismo, y otra tenencia de alcaldía para Coronas, con la posible asunción de Derechos sociales".

Sigue Manchón: "Se trata del sector de Esquerra que, con más o menos intensidad, se ha identificado con Oriol Junqueras, partidario en los últimos meses de ese acercamiento, que debería incluir también un pacto con Salvador Illa en el Parlament para permitir la presidencia de la Generalitat al dirigente socialista. Pero hay otro sector importante que se muestra fiel a Marta Rovira, la secretaria general del partido, que ha vivido todos estos años en Suiza y que se decanta por no hacer nada que pueda contentar al PSC. Rovira está perfilando, según fuentes conocedoras de las negociaciones internas, una posible candidatura unitaria con Junts per Catalunya en el caso de que sea inevitable una repetición de las elecciones catalanas".

Y: "Ahora bien, lo adoptado por la ejecutiva de ERC de Barcelona, en la noche de este martes, deberá tener la luz verde de la militancia republicana. Esa cuestión, sin embargo, se había trabajado ya con determinación en los dos últimos meses, con reuniones en los casales del partido en toda la ciudad. Aunque sin votaciones tras las discusiones internas, la idea que ha prevalecido es que “vale la pena” buscar un acuerdo que permita a ERC cogobernar en la ciudad de Barcelona".

Pero como a perro flaco todo son pulgas, ojo a lo que le ha pasado a la señora Carme Forcadell según informa El Nacional: "Carme Forcadell se queda 'de piedra"' cuando en un hotel de Figueres le dicen que hable en castellano". Qué horror y qué espanto. La pesadilla de cualquier independentista. No hay carta en catalán. Escribe Berto Sagrera: "Carme Forcadell se ha quedado "de piedra" cuando en un hotel de Figueres le han dicho que hable en castellano. Lo ha explicado ella misma este martes en Twitter, donde ha tildado la situación de "desesperante". "Acabo de llamar a un hotel de Figueres para reservar una habitación y me he quedado de piedra, después de decir bona tarda me han dicho: 'En castellano por favor'. En Figueres, es desesperante", ha lamentado la expresidenta del Parlament. Y ha añadido: "Evidentemente no he reservado habitación"".

Continúa el texto: "Sin embargo, Forcadell no ha recibido apoyo en las redes sociales. En poco más de una hora ha recibido más de 300 respuestas, la gran mayoría criticándola por la inacción de ERC en este ámbito. "Hace gracia los políticos que os hacéis los sorprendidos por las consecuencias de vuestros gobiernos", "Para quejas o reclamaciones hay que dirigirse a ERC, preguntar por Pere Aragonès", "¿Qué habéis hecho exactamente para evitar la constante castellanización y desnacionalización de Catalunya?", "Bastante cinismo, Carme, sois los principales responsables", "Esto es lo que habéis promovido desde tu partido"...".

12 de junio, santoral: Onofre, Aleyois virgen, Anfión de Nicomedia, Basílides mártir, Esquilo, Gaspar Bertoni, Juan de Sahagún, León II papa, Odulfo de Utrecht, Olimpio de Tracia y Plácido de Ocra.