Una ILP de Junts y Suiza "esconde" a Rovira

Contexto complejo. PSOE y Junts negocian la proposición de ley de la amnistía mientras el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón topa con Suiza, que se niega a aportar datos sobre el paradero y las finanzas de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por el caso del Tsunami.

Podría decirse que el viento sopla a favor del independentismo, que el Gobierno está por la labor de hacer todo lo posible para amnistiar a los cabecillas de la asonada del 17 mientras que en Suiza los fugados catalanes gozan de gran consideración social. Cabe recordar que doña Anna Gabriel es la líder de un sindicato helvético. Ahí es nada. Suiza, qué gran país. Secreto bancario, corrupción a mansalva y discreción, mucha discreción. Puede que las autoridades alpinas respiren por la herida del caso Falciani. El caso es que no pierden ocasión de ahondar en la leyenda negra.

Y en medio de este decorado, con todo a favor, el independentismo se empeña en demostrar la verdad implícita en la fábula de la rana y el escorpión. Gracias a Junts y la CUP y con la abstención estelar de ERC, la mesa del Parlament ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular para declarar la independencia. Es el monte, es la cabra y son esos diputados irredentos que viven en Narnia y operan en Babia. Una ILP por la independencia, ahí es nada. No han trincado todavía la amnistía y ya están a vueltas con otra exaltación de la república independiente. Los mismos a los que les temblaron las piernas y no atinaron a arriar la bandera de España del Palau son ahora los que braman por una nueva intentona. Más días históricos, jornadas preñadas de jugadas maestras, aquella adrenalina, els carrers seran sempre nostres y tal.

"El Parlament tramita una ley para declarar unilateralmente la independencia pese a que los letrados la ven 'inadmisible'", advierte El Mundo. El texto es de Víctor Mondelo: "La Mesa del Parlament ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama a la Cámara catalana declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. La tramitación del proyecto legislativo, presentado por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència, ha prosperado gracias al respaldo de la CUP y de Junts, con lo que la formación dirigida por Carles Puigdemont presiona a Pedro Sánchez con un texto de alto voltaje político mientras negocia la modificación de la ley de amnistía para que ampare los presuntos delitos de terrorismo cometidos por el prófugo. La admisión a trámite de dicha iniciativa ha sido decidida por la Mesa a pesar de que contaba con un informe desfavorable de los letrados de la Cámara. En la resolución del pasado 14 de febrero, a la que El Mundo ha tenido acceso, los juristas consideran que el texto incurre en varias causas de "inadmisibilidad" que no pueden ser enmendadas".

Continúa la pieza: "El documento, firmado por el letrado Xavier Muro, subraya que la ley "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y "no busca la fundamentación en la Constitución" ya que "pretende aprobar una declaración de independencia estableciendo un procedimiento a tal efecto". "Este objeto supone una modificación sustancial de la forma de Estado y de Gobierno establecida y definida en la Constitución", "además de repercutir en la definición del sujeto de soberanía", añade el informe, que precisa: "Cualquier regulación que altere o contradiga el diseño constitucional requiere de una previa reforma constitucional"".

Y: "El apoyo de la formación neoconvergente ha sido decisivo, pues ERC ha decidido abstenerse, volviendo a demostrar ser el aliado más dócil de Sánchez, y el PSC se ha opuesto a la tramitación del texto. "Recogiendo firmas no se hace la independencia, pero dejamos hablar de todo", alegan fuentes de los republicanos. Ciudadanos y Vox, que no cuentan con representantes en el órgano rector de la Cámara, ya han advertido de que llevarán a los tribunales a los miembros de la Mesa por permitir que el Parlament discuta una medida inconstitucional y de declarada vocación separatista si no rectifican. Las dos formaciones constitucionalistas han presentado una solicitud de reconsideración para que se dé marcha atrás, como también lo han hecho los socialistas. "La proposición de ley admitida a trámite, en tanto que pretende la secesión de Cataluña del resto de España, topa con la Constitución, que atribuye la soberanía nacional al conjunto del pueblo español y que establece que se fundamente en la indisoluble unidad de la Nación", aduce el PSC, que, visiblemente molestos con Junts, los socialistas han cuestionado que se dé cabida en la Cámara a "una iniciativa extemporánea que persiste en los errores del pasado en un momento en el que la sociedad catalana apuesta por pasar página a diez años que no han sido nada buenos para Cataluña"".

La sociedad querrá pasar página, pero el independentismo no afloja. "Aragonès asegura 1.400 millones de euros para TV3 y Catalunya Ràdio", apunta el Abc. "El Govern aprueba el programa contrato de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales hasta 2027 a una media de 350 millones al año", abuna el sumario de una información sin firma: "El Govern catalán ha aprobado este martes el contrato programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ente público que controla TV3 y Catalunya Ràdio, con una inversión de 1.347 millones de euros hasta 2027, tras 14 años sin documento programático, ha informado Patrícia Plaja, portavoz del Govern, tras la reunión del ejecutivo autonómico. La Consejería de Presidencia aportará este año 330,5 millones de euros, una cifra que supone 55 millones más que el año anterior, y la dotación de 2025 será de 335,5 millones y la de 2026 y 2027, de 340,5 millones de euros cada año, informa Ep. Se da la circunstancia de que el gobierno de Pere Aragonès (ERC) todavía no ha aprobado los presupuestos para 2024".

Y: "A pesar de esto, Plaja ha asegurado que el contrato programa no está vinculado a un acuerdo para las cuentas de este año, aunque sí debe figurar en los presupuestos que ERC está negociando con los comunes y el PSC. El contrato con la CCMA busca «estabilizar» el ente, en palabras de Plaja, quien ha recordado que era una petición histórica de las direcciones de la corporación. En esta línea, desde la Generalitat se ha defendido que el acuerdo es necesario «para fortalecer los medios públicos e impulsar la lengua catalana», además de dar cumplimiento a la ley que regula el ente y en respuesta a un mandato parlamentario. Plaja ha destacado que esta inversión, que suma casi 1.400 millones de euros en cuatro años, «revierte las restricciones presupuestarias que se produjeron en 2011»".

Y tras la ILP y la pasta para TV3, el presidente de la Generalitat se enfrentó al plano por el asunto de la pertinaz sequía y lejos de admitir cualquier responsabilidad se la achacó a los gobiernos anteriores en los que también estaba ERC pero da igual. Así lo cuentan en La Vanguardia Iñaki Pardo Torregrosa y Luis B. García: "En un debate monográfico en el Parlament de Catalunya sobre la sequía y el cambio climático, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha achacado de forma reiterada la situación actual de crisis en relación con la sequía a la falta de inversiones de gobiernos anteriores, y ante las críticas que prevé recibir de parte de la oposición, ha asegurado que Catalunya ya llevaría un año en situación de emergencia y con restricciones de no haber intervenido su ejecutivo al inicio de la legislatura. En la última sesión de control, tanto Junts como PSC han exigido al presidente catalán una cumbre del Govern con los partidos para abordar este asunto que en el Palau de la Generalitat de momento rechazan".

Continúa el texto: "Aprovechando la celebración del debate, el president ha anunciado desde el atril del hemiciclo de la Cámara catalana que en los presupuestos del 2024, que aún no han sido aprobados como anteproyecto de ley en el Consell Executiu y que están en negociación con los grupos, el Govern prevé invertir más de 1.045 millones de euros para paliar los efectos de la sequía. Para ayudar a los sectores más afectados e invertir en infraestructuras y garantizar un uso eficiente del agua con la construcción de plantas de desalinización y regeneración, una mejora de la red de abastecimiento en coordinación con el ámbito local y de los sistemas riego, ha detallado el jefe del Ejecutivo catalán. Se trata de inversiones que dentro de cinco años, según el president, permitirán "no depender de la lluvia y garantizar el agua de la boca"".

Y: ""En la sequía, como Govern, nos ha tocado poner el país al día y hacer el trabajo que había que hacer y de la falta de inversiones, sea por el endeudamiento de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o por una austeridad mal entendida de otros gobiernos", ha señalado Aragonès, aludiendo a los ejecutivos que encabezó Convergència a partir del 2010, después de la sequía del 2008 que se solventó gracias a que volvió a llover, y de la gestión del tripartito, que dejó ese organismo endeudado –Esquerra, su partido, dio apoyo a unos y otros–. "Hoy estamos pagando las consecuencias de la sequía de inversiones de años anteriores, de estructuras que se habían desprogramado y también de la manera de entender el sector del agua, clave y estratégico, como uno prescindible que no tenía que estar en las prioridades y se podía privatizar", ha proseguido el jefe del Ejecutivo catalán, con el ejemplo de Aigües Ter-Llobregat (ATL). Ante la previsible batería de reproches de los grupos de la oposición, Aragonès, ha sido previsor y se ha puesto la venda antes de que haya herida: "Pagamos decisiones del pasado. No se nos puede imputar falta de previsión y dejadez", ha zanjado".

Más noticias. El frente helvético. "Suiza duda de la investigación de García Castellón y se niega a localizar a Marta Rovira por Tsunami", señala El Diario en una pieza que viene con la firma de Oriol Solé Altimira: "Varapalo de Suiza al juez García Castellón. Las autoridades helvéticas han rechazado la petición de colaboración que el pasado mes de noviembre remitió el magistrado de Tsunami para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que “no está clara” la participación de la líder independentista en la plataforma y al constatar que la causa puede verse afectada por la ley de amnistía. La respuesta de las autoridades suizas supone un revés a la instrucción realizada hasta ahora por el magistrado sobre la dirigente de ERC. El juez pidió a Suiza localizar a Rovira en base a dos elementos: un retuit que Rovira hizo a un mensaje de Tsuami Democràtic y los mensajes en una aplicación, que llevaron al juez a “sospechar” que la política de ERC “pudo estar” en una reunión en Ginebra –ciudad en la que reside– en la que se planificaron las acciones de Tsunami".

Sigue la nota: "La Oficina Federal de Justicia advierte de que todavía tiene pendiente analizar si la petición del juez de Tsunami tiene un “carácter político”, como Suiza ya concluyó tras la primera solicitud de colaboración de García Castellón en 2019. El trasfondo político de una investigación penal es uno de los motivos tasados en la ley helvética para denegar el auxilio judicial planteado por un magistrado extranjero. Pero incluso antes de este paso, las autoridades helvéticas aseguran “no entender” varias de las peticiones del magistrado, lo que les lleva a suspender cualquier colaboración hasta que García Castellón no responda a sus dudas. No comprenden las autoridades suizas por qué García Castellón les pidió localizar a Rovira mediante una comisión rogatoria cuando su objetivo puede lograrse “mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial”. Tampoco ven clara la “proporcionalidad” de la petición de datos bancarios de una cuenta del Banque Genève-Wollerau-Lugano realizada por el juez, ya que la extendió hasta junio de 2020 y las protestas de Tsunami fueron en octubre de 2019. Sobre Marta Rovira, Suiza quiere que el juez le concrete “la relación exacta” entre la dirigente de ERC y la protesta en el Aeropuerto de El Prat que siguió a la sentencia del procés en 2019, que según el magistrado fue planificada por la exdiputada y otros líderes independentistas. Pero las autoridades helvéticas precisan de más datos antes de poder decidir si localizar a Rovira y por ello piden “información adicional” al magistrado. Entre los datos que se reclaman, las autoridades helvéticas solicitan al García Castellón las “posibles consecuencias” de la ley de amnistía sobre la causa de Tsunami Democràtic y sobre Marta Rovira, de quien resaltan que “su pertenencia a dicha plataforma no está clara”".

Más noticias al gusto del independentismo. "La Europol anuncia cambios en la confección del informe que trataba al independentismo de terrorista", advierte El Nacional. Del texto de Malena Ramajo: "La Europol cambiará la metodología utilizada para la elaboración del informe anual sobre la situación del terrorismo en la Unión Europea, que en la última edición levantó polémica por haber incluido el independentismo catalán y vasco como ejemplos de "terrorismo etnocentrista y separatista", una calificación que, después de las exigencias de Junts per Catalunya al Gobierno, se rebajó a "extremismo". La directora de la Europol, Catherine De Bolle, ha anunciado los cambios este martes en una reunión del grupo de escrutinio de la Europol del Parlamento Europeo, con el que la agencia policial europea ya estaba trabajando cambios en la metodología del documento. Según ha detallado, se introducirán nuevos filtros antes de la publicación del informe, como la "revisión" por parte de un grupo de expertos y la verificación del contenido por parte de los estados".

Líneas después, Ramajo apunta que "la publicación del último informe de terrorismo de la Europol, en 2023, provocó la indignación del independentismo, ya que calificaba a los "grupos separatistas en España" —entre los que se incluía el independentismo catalán y vasco— como los "más activos y violentos" en el estado español. La policía europea apuntaba a que estos movimientos "combinan separatismo con visiones extremistas de izquierda" y "mensajes contra el estado español y las instituciones, así como contra el capitalismo". Ante la publicación del informe, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, preguntó al director ejecutivo de la policía europea, Jean-Philippe Lecouffe, el motivo de dicha calificación, y este aseguró que la información la había aportado el propio Estado español, y que en ningún caso era una tarea de la Europol".

De vuelta a las actividades deliberativas del parlamentarismo autóctono, El País constata que "Esquerra y el PSC engrasan los presupuestos en Barcelona y en la Generalitat con Junts a la contra". Escriben Marc Rovira y Clara Blanchar: "Los presupuestos catalanes encallaron en la cuesta de enero y no han empezado avanzar hasta que han podido darle la mano a las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona. Esquerra y el PSC ponen en marcha un plan común para desbloquear presupuestos y mitigar la minoría que unos sufren en la Generalitat y otros en el consistorio. Un pacto de intereses que deja al margen de la toma de decisiones a Junts per Catalunya. En público, el Govern de la Generalitat sostiene que no hay que mezclar los asuntos de cada institución, pero el acelerón de las negociaciones para poder presentar el presupuesto de 2024 antes de la primavera ha coincidido con el tiempo con un apoyo explícito de Esquerra al alcalde Jaume Collboni para la aprobación inicial de los presupuestos barceloneses. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado que le “costaría mucho” no votar los Presupuestos de la Generalitat de 2024. Junts reprocha el “cambio de cromos” y mantiene que es “incomprensible” el retraso que arrastra el Govern en la tramitación para aprobar las cuentas. El Ejecutivo de Pere Aragonès replica que Junts peca de falta de colaboración. “Es muy difícil reunirse con ellos”, dicen fuentes del Govern".

21 de febrero, santoral: Pedro Damián, Eustacio de Antioquía, Germán y Roberto Southwell.