Los indultos de Campuzano y dos jueces en el punto de mira

PSOE y Junts negocian en torno a la proposición de ley de la amnistía sin que se registren movimientos de calado. Ambas formaciones se mantienen en sus posiciones de inicio. Partida de desgaste. A ver quién aguanta más sin parpadear. El final de la campaña de las elecciones gallegas suaviza los contornos de la negociación entre socialistas y "juntaires". Fuera del foco, ERC trata de meter cucharada como puede y para ello recurre al Govern. El comisionado para agitar las aguas ha sido Carles Campuzano, del hierro convergente original, quien se ha erigido en portavoz de Moncloa para asegurar que a quien no le alcance la manta de la amnistía quedará cubierto por indultos a la carta.

Sin embargo, no parece tan fácil. El Mundo apunta que "El Gobierno garantiza la amnistía a Puigdemont pero no que pueda volver de forma inmediata". También se destaca en el sumario de ese titular que "Moncloa tiene la convicción de que el ex presidente de la Generalitat prófugo no será condenado por terrorismo". Escribe Raúl Piña: "El oleaje de las elecciones gallegas borró de la orilla la amnistía. Pero ahora que el paisaje electoral comienza a ocultarse por el horizonte, vuelve a quedar al descubierto el tema que empapa toda la política española. La negociación entre el PSOE y Junts para aprobar la Ley de Amnistía se reactiva. Aunque el canal de comunicación siempre estuvo abierto, los contactos se retoman con vistas a tratar de aprobar la norma en el Congreso la próxima semana. La formación de Carles Puigdemont sigue trasladando su exigencia de una amnistía «total» ante las actuaciones judiciales que puedan llevarse a cabo. El Gobierno mantiene que no tocará el texto bajo la premisa de que «Puigdemont, y también Marta Rovira, están dentro» del perdón".

Continúa Piña: "Desde el equipo de Pedro Sánchez muestran convicción de que aún es posible sacar adelante la ley. «Junts no la va a tumbar», señalan fuentes gubernamentales. Ambas formaciones han impuesto el cerrojazo informativo, «discreción» lo llaman, al tiempo, eso sí, que exigen a Alberto Núñez Feijóo transparencia y claridad sobre su negociación con la formación independentista el verano pasado. Bajado el telón, en la esfera pública se traslada discrepancia. Un tira y afloja. Pero con la creencia que bien el día 21, fecha fijada en la Comisión de Justicia del Congreso para validar de nuevo el texto, bien haciendo uso de una prórroga de 15 días más, haya fumata blanca. Junts ha trasladado al Gobierno que no puede confiar en su palabra porque no confía en las actuaciones judiciales que puedan tener lugar. Puigdemont tiene ahora mismo dos causas abiertas: una por terrorismo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la causa de Tsunami Democràtic; y otra por delito de traición, a cargo del magistrado de Barcelona Joaquín Aguirre, en el marco de la operación Volhov. Ambos casos no estarían contemplados en la amnistía pactada. García-Castellón cree que ese terrorismo encaja en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que no quedaría cubierto por la amnistía, salvo un cambio de última hora".

Y: "«Puigdemont no se va a quedar fuera de la amnistía. Va a estar dentro porque esto del terrorismo no se sostiene. No le van a condenar por terrorismo. Le pueden tener investigado, pero no le van a condenar», apuntan a El Mundo fuentes socialistas implicadas en la negociación de la norma.

Es la máxima que defienden Ferraz y La Moncloa. «La ley pactada cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista, no deja a nadie fuera». Lo expresó este miércoles el ministro Félix Bolaños, de visita en Barcelona: «El presidente y yo pensamos lo que Feijóo, que es que no hubo terrorismo en el proceso independentista. Hubo un consenso amplio en la sociedad, pero quien tiene que decidirlo son los jueces y los tribunales». (...) Pero en el seno del Ejecutivo sí se admite que un escenario muy probable es que el prófugo de la Justicia no pueda volver al día siguiente de que pueda aprobarse la Ley de Amnistía. «A lo mejor tiene que esperar y no puede volver al día siguiente de que se publique la ley en el BOE. Pero él está dentro»".

El Nacional recoge por su parte la intervención en el debate del consejero de Asuntos Sociales, el antecitado Campuzano, quien ayer se descolgó afirmando que el Gobierno indultará a quien quede fuera de la amnistía. Del texto de Jordi Martín en dicho digital: "El conseller de Drets Socials del Govern de la Generalitat, Carles Campuzano, ha afirmado que el Gobierno está "abierto" a indultar a las personas que no queden incluidas en la ley de amnistía cuando, una vez se apruebe —si finalmente sale adelante—, toque que los jueces apliquen la ley en cada causa concreta. "Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indultos existen y el Gobierno está abierto, lógicamente, a resolver por la vía de los indultos, si hace falta, estas situaciones," ha asegurado este jueves el conseller en una entrevista a RTVE. "Eso lo sabe todo el mundo", ha insistido, señalando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "por convicción o por necesidad, ha decidido cerrar la carpeta de la represión de manera definitiva"".

Continúa la nota: "Campuzano ha argumentado que no puede haber una ley de amnistía blindada al 100% ("no existe, ni en esta ley, ni en ningún sitio del mundo"), ya que "las leyes por definición están sometidas siempre al control de los jueces, en su aplicación", ha apuntado. Pero, con todo, para él el texto actual de la ley de amnistía "resuelve la mayor parte de la gente de la calle que ha sido sometida a la represión", y ha acusado a Junts de irresponsabilidad y poco respeto por los que podrían beneficiarse, al haber votado en el Congreso en contra de la amnistía en el último minuto".

Poco tardó la respuesta de los antiguos compañeros de Campuzano. Del mismo digital y con la firma de Pedro Ruiz: "Turull ha afirmado que el titular del Departament de Drets Socials "apoya más al PSOE que al independentismo". De hecho, el dirigente juntaire ha ido más allá y ha apuntado a que, siguiendo el criterio de Carles Campuzano —fueron compañeros de partido en Convergència Democràtica de Catalunya y en el PDeCAT—, "no se habría llegado a hacer ni el referéndum del 1 de octubre"".

Vaya, pues eso se puede interpretar como un elogio. Sin el 1-O se habrían ahorrado algunas molestias.

En La Vanguardia y respecto a Puigdemont y la amnistía señalan el papel de dos jueces, García Castellón, de la Audiencia Nacional, y Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Atisban un nexo de unión entre ambos a causa de la denuncia del policía Trapero, el "major" emérito del que no se sabe exactamente a qué se dedica en los Mossos. La pieza es de Manel Pérez: "Los dos jueces que están condicionando el devenir de la negociación de la ley de amnistía - Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y Joaquín Aguirre, del número 1 de instrucción de Barcelona- tienen un hilo común en su proceder en investigaciones que dirigen o han dirigido vinculadas a la trama policial que actuó ilegalmente en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo miembro más conocido es el excomisario José Manuel Villarejo. Ese hilo conductor entre ambos se resume en la proximidad de Aguirre con las actividades de esa trama policial corrupta, con el objetivo común de imputar a Trapero en trapicheos con el narcotráfico y la negativa de García Castellón a investigar esas actuaciones ilegales cuando el cuerpo catalán de seguridad se las denunció por ser este magistrado el instructor del caso Tándem, centrado en las ilegalidades de Villarejo. Así se desprende de la denuncia presentada el pasado día 12 por Trapero en la Fiscalía de Barcelona tras publicar La Vanguardia y eldiario.es dos notas informativas de Villarejo y en una base de datos sobre investigaciones policiales"
"Proximidad de Aguirre con las actividades de esa trama policial corrupta" se dice en esa crónica. Poca broma.

Cambio de tercio. Política lingüística. Tras haber conseguido que los niños pasen de hablar catalán, el Govern de la Generalitat se lanza ahora a erradicar el idioma en ambulatorios y hospitales. "La Generalitat destina 1,5 millones a garantizar que los sanitarios hablen catalán", explica El Independiente. El texto es de Iva Anguera: "La Generalitat invertirá 1,5 millones de euros en cursos de catalán a 2.700 profesionales sanitarios este 2024. Una partida que confían en repetir anualmente para garantizar el conocimiento del catalán en el ámbito sanitario. Lo anunciaron este jueves los consejeros de Empresa y Salud del gobierno autonómico, con el objetivo de que todo el personal sanitario sea capaz de dirigirse a los pacientes en catalán. "No hay día que no llegue una queja de alguien que no ha sido atendido en catalán" se lamentaba el titular de Salud, Manel Balsells, para explicar la importancia del plan, en el que se ha involucrado al Consorcio de Formación Continua y el de Normalización Lingüística, y que financiará la consejería de Empresa. Los cursos serán un primer paso, ha advertido Balsells, para exigir con más contundencia la obligación de conocimiento del catalán. "Hay una realidad, no se cumple la normativa, seguramente se ha sido laxo" afirmó el consejero entonando el mea culpa de la administración. "En todo caso no miramos el pasado, miramos futuro y lo que tenemos que hacer es implementar medidas para revertir la situación". En los últimos años se han multiplicado las denuncias de activistas de la lengua contra profesionales sanitarios por no atender en catalán, con algunos casos especialmente polémicos, como el de la enfermera expedientada por reírse de la exigencia del nivel C1 de catalán. Una situación propiciada en gran parte por el déficit de profesionales en Cataluña, que ha obligado a contratar a trabajadores del resto de España o foráneos".

Y: "En este contexto, Balsells fue claro: "Todo el mundo tendrá que demostrar el conocimiento del catalán para consolidar una plaza fija". De hecho, apuntó el consejero, se trata de una obligación fijada por ley que hasta ahora no se ha cumplido de forma suficientemente estricta a su juicio. La normativa catalana exige el nivel C1 de catalán para todos los médicos de la sanidad pública. "El mensaje es claro" añadió, "todo el que venga del Estado español es bienvenido, les facilitamos que aprendan la lengua" tanto a residentes como a técnicos o enfermeros, pero "en el momento en que accedan a la plaza de adjunto -en el caso de los residentes- tendrán que acreditar el nivel" de catalán que "habrán tenido tiempo de aprender"".

Ese extraordinario celo en las competencias lingüísticas del personal sanitario contrasta con la desidia en otras materias, como las relacionadas con la sequía. "Los hoteleros de Lloret de Mar se asocian para comprar una desalinizadora contra la sequía ante la inacción de la Generalitat", destaca un titular de Crónica Global. Escribe Gerard Mateo: "Los hoteleros de Lloret de Mar (Girona) se plantean comprar una desalinizadora para abastecerse de agua en plena crisis de sequía y ante la inacción de una Generalitat que prioriza las restricciones y las limitaciones al consumo: "Nos jugamos el negocio". El presidente del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotras, ha reconocido en TV3 que la idea está sobre la mesa, y que, si lo hacen ellos, "lo puede hacer todo el mundo". En esta línea, se pregunta por qué son los hoteleros los que deben financiar esta medida, y no lo hace la Administración. "Nos arremangamos y nos pusimos a trabajar", ha continuado, al tiempo que ha recordado que, si no pueden llenar las piscinas, están en juego los puestos de trabajo. Y es que, según las restricciones impuestas por la Generalitat en cuanto los embalses bajaron del 16% de su capacidad (hoy se encuentran en el 15,20%), esta medida está prohibida".

Cagancho en Almagro y Manolete en Albacete quedaron bastante mejor que nuestros gobernantes autonómicos.

16 de febrero, santoral: Juliana de Nicomedia, Maruta, Faustino, Onésimo, Honesto, Simeón, Pánfilo, Valente, Porfirio, Julián, Elías, Isaías, Jeremías y Flaviano anacoreta.