Desastre educativo y el modelo fiscal madrileño

Colean los catastróficos resultados del informe PISA sobre la comprensión lectora y la habilidad matemática de los adolescentes catalanes. Mayúsculo escándalo que impacta de lleno en el crédito del Govern de la Generalitat y de ERC, partido que lleva cinco años al frente del negociado de Enseñanza. Como cada día tiene su afán, primero se culpó a los alumnos inmigrantes, luego, a los estudiantes pobres y ahora, al fin, se sopesa que tal vez los métodos educativos son un truño de dimensiones colosales. 

Se ha venido abajo toda la retórica sobre la excelencia de la millor escola del món, la presunción de que la enseñanza catalana le daba sopas con honda a los sistemas más eficientes de los países desarrollados, que la formación era un punto cumbre en la escola verde, feminista, social y en catalán que propagó con afán y esmero de agitador el inefable Josep Gonzàlez Cambray mientras planteaba una lucha sin cuartel contra las sentencias del 25% de castellano. 

El castillo de naipes se ha derrumbado con estrépito mientras los altos cargos del departamento que ahora dirige Anna Simó buscan respuestas al desastre. "Cataluña cuestiona ahora el aprendizaje por proyectos tras el varapalo de PISA", apunta al hilo un titular de la edición catalana de El País. Se cuestiona el modelo por "competencias" y se lamenta haber arrinconado los viejos métodos para aprender a leer y las matemáticas. Pero se mantiene esa vaina de lenguaje abstruso que ha arrasado en el ámbito de la enseñanza, toda esa castaña de los módulos, las competencias, las herramientas y los proyectos.

El texto del referido medio viene con la firma de Alfonso L. Congostrina: "El director general de Innovación educativa, digitalización y currículum del Departamento de Educación de la Generalitat, Joan Cuevas, asume – tres días después de que el informe Pisa diera los peores resultados de la historia a los alumnos catalanes- que la educación por proyectos “no es un gran avance”. Cuevas, en una entrevista en RAC1, ha admitido: “Lo que nos dicen las investigaciones sobre el trabajo por proyectos es que tiene unos resultados medios en comparación con los métodos tradicionales, por tanto no es un gran avance”. El director de innovación educativa también ha asumido que este modelo por competencias no se está aplicando en todos los centros correctamente ya que estos proyectos deben incorporar una “parte instruccional clásica” que no siempre se imparte a los menores. “Tenemos que mejorar la capacitación y los recursos de acompañamiento a los docentes”, ha concluido".

Sigue la nota: "La Generalitat atribuyó el martes los pésimos resultados de las pruebas PISA a que había una sobre representación de alumnados migrantes. Apenas 24 horas más tarde corregían la polémica acusación a los alumnos procedentes de otros lugares y la propia consejera Anna Simó ahora atribuía los malos resultados a un problema de “pobreza infantil y segregación escolar”. Cuevas no ha querido, este jueves, dar explicaciones sobre si la migración o la pobreza infantil son la causa de los resultados de PISA y ha concluido: “El martes hubo una divergencia en la interpretación de la muestra que ha quedado resuelta”".

Y: "El director general ha admitido que la comunidad educativa catalana tiene varios deberes pendientes. “Somos uno de los territorios con gran vulnerabilidad. Se están haciendo políticas y pactos contra la segregación escolar pero tenemos que profundizar cómo abordarla”, ha asegurado. Cuevas se ha mostrado esperanzado en cómo mejorar los resultados de matemáticas y lectura: “A diferencia de hace 15 años, hoy tenemos investigaciones internacionales que nos demuestran que países como Suecia, Inglaterra o Estados Unidos han conseguido mejorar mucho en matemáticas y lectura”. El director general admite que el sistema catalán actual “ayuda al alumno medio pero no al que está por debajo o por encima” lo que lleva a la necesidad de personalizar los resultados".

Claro, claro. A lo mejor también se podría probar con el revolucionario método de que los responsables de semejantes atrocidades educativas dimitan y sean sustituidos por personal que sólo pretenda que los alumnos aprendan a leer y dispongan de las herramientas para prosperar, en lugar de altos cargos empeñados en crear la escola de la república. Por probar. A ver qué pasa. 

El Govern trata de sacar cabeza y recuperar el pulso tras el batacazo educativo y la sombra cada vez más acuciante de las restricciones para el consumo doméstico de agua. De ahí que se haya lanzado a vender las novedades de los próximos Presupuestos, si es que salen. Sobre todo en materia de acceso a la vivienda, otra de esas materias en las que la Generalitat ha demostrado una impericia digna de estudio. 

"El Govern ampliará los beneficiarios de la ayuda al alquiler e incrementa la deducción de 300 a 500 euros", informa El Periódico. El texto es de Quim Bertomeu y Carlota Camps: "La Generalitat quiere ampliar con los próximos presupuestos públicos el total de beneficiarios que tienen derecho a deducirse el alquiler: si hasta ahora el límite de renta para poder hacerlo es de 20.000 euros, el Govern quiere hacer extensiva esta ayuda hasta las rentas de hasta 30.000 euros. Es una medida que se recoge en la ley de acompañamiento de las cuentas de la Generalitat para el 2024, a la que ha tenido acceso El Periódico. Además, según ha avanzado Nació Digital, esta ley también prevé incrementar el importe máximo de la deducción pasando de los 300 a los 500 euros. Las medidas solo entrarán en vigor si el ejecutivo de Pere Aragonès consigue los apoyos para sacar adelante los presupuestos, algo que por ahora no tiene garantizado".

Continúa la pieza: "Estas dos medidas, según explican desde el Palau de la Generalitat, tendrían carácter generalista aunque están pensadas sobre todo para beneficiar a colectivos vulnerables como son los jóvenes, parados, familias monoparentales, familias numerosas y viudos y viudas. Estas ayudas al alquiler se sumarían a la otra gran medida de las cuentas en materia fiscal que ha trascendido hasta ahora: la rebaja del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF del 10,5% al 9,5%, lo que se calcula que podría beneficiar a 2,6 millones de contribuyentes".

Hay novedades además en relación al precio del agua: "A grandes rasgos, el Govern penalizará los consumos excesivos, las pérdidas en el suministro o el uso de agua potable por parte de las administraciones cuando sea posible emplear agua reutilizada. También verán aumentar su factura los pisos vacíos o las segundas residencias donde no haya consumo. Fuentes del ejecutivo explican que la medida busca "castigar" la especulación y a los que gastan agua de forma "lujosa". El Govern fijaba hasta ahora un mínimo de facturación a todos los consumidores. A partir de ahora, quiere poner cuatro cuotas fijas por tramos de consumo. Será de un 1 euro al mes para los consumidores que estén dentro del primer tramo -los que menos consumen-, de 2 euros para el segundo, de 3 para el tercero y de 4 para el cuarto tramo -los que más gastan-. Además, todos aquellos que tengan un consumo nulo estarán en el último tramo. Es decir, viviendas vacías o segundas residencias. Con esta modificación, los que consuman menos se verán beneficiados, mientras que recibirán una penalización los que tengan propiedades desocupadas".

A todas estas, el empresariado local no acaba de entender las razones por las que en Madrid bajan los impuestos y en Cataluña suben. Como que no les cuadra la situación y reclaman al Govern, que está en el centro de todos los problemas, que haga como la señora Ayuso. "Bajar impuestos como Madrid, la fórmula del empresariado para que las sedes vuelvan a Cataluña", advierte un titular de Crónica Global. En el sumario se abunda en que "La patronal reclama reducir la deuda y la presión fiscal, compensando la reducción de ingresos con una mayor eficiencia en la Administración y un mayor control sobre la economía sumergida". Escribe Víctor Recacha: "La patronal catalana urge al Govern a apretarse el cinturón. Josep Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, ha asegurado que la Generalitat debe recortar su elevado endeudamiento y ha reiterado la petición del empresariado de que la fiscalidad autonómica sea más competitiva. En este sentido, se ha mostrado favorable a que Cataluña aplique una fiscalidad parecida a la madrileña o la valenciana para hacer más atractiva la vuelta de empresas que cambiaron su sede a otras comunidades autónomas por el procés. Llibre ha señalado, en concreto, al impuesto al patrimonio, que ha tildado de medida "confiscatoria" y que "siempre la pagan los mismos", y ha propuesto que el Gobierno de España elimine ese tributo en todas las comunidades para acabar con la "guerra fiscal"".

Y: ""Foment del Treball ha planteado una lucha sin cuartel contra el impuesto de patrimonio y no pararemos hasta que desaparezca de la legislación española. (...) No tiene lógica, no existe en ningún sitio más del mundo y encima recauda poco y siempre pagan los mismos", ha expresado Sánchez Llibre".

Política. Las horas bajas de Laura Borràs. En Público afirman que su liderazgo en Junts es cada vez más débil y testimonial. La pieza es de Ferran Espada: "En política no se debe dar a ningún dirigente por amortizado, pero resulta una obviedad que la fulgurante luz de protagonismo político que emitía hasta hace unos pocos meses la expresidenta del Parlament Laura Borràs parece haberse apagado, tanto hacia el exterior como en el interior de Junts per Catalunya. Borràs llega fuera de foco mediático, con poca incidencia política en la marcha del partido y con sus seguidores desgastados al nuevo ciclo político que suponen los acuerdos de Junts con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Una nueva etapa que se inauguró oficialmente este pasado sábado con la reunión de Suiza, también con la ausencia de la presidenta de Junts".

Sigue Espada: "Ha visto cómo su peso político en el interior del partido se ha ido reduciendo en los últimos meses, a pesar de ocupar un cargo tan relevante como es la presidencia de la formación política. Tanto en lo que respecta a las negociaciones con el PSOE como al debilitamiento de su guardia de corps en el grupo parlamentario del Parlament de Catalunya y en la dirección de la formación política. Mientras, crecen las voces en Junts que consideran inasumible que Borràs siga en el cargo si se ratifica la sentencia pendiente de recurso por las irregularidades cometidas durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes".

Y: "El primer síntoma de la pérdida de relevancia política de Laura Borràs ha sido su notable ausencia en las reuniones entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Tanto en las reuniones centrales con los dirigentes socialistas como en encuentros relevantes con otros partidos como el PNV, Borràs ha estado ausente en beneficio del protagonismo para otros dirigentes del partido como el secretario general, Jordi Turull, o los jefes de filas en el Parlament y el Congreso, Albert Batet y Míriam Nogueras, respectivamente. (...) Borràs declina pronunciarse sobre esta cuestión y desde su entorno se esfuerzan en asegurar que "la presidenta ha estado informada en todo momento de la marcha de la negociación y de los acuerdos antes de su firma". Pero algunos dirigentes de Junts admiten que Borràs "sale debilitada de una maniobra política de gran calado"".

Frente judicial. "Seis acusaciones piden casi 300 años de cárcel para los doce CDR amparados por la amnistía", asegura La Razón sobre un texto que firma Ilier Navarro y arranca así: "Seis acusaciones en el juicio de la Audiencia Nacional contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) han solicitado penas que en total suman 296 años para los doce acusados, 48 años más que los que solicitaba la Fiscalía. Por una parte, piden 33 años de prisión para los ocho acusados de delitos de pertenencia a organización terrorista, de fabricación de explosivos de carácter terrorista y de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Para los otros cuatro acusados, a los que atribuyen un delito de pertenencia a organización terrorista, piden penas de ocho años de prisión. De acuerdo con el escrito, al que ha tenido acceso La Razón, piden un total de 33 años de prisión para Eduardo Garzón, Jordi Ros, Alexis Codina, Germinal Tomás, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva y Rafael Delgado. Para los acusados Ferrán Jolis, Xavier Bugas, David Budria y a Clara Borrero, a los que atribuye delitos de pertenencia a organización terrorista, piden diez años de cárcel. El escrito de acusación, que ha presentado el despacho Fuster-Fabra, representa a la acusación popular que integran la Asociació Catalana de Victimes d’OrganitzacionsTerroristes (ACVOT), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y Vox".

Si no hay contratiempos, la amnistía les librará de penas sobre la campana.

8 de diciembre, santoral: Inmaculada Concepción de María, Eucario, Macario, Patapio, Romarico, Sofronio y Teobaldo de Marliaco.