La fiscalía pide penas de hasta 27 años para los 12 CDR detenidos en la 'Operación Judas' por terrorismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes su escrito de acusación contra 12 miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenidos en el marco de la Operación Judas y acusados de terrorismo, y solicita para ellos penas que oscilan entre los ocho y los 27 años de cárcel.

El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pide una pena de prisión de 27 años para ocho de los acusados --Eduardo G., Esther G., Sonia P., Queralt C., Germinal T. A., Alexis C., Jordi R. y Rafael J. D.-- como presuntos autores de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos con carácter terrorista y delitos de estragos en grado de tentativa.

El mismo fiscal que no aprecia terrorismo en el 'caso Tsunami'

Para los cuatro restantes --Ferran J., Xavier B., David B. y Clara B.-- solicita penas de ocho años por un presunto delito de pertenencia a organización terrorista. 

Cabe destacar que se trata del mismo fiscal que consideró que no se podía imputar delitos de terrorismo a los investigados en la causa de Tsunami Democràtic --entre los que figuran el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira--, sino que, bajo su criterio, sostiene que estos hechos respondían únicamente a delitos de desórdenes públicos en el marco de las manifestaciones contra la sentencia del procés.

Organización terrorista "estable y clandestina"

En su escrito de acusación contra los CDR detenidos en el marco de la Operación Judas, Carballo expone que formaban parte de un Equipo de Respuesta Táctica (ERT) vinculado a los CDR, pero que habían conformado una "organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable", cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias. 

Afectados intervienen durante el acto de apoyo a los procesados en la Operación Judas, en la Model, a 1 de octubre de 2023, en Barcelona LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

Según el ministerio público, solo unos pocos miembros de estos comités pertenencía al ERT, una célula radical cuya creación "viene motivada por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de máxima confianza y que se muestre totalmente entegado a la causa, habiéndole sido encargadas la realización de las acciones más sensibles", dice el escrito. 

Así, de la investigación efectuada por la Guardia Civil se desprende que los acusados querían conseguir la independencia de Cataluña a cualquier precio, incluyendo el uso de la violencia "en su máxima expresión". 

Participación en las acciones "más contundentes"

Los miembros de esta facción radicalizada tuvieron "participación activa", según el fiscal, en la materialización de algunas de las acciones "más contundentes" de los CDR. Entre ellas, enumera cortes de carreteras, un vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba a los presos del procés desde el centro penitenciario de Lledoners, o el levantamiento de las barreras de los peajes.

Asimismo, el Ministerio Fiscal sostiene que algunos de los miembros de este grupúsculo hicieron actos preparatorios para la comisión de atentados y seleccionaron posibles objetivos. Entre estos se encontraban la Comandancia Naval, el Gobierno Militar, la Delegación de Gobierno en Barcelona, la Fiscalía del TSJC, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión y peajes en autopistas.

Podrán beneficiarse de la amnistía

Cabe destacar que estos acusados podrían salir airosos del juicio, en caso de ser condenados, si la ley de amnistía prospera, pues el pacto entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluía la medida de gracia que beneficiaría también para estos 12 CDR.