La factura de la amnistía y los costes de TV3

El clamor popular, el Gobierno, la Fifa y la falta de apoyos se han cobrado la cabeza de Luis Rubiales, el inminente expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Los tiempos han cambiado. Pablo Pablito Porta aguantó carros y carretas de José María García aferrado al cargo cual percebe en el casco de un carguero. El beso a la futbolista Jenni Hermoso ha sido la gota que ha colmado el vaso en el caso de un directivo que encarnaba las viejas esencias del balompié, las pelotas, la testosterona y un comportamiento rudo, a la altura de los más bragados hooligans del Millwall F. C. Total, que Rubiales está a un paso de ser historia esta mañana mientras la política sigue a lo suyo, la composición de pactos que resuelvan el sudoku del 23-J.

La amnistía está en el centro de la pista principal. El asunto es de difícil encaje en la estricta legalidad, pero se apela a la creatividad. En un contexto de géneros fluidos donde el PP se aviene a hablar con Junts (falta saber si Junts querrá hablar con el PP), un proyecto de ley como el que plantean los juristas de Sumar, conocidos por su osadía y trazo grueso, tiene que cuadrar con los criterios del Tribunal Constitucional, instancia cuyos próceres acostumbran a tomarse sus tiempos, más relacionados con la geología que con el reloj humano. 

Sea como fuere, parece darse por sentado que habrá "alivio penal", como decía El País, y que todo es cuestión de oportunidad y detalle. Puestos ya en ese escenario, en El Mundo titulan que "El independentismo espera recuperar 17 millones de euros con la ley de amnistía". El texto es de Germán González: "La amnistía no sólo se plantea como poner fin a las causas penales, administrativas y contables de los independentistas investigados, condenados o expedientados desde 2013, sino que también afecta a su bolsillo. La plataforma Amnistia i Llibertat, que canalizó los acuerdos entre los partidos soberanistas y entidades como Òmnium Cultural para presentar el texto de la Ley de Amnistía en el Congreso en 2021, cuantificó en 17 millones de euros "en concepto de fianzas" las cantidades pagadas en las "diversas causas" contra independentistas abiertas por la Justicia, aunque creen que algunas cantidades están "duplicadas". En caso de exoneración instan a que el dinero sea devuelto. De los 17 millones de euros indican que 5,8 corresponden a la cantidad consignada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por 17 de los 29 procesados por presuntamente malversar dinero público para organizar el referéndum pese a la anulación del Tribunal Constitucional. En un primer momento la mayoría cargos o ex cargos del Govern acusados consignaron casi 3,7 millones de euros de la fianza solidaria, aunque semanas después se embargaron sus cuentas bancarias para cubrir los 2,1 millones restantes. Sin embargo, partidos y entidades independentistas consignaron parte de esta cantidad gracias en su mayoría a las aportaciones de la Caja de Solidaridad, el dinero que se recibe de donaciones para destinarlo a las causas relacionadas con el proceso soberanista".

El dinero es lo que tiene. Mientras tanto, el PP se debate entre humillarse ante los diputados de Puigdemont o mantenerse incólume en sus planteamientos contrarios a negociar con el partido de un fugado de la justicia. La ventaja de los conservadores es que hay voces para todos los gustos. "El PP recula con Junts para sofocar las críticas internas: 'No está decidido que vayamos a hablar'", titula al respecto Vozpópuli. Escribe Jesús Ortega: "El PP cierra la puerta a cualquier negociación con Junts después de dejar abierto ese escenario tras el encargo del Rey a Feijóo para la investidura. Dirigentes nacionales como Esteban González Pons situaron a los de Pugidemont fuera del "bloque progresista" y afirmaron que "su legalidad no está en duda", en unas declaraciones que ya han provocado críticas internas. Para acabar con ese ruido, desde Génova dejan claro que "no está decidido que vayamos a hablar con ellos". Así de contundentes se muestran desde el círculo más cercano a Alberto Núñez Feijóo, donde desmienten cualquier tipo de encuentro con Junts o el PNV el próximo lunes. Ese día, afirman, solo se producirá una reunión del comité de dirección del partido, donde se empezará a diseñar la estrategia a seguir con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de cara a la investidura: "Tenemos un mes por delante, por lo que no vamos a tomar decisiones precipitadas"".

Sigue la nota: "Los mismos cargos populares consultados por Vozpópuli insisten, en todo caso, en que el único "veto" existente para la ronda de consultas, a día de hoy, es a Bildu: "Se puede entender que no es lo mismo Bildu que Junts. El pasado político de Bildu no es el pasado político de Junts. En el Congreso hay miembros de Bildu que han señalado objetivos de ETA. No es lo mismo una declaración de independencia que incluir a gente con delitos de sangre en las listas". Desde Génova, no obstante, destacan que "no hemos hablado nada de reuniones" con Junts y advierten: "Puede haber simplemente una conversación por teléfono, porque no es lo mismo hablar que negociar, y lo que no vamos a hacer es negociar con ellos. Igual no hay la foto de la que algunos hablan"".

Una de las gracias del PP es su capacidad para meterse en jardines sin que nadie le empuje a ello. 

En el campo del independentismo la guerra tiene que ver con los egos. "ERC intenta quitar protagonismo a Junts ante la negociación para investir a Sánchez", advierte El País. La pieza viene con la firma de Marc Rovira: "La pugna electoral entre ERC y Junts per Catalunya para dominar el tablero político catalán ha derivado ahora en una disputa por el relato ante la investidura que intentará Pedro Sánchez, aún sin fecha fijada. Con las primeras tomas de contacto para poner precio a la reelección del líder socialista, ERC intenta contrarrestar el protagonismo que está adquiriendo Junts en este proceso después de cuatro años en los que el partido comandado por Carles Puigdemont —expresident huido en Bélgica— criticó duramente a los republicanos por su estrategia de diálogo con el PSOE. “Es un peaje que tenemos que pagar, y no por previsible duele menos o parece menos injusto”, expone Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso. “Si se llega a buen puerto, y creo que se va a lograr, y se pacta una investidura que permita dar un paso adelante con la izquierda española en el proceso de construcción de una solución para Cataluña, seguro que tendremos que escuchar que ha sido Junts quien ha aportado una solución magistral”, pronostica".

Sigue Rovira un párrafo después: "Esquerra ha reaccionado para intentar dar un giro a esa narración y sacar su propia tajada a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez. El partido republicano recurre a sus voces en el Govern para arañar protagonismo y combina las proclamas patrióticas con las reivindicaciones de tinte utilitario. Laura Vilagrà, consejera de la Presidencia, ha fijado la aprobación de una amnistía para los condenados, imputados y procesados por el procés como una condición imprescindible. Vilagrà defiende que los objetivos del Govern y de ERC son “ambiciosos” desde el punto de vista “nacional y social”, tanto en lo que respecta a la amnistía como a la autodeterminación. Por su parte, Pere Aragonès aprovechó este jueves otro descalabro en los trenes de Rodalies (Cercanías) para recuperar las reclamaciones sobre un traspaso en la gestión del servicio, acusando de “incapacidad” al Gobierno central".

Y: "“No se trata de quién domina el relato. Nosotros hemos demostrado que, si no cobramos por adelantado, no pactamos”, mantiene un portavoz de Junts. “Ellos han tenido la sartén por el mango durante cuatro años y no han sabido sacar provecho”, abunda la misma fuente, en alusión a la posición de influencia que han tenido los republicanos entre 2019 y 2023, con 13 diputados en el Congreso de los Diputados. Durante ese tiempo, el Gobierno indultó a nueve encarcelados por el procés, derogó el delito de sedición y reformó el delito de malversación para crear subtipos atenuados".

Como la venganza es un plato que se sirve helado, "Puigdemont plantea que el PSOE acuda a Waterloo a sellar un pacto de investidura", apunta El Periódico sobre una crónica de Fidel Masreal y Juan Ruiz Sierra: ""La democracia tiene su liturgia", dijo el martes Pedro Sánchez tras ser recibido por el Rey en la ronda de consultas que desembocó en el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como primer candidato a la investidura. El líder socialista intentaba así justificar por qué no daba pistas sobre las conversaciones con los partidos independentistas catalanes para asegurar su reelección como presidente del Gobierno. Al fin y al cabo, él no es todavía el aspirante oficial. Detenerse en esos esfuerzos, argumentó, resultaba “prematuro”. Pero las negociaciones con ERC y Junts ya han comenzado, con el primer hito del pacto que convirtió a la socialista Francina Armengol en presidenta de la Cámara baja gracias a los votos de republicanos y posconvergentes. En el caso de Carles Puigdemont, esa “liturgia” a la que hacía referencia Sánchez viene condicionada por sus circunstancias personales".

Y: "El expresident de la Generalitat sopesa pedir al PSOE que el posible pacto de investidura se escenifique con un acto en Waterloo, la ciudad belga en la que reside tras su huida de la Justicia, junto a un dirigente socialista de alto rango. Varias fuentes de la dirección de Junts confirman este planteamiento. Consultado al respecto por este diario, Puigdemont se limita a afirmar que no quiere hacer declaraciones. En el PSOE, mientras tanto, no descartan una cita de este tipo. Fuentes socialistas al tanto de la negociación señalan que Junts no les ha hecho llegar una petición de este tipo. Evitan aclarar si estarían dispuestos a acudir a Waterloo, pero tampoco cierran la puerta. “Todavía es muy pronto para pensar en algo así”, señalan".

Pero hay más noticias. Por ejemplo, "Los carísimos cursillos de liderazgo de los altos cargos de TV3 y Catalunya Ràdio". Este es el titular de apertura de Crónica Global, una información de Aleix Mercader que arranca así: "La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio, se gastará 346.000 euros en cursillos de liderazgo para sus altos cargos. Los seminarios tendrán una duración de ocho horas y se llevarán a cabo presencialmente en las instalaciones de la tele y la radio públicas. Según consta en el portal de contratación pública, la CCMA ha sacado a concurso "diversos programas de formación para sus directivos y mandos sobre habilidades dirigidas a la mejora y desarrollo de su rol directivo y de gestión de equipos" [puede verse aquí]".

Sigue Mercader: "Se trata de cinco lotes con títulos como "acompañamiento al rol" o "transformación y gestión del cambio". Cada uno viene acompañado de una prolija descripción sobre las habilidades que se pretende inculcar a los profesionales, basadas fundamentalmente en el team building entre superiores y subordinados. A modo de ejemplo, el quinto lote, titulado "gestión de equipos y liderazgo", incluye "aquellas actividades formativas relacionadas con aprender herramientas que permitan a los responsables de equipos mejorar actitudes y comportamientos que les den seguridad para promover la motivación, lealtad, autoexigencia, proactividad, responsabilidad, compromiso, autonomía, cooperación y rendimiento de sus equipos". En el caso del tercero, enfocado en las "conversaciones eficientes", la enseñanza versará sobre las "diversas técnicas de comunicación y relación para mantener conversaciones constructivas con las personas con el objetivo de generar relaciones equilibradas". Todo ello con el fin de "aprender a gestionar adecuadamente las diversas situaciones que se puedan producir"".

Pues fenomenal, aunque se echa a faltar un seminario sobre lenguaje inclusivo, protocolo en las celebraciones y gestión emocional del puta España. Ya que nos sobra la pasta...