La investidura y un septiembre tormentoso

"Asalto judicial" a la consejería de Economía... Una manera alternativa de contemplar aquello sucesos. El caso es que para demostrar que septiembre es un mes diabólico y no por el fin de las vacaciones, "Òmnium y la ANC llaman a una manifestación masiva el 11-S: 'No puede parecer que ya estamos contentos'", advierte un titular de El Nacional. El texto es de Nura Portella: ""El 11 de septiembre la ciudadanía tiene que salir a pedir la independencia. No puede dar la sensación que nos conformamos en que nos dejen hablar en catalán al Congreso o que con que nos den una amnistía y todo el mundo se pueda ir a casa ya estaremos contentos. Tenemos que demostrar que queremos alguna cosa más, que queremos la independencia", ha dejado claro la presidenta de la ANC desde Prada. La manifestación del 2022 estuvo rodeada de polémica por la decisión de ERC y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de no asistir. Feliu ha quitado hierro a esta situación y ha recordado que "el llamamiento es a toda la ciudadanía independentista, todo el mundo es bienvenido". "No se hacen invitaciones personalizadas", ha añadido con tono irónico a Feliu".

Cué apunta un párrafo después que "Sánchez y su equipo tendrán que jugar a varias bandas a la vez, como siempre, y centrarse en cuestiones relevantes del modelo territorial español, como la reforma de la financiación autonómica o concesiones para un mayor autogobierno. Pero la negociación más difícil será sin duda con los independentistas catalanes, en especial con Junts, que ha estado fuera de la mayoría parlamentaria que sostenía al Gobierno en los últimos cuatro años y ahora tiene que incorporarse o no habrá investidura. Los números hacen que Sánchez necesite el sí de Junts para ser presidente, y eso es lo que ya se está empezando a buscar. Pero cada movimiento con Junts debe pensar también en ERC, siempre pendiente de cualquier concesión a su rival electoral, con el que rompió de forma brusca el año pasado hasta sacarlo fuera del Govern de la Generalitat. La clave de esta última negociación será la amnistía que piden los independentistas para los implicados en el procés independentista catalán. En una comparecencia en La Moncloa, el propio Sánchez dejó claros los límites de esa negociación. El presidente ya no cierra abiertamente la puerta a esa amnistía (que eliminaría no sólo las penas de los ya condenados sino los delitos cometidos, y libraría de juicio a los fugados y procesados), aunque deja claro que cualquier cosa que se haga será dentro de la Constitución. Aún está todo por negociar y nadie sabe hasta dónde llegará el acuerdo, pero sí está cada vez más claro que el alivio penal a los implicados en el procés, en línea con lo que ya se hizo con los indultos y la reforma de los delitos de sedición y malversación, será el eje de la negociación y la clave de bóveda para lograr la investidura. (...) “Vista la situación en Cataluña, y visto el resultado del 28-M y del 23-J, parece evidente que la sociedad catalana apuesta definitivamente por el reencuentro y la convivencia. Vamos a mantener la coherencia con lo que hemos venido haciendo. El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, contestó cuando le preguntaron por primera vez por la amnistía, dejando todo abierto".

La Exposición de Motivos de esa primera versión de la ley también hacía referencia a los agentes imputados, y en unos términos de concordia habituales en leyes de amnistía: «[La ley] también abraza a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad», se indicaba, resaltando que se beneficiarían todos los agentes que «con ocasión de actuaciones de investigación de cualquier índole, o de impedimento de la realización de los hechos mencionados al principio, se hayan visto inmersos en procedimientos penales, disciplinarios o de cualquier otra índole, ya estén en curso o hayan concluido con condenas o sanciones»".

Y: "Tampoco estas afirmaciones llegaron al texto del Congreso, en el que no solo desaparecen, sino que endurecen las referencias a la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1-O, justificando que sean excluidos de la amnistía. Así se desprende de una referencia a la amnistía de 1977 introducida en la proposición, que no aparecía en el texto inicial. Se afirma que esa norma permitió excarcelar a presos políticos, «pero también mantener la impunidad de los crímenes de la dictadura». Y que tanto la ONU como desde ámbitos «europeos» se ha sostenido que no es aceptable amnistiar «violaciones importantes» de derechos humanos. Las menciones a las fuerzas de seguridad que se añadieron al texto registrado son especialmente duras: «El referéndum se celebró finalmente el 1 de octubre de 2017 con la participación de más de dos millones de personas, pero fue respondido con la violencia policial ejercida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre votantes indefensos, con grave afectación a los derechos humanos fundamentales»".