El Gobierno ha movido ficha y removido el tablero. La operación presenta derivadas varias: indulto, reforma del delito de sedición, veto al Rey y Presupuestos. El independentismo está entre descolocado y desbordado. Lo puso de manifiesto ayer el presidente de la Generalidad, Quim Torra, cuando se negó a responder una pregunta sobre el anuncio de indulto para los reclusos del 1-O del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso.
Venía Torra de no deponer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por reincidente en el tema de las pancartas propresos cuando se encontró con la pregunta. Y no quiso responderla porque venía a hablar de lo suyo, dijo, y porque no había evacuado aún consultas con Waterloo, que fue lo que no dijo.
Por una vez y sin que sirva de precedente, el independentismo actúa con una cierta prudencia. La posición oficial es que el indulto no les vale, que quieren la amnistía, pero ante el escenario cierto de la gracia real se tientan las entretelas y piensan aquello de que a caballo regalado no hay que mirarle los dientes.
"Los indultos dinamitan la estrategia de Puigdemont" titula de apertura Crónica Global sobre una crónica de María Jesús Cañizares que arranca así: "Mesa de diálogo, reforma del delito de sedición y tramitación de indultos. La oferta del Gobierno es tan envolvente que el núcleo duro de Carles Puigdemont ha enmudecido. PP y Ciudadanos hablan de rendición ante el chantaje independentista. Sea por una coincidencia temporal, sea por una estrategia calculada del PSOE, lo cierto es que el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre el inicio de la tramitación de las peticiones de indulto para los presos del procés ha dejado descolocado al independentismo más duro, consciente de que esa medida de gracia podría concretarse dentro de seis meses; esto es, en plena campaña de las elecciones catalanas".
En el actual contexto, la reforma del Código Penal que a bombo y platillo anunciaba La Vanguardia el domingo, explotaba El Periódico el lunes y seguía el Abc ayer se antoja hoy una cortina de humo, una maniobra de distracción del Gobierno para ocultar el auténtico órdago, dicho indulto.
Sin embargo, la operación no es sencilla. Así y en el referido Abc, Pedro García Cuartango anota los complejos escollos que debería superar el Ejecutivo para aplicar el indulto a los independentistas presos: "A tenor del contexto político y de las declaraciones de algunos ministros y dirigentes del PSOE y Podemos, cabe albergar pocas dudas de que el Consejo de Ministros acabará aprobando el indulto, pero no lo va a tener nada fácil porque la última palabra, la llave de la prisión por decirlo metafóricamente, la tiene la Sala Tercera del Supremo, que entiende sobre los recursos contencioso-administrativos contra las decisiones del Ejecutivo. Los indultos eran inamovibles hasta hace diez años, pero hoy ya no es así. Al menos dos sentencias de la Sala Tercera han cuestionado esa potestad como una prerrogativa absoluta y, por lo tanto, han creado jurisprudencia. Esos dos fallos dejan muy claro que el Consejo de Ministros no puede actuar con arbitrariedad".
Sigue García Cuartango líneas después: "Pero lo esencial es que el Gobierno no tiene el control de la decisión ni puede garantizar al independentismo catalán que Junqueras y sus compañeros serán indultados, porque ello depende en última instancia de la Sala Tercera del Supremo. Existen muchas posibilidades de que la Fiscalía y la Sala Segunda del Supremo se manifiesten en contra del indulto, por lo que es muy probable que el Gobierno se vea obligado a asumir el coste político de proceder al indulto en contra de esas dos instancias judiciales y luego sufrir un varapalo de la Sala Tercera. Si quiere ganar esta batalla, Sánchez tendrá que hacer pasar el camello por el ojo de la aguja. La Justicia es ahora el último reducto de defensa de la legalidad".
La operación gubernamental sobre los indultos causó también impacto sobre la oposición, que de entrada no acertó a reaccionar. En El Independiente, Ana Belén Ramos subraya que el anuncio no ha alterado las previsiones de Ciudadanos de negociar los Presupuestos con el Gobierno: "Toda la oposición coincidió en el diagnóstico de que las palabras del titular de Justicia no fueron precisamente casuales, sino más bien un discurso ensayado y planificado desde Moncloa para allanar las relaciones con el president Quim Torra en el marco de la celebración de la mesa bilateral con el Govern, aún sin fecha definida, y con el telón de fondo de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En el panorama político catalán no sólo ERC, sino también JxCat se ha apuntado a negociar con el Ejecutivo a cambio de importantes cesiones que no hace sino acabar con cualquier tipo de posibilidad de acuerdo con el PP y alejar al que se ha convertido en socio estratégico de Sánchez, y no tanto de Iglesias".
Sigue la pieza: "En la dirección de Ciudadanos están convencidos de que, a juzgar por la fotografía actual, la presión de Podemos está haciendo mella en el camino que habían andado con el ala socialista del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos 'moderados' y en sintonía con las exigencias europeas. Pero insisten en que no se borrarán de la carrera de la negociación tan fácilmente, a pesar de los 'más que trabajados intentos' por sacar a los de Arrimadas de la ecuación presupuestaria, según lamenta un dirigente consultado por este medio".
Las maniobras del Gobierno incluyen también el papel de la Corona. La vicepresidenta Carmen Calvo ha sacado pecho ante la decisión de Moncloa de impedir que el Rey presida la entrega de despachos a los nuevos jueces. José Antonio Zarzalejos apunta en El Confidencial que "Sánchez vetó la presencia del Rey en el acto de Barcelona por 'razones de oportunidad'", razones que se traducen en que "el presidente del Gobierno ha considerado 'inoportuna' la presencia de Felipe VI porque se produciría en una coyuntura 'especialmente complicada'. Las circunstancias que se citan para esta inédita negativa aluden a las posibles protestas, al fallo sobre Torra y las conversaciones para aprobar los PGE'. El texto de Zarzalejos empieza de esta forma: "Felipe VI no asistirá a la entrega de despachos a la promoción de jueces de 2020 en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona tal y como estaba inicialmente previsto y por primera vez desde su proclamación ante las Cortes Generales en junio de 2014. El año pasado, la entrega se celebró excepcionalmente en Madrid. Según fuentes de absoluta solvencia, el desplazamiento del Rey a la Ciudad Condal no ha contado, expresa y taxativamente, con el refrendo del presidente del Gobierno, al que le corresponde respaldar los actos del jefe del Estado, según establece el artículo 64.1 de la Constitución, de tal manera que la responsabilidad de esta inasistencia en un acto de gran significación para el poder judicial corresponde a Pedro Sánchez, conforme establece el mismo precepto de la Carta Magna: “De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”".
Sigue la nota: "Los desplazamientos institucionales del Rey en una monarquía parlamentaria no son discrecionales. Esa es la razón por la que todas las presencias del jefe del Estado de esta naturaleza cuentan con un ministro que acompaña a don Felipe. En este caso, correspondía el ministerio de jornada al titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Al acto está previsto que asistan este viernes, además del ministro, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, entre otras autoridades. Estas presencias institucionales describen por sí mismas la envergadura institucional del acto en el que ha vetado el presidente del Gobierno la presencia del jefe del Estado".
Más noticias. En El Mundo atizan al Ejecutivo con este titular: "Bruselas saca los colores a España: 'No han solicitado ayudas para el sector turístico'. La pieza es de Carlos Segovia, que escribe: "La Comisión Europea no tiene noticia alguna sobre algún plan de ayudas del Gobierno español específico para el turismo cuando ya han pasado más de seis meses desde el estallido de la pandemia y el inicio de presentación de proyectos por parte de otros estados. En una respuesta oficial a la que ha tenido acceso El Mundo, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, asegura: 'A fecha del presente escrito [23 de septiembre de 2020], las autoridades españolas no se han puesto en contacto con la Comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico'".
Continúa Segovia: "Es decir, que el equipo de la ministra de Industria, Reyes Maroto, ni siquiera se ha puesto en contacto con la autoridad que debe autorizar las ayudas en Bruselas. Contrasta con las múltiples declaraciones y anuncios de planes de ayuda al sector. Según la propia Comisión Europea, se han autorizado ya planes de apoyo concreto al turismo o al transporte a una decena de Estados miembros, desde Francia a Polonia. Al tratarse de ayudas de Estado requieren aprobación de la Comisión Europea para que no se vulnere la libre competencia, pero con la pandemia el sello de Vestager es fácil. Se aprobó uno a Dinamarca ya el pasado 11 de marzo, pero España no ha presentado solicitud alguna de permiso para dar ayudas".
Pandemia. "Madrid pide al Ejecutivo apoyo policial y militar “urgente”" titula una de sus piezas de portada El País. El texto viene con las firmas de J. J. Mateo y P. Linde: "La Comunidad de Madrid reclamó ayer al Gobierno central apoyo militar y policial 'urgente' para vigilar las restricciones a la movilidad impuestas en 37 zonas sanitarias desde el lunes, así como ayudar en la realización de test, instalación de carpas y labores de desinfección. El Ejecutivo regional se plantea ampliar las limitaciones a más áreas y reducir el aforo de los bares, pero se resiste a confinar todo el territorio, pese a las crecientes voces de expertos que lo defienden. Asimismo, Madrid reclama una reforma normativa para incorporar a 300 médicos de fuera de la UE. Las UCI de la región están ocupadas al 38%, pero un grupo de facultativos ha calculado que eso equivale al 95% de la capacidad ordinaria de esas unidades".
La situación en Cataluña es mejor, pero empeora a marchas forzadas, según cuenta Beatriz Pérez en El Periódico: "Es verdad que, dado que se hacen más pruebas, se detectan más positivos de coronavirus. Pero lo cierto es que la incidencia del covid-19 en Catalunya lleva días creciendo. Hoy mismo, el riesgo de rebrote, que mide el crecimiento potencial de la pandemia, ha ascendido a 194,25, frente a los 186,86 de ayer. Y en Barcelona se sitúa ya en 243,21 (224,37 el martes). Este índice va de 0 a 100 y se entiende que menos de 30 supone un riesgo de rebrote bajo; entre 30 y 70, moderado; entre 70 y 100, moderado-alto; y más de 100 se considera muy alto. Aun así, en julio este índice llegó a rozar los 500 en zonas como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)".
Sigue Pérez: "Además, también este miércoles el Plan de Emergencias de Protección Civil de Catalunya (Procicat) ha aprobado, tal como pedía la Conselleria de Salut, limitar las reuniones a un máximo de seis personas y no 10, número de gente que se podía congregar hasta ahora. Además ha decidido aplicar medidas restrictivas en la comarca de la Cerdanya (las mismas que se aplicaron hace una semana en Girona y Salt) y recomienda a sus habitantes no salir de casa. Entre estas restricciones están la reducción al 50% del aforo en los bares y restaurantes".
24 de marzo, santoral: Virgen de la Mercè, Catalina de Suecia, Maccartemio, Secúndulo de Mauritania y Severo de Catania.