Las dos Españas de la desescalada
Poco más de la mitad de los españoles pasarán de fase el lunes y podrán quedar con amigos y hasta tomar una caña en una terraza. En Madrid y Barcelona, no. Trump no usa tapabocas
9 mayo, 2020 09:33El 51% de la población española pasará el lunes de fase en el plan de desescalada de las medidas contra el coronavirus. La decisión del ministerio de Sanidad, avalada por un equipo técnico protegido por el anonimato, ha provocado una escandalera política en las regiones del furgón de cola. En Madrid se pretende que los criterios del titular de Sanidad, Salvador Illa, son de índole política.
En Andalucía también se censura que Málaga y Granada, potencias turísticas, queden confinadas en la fase cero. En Cataluña y Castilla y León, en cambio, las autoridades regionales están encantadas de que Madrid asuma sus criterios y su división territorial. Si las veguerías catalanas pueden parecer tan arbitrarias como las provincias, la comarcas de la vieja Castilla, "zonas básicas" de salud remiten al acervo pastoril.
El coronavirus actualiza el mito de las dos Españas, en este caso sanitarias. Las populosas Madrid y Barcelona, nudos de comunicaciones aeroportuarias y principales focos de infección, permanecen en reclusión forzosa. El resto del país, salvo las excepciones castellanas, levantinas y andaluzas, avanzan hacia la "nueva normalidad". El lunes ya se podrán celebrar quedadas de hasta diez personas, tomar cañas y deambular con cierta libertad. Hay luz al final del túnel. Lo de un día menos era verdad.
De la nota de apertura de El País, que firma Pablo Linde: "La mitad de la población española dará el lunes un paso más hacia la denominada nueva normalidad. Entre otras cosas, verán cómo abre el pequeño comercio, se podrán sentar a tomar algo en una terraza y podrán celebrar reuniones de hasta 10 familiares o amigos respetando las distancias de seguridad.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo públicas ayer las zonas del país que pasarán a la fase 1. Entre ellas no estará Madrid, foco de la pandemia en España, que lo había solicitado, y tampoco Barcelona ni gran parte de Cataluña, tal y como había pedido el Govern de Quim Torra. Asimismo, gran parte de la Comunidad Valenciana, y las provincias de Málaga y Granada, Ciudad Real, Albacete y Toledo. Las zonas que progresan en la desescalada se quedarán en esta nueva fase 14 días como mínimo. Las que no avanzan podrán solicitarlo de nuevo siempre que consideren que cumplen los requisitos solicitados por Sanidad".
En El Diario, Belén Remacha acentúa los criterios de la desescalada: "La población que vive en las zonas que pasan a la fase 1 constituye el 51% de la ciudadanía española, ha calculado el Ministerio. "Cuando el gobierno de España decretó el estado de alarma el 14 de marzo teníamos un incremento de contagio diario del 35%. Hoy es del 0,05%", ha dicho Illa, "y esto ha sido posible gracias al esfuerzo ejemplar de los españoles y de los profesionales". Ahora comienza una etapa de mucha "responsabilidad" y de "atender las recomendaciones sanitarias", sobre todo para las ciudadanos que pasan a la fase 1. Ha recordado los principios de esa actuación: la higiene, la distancia interpersonal y el uso de mascarillas cuando sea necesario, especialmente en el transporte público, donde ya es obligatorio. Y ha remarcado que el Ministerio va a tener como principio "la prudencia"".
Las implicaciones sociales y sobre todo económicas del plan de desconfinamiento paulatino aconsejan la reserva de identidad de los expertos que pilotan la compleja operación. También hay variables jurídicas que abundan en el secretismo. "El Gobierno exige confidencialidad a sus asesores de desescalada como escudo legal" titula El Confidencial en su pieza de apertura. Escribe Rafael Méndez: "El Gobierno ha blindado a un grupo de expertos que le asesoran y sus informes. Pese a que la ley de Salud Pública y la de Transparencia establece que sus informes y composición deben ser públicos, la veintena de expertos que asesoraron a la vicepresidencia de Transición Ecológica en la desescalada en Moncloa firmaron un documento que exigía confidencialidad, según fuentes conocedoras del procedimiento. Así, evita hacer público quiénes han diseñado la desescalada y se defiende del alud de demandas en preparación que podrían usar esos informes como armas contra el Ejecutivo. Sanidad también se reserva los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase".
Continúa la pieza: "La protección de los documentos oficiales está regida por una ley de 1968 que el PSOE prometió derogar aunque fuentes del Ejecutivo sostienen que no se ha recurrido a esta norma. Los comités de expertos que asesoran al Gobierno son un arcano. Los hay en distintos ministerios, pero no se puede saber con exactitud quiénes son. Moncloa hizo público un comité científico con mayoría de miembros subordinados de la Administración y solo dos procedentes de la universidad. El ministerio de Ciencia publicó en nota de prensa otro grupo. Pero el más numeroso, el de la desescalada, no existe oficialmente".
Por muy técnicas que sean las decisiones que amparan el desempeño de Sanidad, la bronca política está garantizada. Así y según titula La Razón, "El Gobierno niega la fase 1 a Madrid sin criterio técnico". La crónica de A. Rojo que acompaña ese enunciando no es, sin embargo, tan tajante: "«Esto no es una carrera», dijo ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, poco antes de ofrecer el listado de las regiones que pasan a fase 1. Pero lo cierto es que el mapa que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez contiene un zona conflictiva justo en el centro: Madrid y el hecho de que este bastión del PP no comience una desescalada que se antoja crucial a su Gobierno autonómico dirigido por Isabel Díaz Ayuso. En otra parte conflictiva del mapa de España tenemos a Cataluña que ha visto como todas las áreas sanitarias que solicitó que pasaran a la primera fase han recibido el visto bueno del ministerio dirigido por Illa. Tras estos hechos de transparente lectura política, tanto el titular de Sanidad del Gobierno de Sánchez como su adlátere Fernando Simón se preocuparon de apuntalar insistentemente que la decisión se han tomado en base a criterios estrictamente técnicos".
Por lo demás y en el ejecutivo regional de Madrid tampoco tienen claro por dónde sopla el aire. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado mantienen un pulso que resquebraja el pacto entre PP y Ciudadanos. Sin salir del diario de Planeta, Carmen Morodo escribe: "Esta crisis pone sordina al discurso del Gobierno regional contra las «zancadillas» de Moncloa y deja también en evidencia las «zancadillas» que se producen de manera fluida dentro del Gobierno de coalición. PP y Ciudadanos conviven por interés político, pero es una convivencia ya con bienes separados y sin que ninguna de las dos partes haga esfuerzo en disimular el divorcio, más allá de los formalismos de rigor. La fotografía del vicepresidente Aguado defendiendo que la Comunidad de Madrid estaba preparada para pasar de fase, mientras que Ayuso mostraba sus dudas y sus recelos, refleja el estado de tensión que existe dentro del Gobierno. Desde la parte popular acusan a Aguado de «deslealtad». La parte naranja acusa al equipo de Ayuso de unilateralidad".
A todo esto hay que añadir el factor económico, la desesperación empresarial ante la prolongación de las medidas más severas para luchar contra la mortal epidemia. En el ABC Carlota Barcala recoge algunas opiniones: "La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) alerta del «efecto devastador» que la crisis y el parón de la economía tendrán sobre el tejido empresarial y el empleo. «Siempre vamos a respetar cualquier decisión tomada por las autoridades sanitarias para proteger la salud de los madrileños, eso es lo prioritario, pero no podemos disimular la preocupación por la economía», dice el presidente, Miguel Garrido: «Va a ser duro esperar unos días más cuando ya teníamos la esperanza de volver a la normalidad»".
Sigue la pieza: "Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex), se muestra menos cauto y más contrariado por la decisión del Ministerio de Sanidad. «No pasar de fase es una barbaridad. Llevamos dos meses con las tiendas cerradas, lo que provoca una situación insostenible», dice el representante de la patronal textil, que reclama una exoneración en el pago de tributos y alquileres. Desde la Confederación del Comercio Especializado (Cocem) esperan que la decisión del Ministerio se deba solamente a «criterios objetivos de salud». «No puede ser que haya un debate que ya no sabemos si es sanitario, político o económico», afirma su presidente, Armando Rodríguez. «Si verdaderamente no se puede abrir, no vamos a decir nosotros que sí, aunque tengamos unas ganas enormes de pasar de fase», opina".
Y: "Los hosteleros serán otras de las grandes víctimas indirectas que dejará la pandemia. «Nos interesa el cuándo, pero más nos interesa el cómo», explica sobre la reapertura el presidente de restauradores de la Plaza Mayor y el Madrid de los Austrias, José Antonio Aparicio. «Lo estamos pasando mal y tenemos ganas de que en la cuenta de resultados dejen de salir los números rojos, pero debemos atender a la prudencia. Si los expertos consideran que debe pasar más tiempo es por algo», resume el hostelero".
Internacional. El virus tiene una singular predilección por cebarse contra quienes negaron su peligrosidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya no se toma a broma la pandemia, aunque se niega todavía a usar mascarilla. Parece como esos tipos rijosos que reniegan del preservativo. En La Vanguardia escribe sobre las cosas de Trump Beatriz Navarro: "La mañana del viernes, de nuevo, ha evitado cubrirse la cara y la nariz durante un acto con veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Washington: “El presidente se hace las pruebas de forma regular. Será él quien dedica si se pone mascarilla o no. Esos veteranos estaban protegidos y han decidido venir aquí porque han puesto su país por delante, querían estar con el comandante en jefe en este momento”, ha declarado su portavoz Kayleigh McEnany".
Continúa el texto: "Normalidad de puertas afuera pero no dentro de los muros de la Casa Blanca. La noticia de que dos empleados han dado positivo al test de la Covid-19 han puesto en alerta al presidente y ha provocado algunos cambios en las medidas de precaución en su entorno doméstico. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, los trabajadores encargados de servir la comida al presidente, la primera dama Melania y su hijo Barron, de 14 años, “han empezado” a llevar mascarillas, ha explicado el propio Trump en una entrevista telefónica con Fox News. Y en adelante, tanto él como el vicepresidente Mike Pence van a ser sometidos a un test diario del coronavirus, informaron fuentes oficiales, así como todo el personal que trabaja con ellos. No es un trance agradable: el propio Trump explicó hace poco que es como sentir “una cuchillada en el cerebro”".
Muchos futbolistas han emprendido los entrenamientos de cara a la reanudación de la Liga. Se baraja el 20 de junio.
9 de mayo, santoral: Beato de Vendôme, Dionisio de Vienne, Geroncio de Cervia, Gregorio Ostiense, Hermas, Isaías profeta y Pacomio.