Catalán en toda España y favor de Hacienda a Mas

En la pugna por capitalizar los efectos de la dependencia del Gobierno de los votos independentistas, Junts saca mucha ventaja a ERC. Míriam Nogueras no está en Madrid para hacer amigos, tal como ella misma se encarga de recordar cada vez que habla. En cambio, Gabriel Rufián pretende labrarse una carrera española.

Tal vez por esa diferencia de objetivos obtiene más resultados Junts que ERC. Nogueras no ganará nunca un concurso de simpatía ni se convertirá en una musa para los cronistas parlamentarios que tienen que ponerse un pinganillo para entenderla. Rufián, por su parte, está a otra cosa, la construcción de una gran frente de izquierdas al margen incluso de su propio partido.

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En este contexto, mientras Puigdemont acaricia sus gatos en la mansión de Waterloo, Nogueras hace el trabajo sucio con notable rendimiento. En ERC quien tiene que dar la brasa de pedir y pedir es Junqueras porque Rufián prefiere los juegos florales y la lírica parlamentaria.

De modo y efecto que los medios editados o elaborados en Madrid muestran su sorpresa y perplejidad ante el último logro de Junts, que los servicios de atención al cliente de toda España (de Almendralejo a Tarifa y de La Coruña a Cartagena) tengan que atender al personal en catalán si así lo solicita de manera oral o por escrito.

"Puigdemont se lanza a exprimir a Sánchez con el catalán y la inmigración en plena pugna independentista con Aliança Catalana", resume un titular de El Mundo.

En el sumario se indica que "El Ejecutivo forzará a las empresas a atender en la lengua autonómica a sus clientes y lleva a votación el traspaso de extranjería pese al 'no' de Podemos".

La información viene nada menos que con cuatro firmas, las de Víctor Mondelo, Gerard Melgar, Álvaro Carvajal y Paloma H. Matellano.

De su texto: "La formación neoconvergente reinició ayer el chantaje que viene practicando con el Gobierno desde el inicio de la legislatura y agrandó su botín al conseguir que el Ejecutivo socialista aceptara obligar a las grandes empresas estatales a atender en catalán a sus clientes si así se lo demandan".

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"A partir de ahora, un ciudadano afincado en Cataluña que compre a una empresa de otra autonomía podrá reclamar ser atendido en catalán agarrándose a la enmienda de Junts que el PSOE ha aceptado incorporar al proyecto de Ley de Atención al Cliente".

"Pero la presión sobre el Gabinete de Sánchez no cesará con esta última concesión, pues la próxima semana Junts llevará a votación en el Congreso la iniciativa legislativa acordada con el PSOE para el traspaso «integral» de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, a pesar de que Podemos ratificó ayer en que bloqueará su aprobación por considerarla «racista»".

Sigue la nota: "Una vez más la lengua y de nuevo la inmigración; pilares ambos del nacionalismo etnicista que los de Puigdemont vienen enarbolando en los últimos tiempos para intentar frenar la fuga masiva de votantes hacia el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols".

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"Según el último sondeo de Sigma Dos para El Mundo publicado el lunes, Junts podría perder hasta 11 de sus 35 diputados en el Parlament, mientras que Aliança se podría disparar de los dos hasta los 14. Un escenario tan catastrófico como inasumible para la formación heredera de Convergència y que pondría en cuestión la continuidad de Puigdemont al frente del partido, ya muy criticado desde su sector más pragmático, que dirigía el dimisionario Jaume Giró, y que espera una ocasión propicia para reactivarse y descabalgar al fugado".

"Conseguir las competencias de inmigración para Cataluña y poder reivindicar ante su población que ha sido Junts, y no Orriols ni el president socialista Salvador Illa, quien ha logrado ese sustancial paso hacia el autogobierno resulta capital para Puigdemont, quien ya ha advertido a Sánchez de que «este otoño pasarán cosas que no espera» si no cumple con los acuerdos pendientes de ejecución".

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Párrafos después, la crónica señala que "Junts ha encontrado en el boicot a las iniciativas impulsadas por Yolanda Díaz un nuevo método para debilitar al Gobierno y así empujar al presidente a acelerar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Puigdemont".

"La formación liderada por el prófugo bloqueó ayer la creación de la oficina anticorrupción que pretendía crear la vicepresidenta segunda del Ejecutivo -a imagen y semejanza de la ya existente en Cataluña- y que constituía otro de los emblemas de Sumar para esta legislatura".

"Se trataba de una medida que Díaz venía exigiendo a Sánchez desde hace más de un año y que, finalmente, el presidente del Gobierno aceptó impulsar dentro de su paquete para luchar contra la corrupción, que fue anunciado tras el escándalo de Santos Cerdán".

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Y: "Pero no saldrá adelante. Ni siquiera se va a tramitar porque el voto en contra de Junts, unido al de PP y Vox, fulminó a las primeras de cambio la proposición de ley. Lo mismo que sucedió la semana pasada con la reducción de la jornada laboral, que fue vetada".

La medida lingüística sobre la atención a los consumidores suscita este otro titular de El Español: "CEOE ve "un atentado a la libertad de empresa" exigir el catalán en la atención al cliente en toda España".

Escriben Alberto D. Prieto y Arturo Criado: "Las enmiendas pactadas entre Junts y el Gobierno al proyecto de Ley de Atención a la Clientela para imponer el catalán en estos servicios para toda España han soliviantado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Por principios y por pragmatismo".

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"Las fuentes consultadas en la cúpula de CEOE consideran, por un lado, que esta exigencia acordada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el partido de Carles Puigdemont representa "un nuevo ataque a la libertad empresarial" que afectará a las más de 6.000 empresas españolas con más de 250 trabajadores".

Según los datos oficiales más recientes del Ministerio de Industria, estas compañías representan menos del 1% del tejido empresarial nacional, pero concentran la mayor parte de la facturación y el empleo del país".

"Por eso, Juan Bravo, el vicesecretario económico del Partido Popular, lamenta, en conversación con El Español, esta reforma de la ley: "Este Gobierno y sus socios podrían, por una vez, proponer algo que no conlleve decrecimiento económico y pérdida de competitividad de nuestras empresas"".

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"Otro alto cargo de CEOE abunda en el argumento: "Pedimos a los políticos que dejen en paz a las empresas y no sigan dificultando su trabajo", expresa en declaraciones a este periódico. La medida generará un impacto directo en sectores clave como la banca, energía, telecomunicaciones y gran distribución".

Continúa la información: "Los representantes de los empresarios advierten del riesgo de que se produzca un peligroso efecto dominó con otras lenguas cooficiales. "Seguramente, el PNV y Bildu pedirán lo mismo para el euskera; y el BNG, para el gallego", alertan fuentes cercanas a la cúpula de la patronal".

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"Además, estos portavoces empresariales apuntan con sorna a que este eventual agravio, pactado en el proyecto de ley, podría extenderse hasta las instituciones europeas. "La Comisión Europea también podría mañana exigir que las empresas de más de 250 trabajadores atiendan en las lenguas oficiales de la UE", señalan las mismas fuentes consultadas".

"Para los altos cargos de CEOE, esta iniciativa constituye "una intromisión intolerable en la libertad empresarial". También destacan el elevado componente gravoso que la medida tendría para las compañías españolas "más allá de costes y gestión de plantillas"".

Líneas después se indica que "una de las modificaciones más relevantes establece que "la respuesta a las consultas, quejas, reclamaciones e incidencias se lleve a cabo en la misma lengua en la que se realizaron estas"".

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"Otra enmienda clave determina la obligación de que "los medios de interlocución de atención a la clientela figuren en los contratos", para que cualquier consumidor que lo solicite sea atendido en catalán, por vía oral o escrita".

"El ambicioso paquete de enmiendas negociado por los independentistas catalanes afecta de manera directa a todos los servicios básicos de interés general. La norma abarca todos los servicios básicos de interés general: compañías eléctricas, de suministros gas, de agua, de servicios de telecomunicaciones o aeronáuticas".

"También a las empresas ferroviarias, de transporte por autobús, las bancarias y de servicios postales".

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Y: "La obligación lingüística también se extenderá a cualquier empresa española con más de 250 empleados o que supere los 50 millones de euros de facturación anual. La adaptación normativa cubrirá tanto las comunicaciones verbales como todas las escritas entre la empresa y sus clientes".
Noticias del mundo independentista. "La Justicia obliga a Hacienda a retratarse por no investigar donaciones de 14 millones a Mas y Puigdemont", destaca Vozpópuli.

En el sumario se apunta que "La Agencia Tributaria no ha actuado contra ambos por el 'crowdfunding' millonario de ANC y Òmnium para pagar sus fianzas, condenas y defensas".

Escribe Mercedes Serraller: "La Justicia obliga a Hacienda a retratarse por hacer la vista gorda con Artur Mas, Carles Puigdemont y los exconsellers encausados por el procés por las donaciones millonarias que recibieron para sufragar fianzas, condenas y sus defensas".

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"En una sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ordena a la Agencia Tributaria (AEAT) que facilite el nombre de los funcionarios responsables de esta dejación de funciones, que fue puesta de manifiesto por una denuncia pública; y que se produjo a pesar de que un informe interno de la Inspección aconsejó actuar, según la doctrina que mantiene el Fisco para estos casos (que es considerarlas ganancias no justificadas en el IRPF)".

"Al superar la tributación resultante el importe de 120.000 euros, ello podría dar lugar además a la comisión de un delito de defraudación tributaria regulado en el artículo 305 del Código Penal".

Continúa el texto: "Artur Mas y Carles Puigdemont, junto con el resto de exconsellers y encausados por el desafío soberanista, han recibido donaciones por hasta 14 millones de euros de la Caja de Solidaridad abierta por ANC -por aquel entonces comandada por Jordi Sánchez- y Òmnium".

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"Estos pagos a los encausados se venían produciendo desde 2017, cuando el expresident Artur Mas hizo un llamamiento para cubrir los cerca de 5 millones de euros a los que le condenó el Tribunal de Cuentas junto con otros exconsellers, importe que consideró probado que fue el coste de organizar el referéndum ilegal del 9-N de 2014".

"Puigdemont, huido de la Justicia española desde el 2 de noviembre de 2017, se ha beneficiado de este crowdfunding millonario, que le ha permitido cubrir los gastos legales y los requerimientos de la Justicia española por el referéndum ilegal del 1-O, y que su sueldo como eurodiputado español, de cerca de 9.000 euros brutos mensuales, no fuera embargado".

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La información recoge también que "ha ganado el caso el abogado Esaú Alarcón, que el 22 de abril de 2020 presento a la AEAT una denuncia pública, mediante el título "Tributación ganancia patrimonial caja solidaridad Artur Mas", sobre estos hechos de "incontestable trascendencia tributaria" y que pudieran ser constitutivos de una infracción tributaria, inclusive, penal".

"El 20 de febrero de 2023 dirigió un escrito a la Unidad de Información de la Transparencia del Ministerio de Hacienda reclamando una serie de informaciones de su denuncia: si se habían seguido actuaciones, qué inspectores eran los responsables, la existencia de informes técnicos sobre el asunto, entre otras".

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Párrafos después se señala que "ni Puigdemont ni Mas han sido objeto de investigación por parte de la Agencia Tributaria estatal a pesar de que un informe de la Inspección de la Delegación Especial en Cataluña de la Agencia Estatal aconsejó actuar contra Mas y los exconsellers por ganancias no justificadas en el IRPF. Según ha podido saber Vozpópuli, este informe llegó finalmente a los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria en Madrid y se guardó en un cajón".

O sea que tanto quejarse Mas de que le habían embargado el piso y resulta que tiene enchufe con Hacienda.

Más historias sobre la singular relación de los amigos nacionalistas con el dinero. "La renuncia de Aragonès a su sueldo reabre el debate sobre las prebendas de los expresidentes de la Generalitat", titula El País.

Ahí está Aragonès, un héroe de la Unión Soviética que después de estar un año de descompresión del cargo cobrando unos cien mil euros, en un rapto de generosidad con el pueblo llano ha decidido renunciar a la prestación. ¡Qué grande!

El hombre ha decidido trabajar, que en su caso significa ponerse al frente del grupo hotelero de la familia. Nada, una empresita con ocho establecimientos y con el muy catalán nombre de Golden Hotels & Experiences. Y es que los Aragonès tienen bula para rotular su negocio, sus hoteles y sus establecimientos como les salga del níspero, a diferencia del resto del mundo.

La información en el citado medio es de Camilo S. Baquero y Bernat Coll: "“De la política institucional se debe poder —y querer— salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina”, aseguró Aragonès en el comunicado en que explicó su renuncia al sueldo, equivalente al 80% de los 132.000 euros brutos anuales que devengaba como president".

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"El republicano, fuera del cargo hace 13 meses, solo ha cobrado un año de esa asignación, de los cuatro a los que tiene derecho. La ley, además, le permite tener una oficina que sí mantendrá (sus gastos fueron de 18.000 euros por cuatro meses) y una pensión vitalicia cuando le llegue el momento de jubilarse, equivalente al 60% del sueldo como jefe de Govern y que ascenderá a unos 90.000 euros. Esta última, además, pasa a la viuda o viudo y a los descendientes menores de edad, si los hubiera".

"Tras su puesta en marcha, con el pujolismo avistando el fin y en un contexto político de líderes veteranos y legislaturas estables, el estatuto de los expresidentes no ha sufrido grandes cambios. La carpeta se había puesto sobre la mesa a raíz de la enfermedad de Pasqual Maragall y, posteriormente, también estuvo en el tintero cuando la condena por prevaricación e inhabilitación de Laura Borràs como presidenta del legislativo catalán abrió el interrogante sobre si era merecedora o no de las prerrogativas".

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"La decisión de Aragonès, que accedió al cargo solo con 40 años de edad, vuelve a centrar el debate en la perspectiva vital y de cambio social de una figura a la que, como ocurre en los Estados europeos, se le quiere dar relevancia política una vez acaba su mandato".

"Cataluña suma cinco presidentes en los últimos 15 años (Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès y Salvador Illa), frente a los tres (Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla) que alcanzaron la Generalitat en los 30 años anteriores. Los presidentes de la Cámara han sido 15, aunque en dos casos no han tenido derecho a las prebendas".

La decisión de Aragonès ha reabierto el debate y desempolva una iniciativa del PSC que si bien estaba orientada solo a los presidentes de la Cámara, los Comunes y ERC quisieron en su día extender también a la jefatura del Govern".

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"“La ley se aprobó en otra época y el contexto actual es distinto”, ha defendido este martes la portavoz del PSC en la Cámara, Elena Díaz. “Tenemos que agradecer el gesto del president Aragonès. Siempre está a la altura de lo que se debe hacer”, ha celebrado desde las filas de ERC, Ester Capella".

Por supuesto. Aragonès se merece que su nombre engalane calles, plazas y rotondas.

Más noticias. "Declaración conjunta de Govern, patronal y sindicatos por la financiación singular en pleno pulso con Montero", dice El Nacional.

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El texto es de Marta Lasalas: "El Govern quiere dejar claro que la reclamación de una financiación singular para Catalunya no es exclusivamente una reivindicación política, sino que incluye también a los agentes económicos y sociales del país".

"Este martes en el marco del Consejo de Diálogo Social, patronales y sindicatos han mostrado el apoyo al Govern de Salvador Illa para conseguir "los acuerdos que permitan el impulso de un modelo de financiación singular de Catalunya en el marco de la reforma del sistema de financiación y a la asunción de competencias del IRPF por parte de la Generalitat". La declaración cuenta con el apoyo de UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, PIMEC y Foment del Treball".

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"El nuevo modelo de financiación singular es el punto clave del acuerdo cerrado en agosto del año pasado entre PSC y ERC para garantizar la investidura de Salvador Illa. No obstante, las reticencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han ralentizado el tema hasta el punto que Esquerra presentó la semana pasada en el Congreso su propia propuesta para que Catalunya recaude el IRPF sin esperar el acuerdo con los socialistas".

"El presidente del partido, Oriol Junqueras, ha advertido que no votará a favor de los presupuestos ni de la Generalitat ni del Estado si su propuesta no prospera. Por el contrario, desde el Ministerio de Hacienda se asegura de que la propuesta es inasumible y se está preparando un texto alternativo. En esta tesitura, en que el Govern aparece atrapado entre ERC y el Ministerio, se ha producido la reunión del Consejo Económico y Social".

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"La declaración señala que la propuesta que impulsa el Govern es "un punto de partida hacia un modelo de financiación más claro, transparente, respetuoso con los principios de solidaridad y ordinalidad, y que reconozca la singularidad de Catalunya"".

Y: "Asimismo, hace un llamamiento, en un toque de atención a Junts, "a todas las partes implicadas para que avancen en la concreción y aprobación de un nuevo modelo de financiación para Catalunya tan pronto como sea posible, con el consenso político necesario para hacerlo realidad"".

Actualidad local de la capital catalana. "El Govern ultima su gran estocada a los competidores de los taxistas de Barcelona", avisa La Vanguardia.

Escribe Luis Benvenuty: "El Govern de la Generalitat ultima su estocada definitiva a los principales competidores de los taxistas catalanes. Arrancó este mismo martes la tramitación de la próxima ley de transporte de pasajeros en vehículos de hasta nueve plazas, de una nueva ley del taxi llamada principalmente a barrer del área metropolitana de Barcelona el sistema que Uber, Bolt Cabify otras multinacionales vienen aplicando en tantas otras grandes ciudades del planeta".

"Si todo sale adelante tal y como en estos momentos tiene previsto el Govern, tal y como adelantaron este martes representantes del departament de Territori, los vehículos de alquiler con conductor también conocidos como VTC dejarán de funcionar a efectos prácticos como taxis por las calles de la capital catalana y únicamente podrán contratarse como servicios especiales con al menos un par de horas de antelación. Su papel será entonces el de llevar a la gente a una boda, un bautizo o una feria comercial".

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"De manera que Uber, Cabify y Bolt tendrán que cambiar su modelo de negocio por estas latitudes, operar principalmente a través de taxistas que accedan a trabajar con sus aplicaciones a cambio de pagarles una comisión y asumir las tarifas oficiales dictadas por las administraciones públicas. El precio de la carrera no podrá fluctuar entonces en función de las leyes de la oferta y de la demanda".

Y: "Los taxistas, por su parte, se verán obligados a realizar una catarsis. No podrán rechazar ningún servicio, cualquier trapicheo les saldrá muy caro, las multas por engañar a los usuarios se verán multiplicadas, algunos hasta tendrán que estudiar catalán y obtener como poco el nivel B1... y si la flota actual no es capaz de asumir la demanda ciudadana tendrán que aceptar que se habiliten nuevas licencias de taxi y repartir el pastel entre más gente. Taxis y coches de alquiler con conductor incorporarán una especie de caja negra que permitirá controlar sus movimientos".

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17 de septiembre, santoral: Adriana de Frisia, Roberto Berlamino, Hildegarda de Bingen, Columba de Córdoba, Francisco María de Camporosso, Lamberto de Lieja, Manuel Nguyen Van Trieu, Pedro Arbués, Reinaldo de Mélinais, Rodrigo de Argona y Sátiro de Milán.