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Rectorado de la UPC / UPC

La UPC recurrirá la anulación de su manifiesto contra el Tribunal de Cuentas por el 'procés'

El claustro de la Universitat Politècnica de Catalunya considera una "injusticia" las fianzas impuestas a sus profesores y exdirigentes de la Generalitat Andreu Mas-Colell y Albert Carreras

Ricard López
2 min

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la sentencia que anuló el acuerdo de su claustro del 14 de septiembre de 2021, que se posicionó en contra las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a excargos del Govern por los gastos de la Generalitat para la promoción internacional del procés secesionista catalán.

Así lo ha anunciado esta universidad en un comunicado este viernes, en el cual recuerda que dicho acuerdo denunció "la injusticia del procedimiento" (sic) abierto por el Tribunal de Cuentas a los profesores Andreu Mas-Colell --exconseller de Economía de la Generalitat de 2011 a 2016-- y Albert Carreras de Odriozola, exsecretario de Economía y Finanzas (2011-2013) y secretario genera la Consejería de Economía y Conocimiento del Govern (2013-2016) durante el mandato de Artur Mas.

Partidismo y falta de neutralidad

El juzgado contencioso-administrativo 13 de Barcelona condenó este jueves a la UPC por violar la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores. La sentencia anuló el acuerdo partidista del claustro, que además de rechazar las fianzas impuestas a los dos exdirigentes del Govern por el procésse “solidarizaba con los afectados” y se adhería a una declaración del Institut d’Estudis Catalans que se expresaba en el mismo sentido.

En su día, Universitaris per la Convivència emitió un comunicado reprobando esta actuación del claustro, muy semejante a otras llevadas a cabo por varias universidades catalanas, y por las cuales han sido condenadas en sede judicial por su partidismo favorable los dirigentes de la Generalitat.

La sentencia también obliga a la UPC a publicar en su web la decisión del juez durante un mes y le impone el pago de las costas procesales hasta un límite de 300 euros.