El Síndic de Greuges vuelve a hacer de 'abogado' de la Generalitat contra el 155

El Síndic de Greuges, organismo creado por la Generalitat en 1984 para que la ciudadanía pueda presentar sus quejas sobre las administraciones públicas, ha vuelto a salir este martes en defensa del gobierno catalán a cuenta de la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la DUI del 27 de octubre de 2017.

Rafael Ribó, titular del cargo, ha insistido hoy que la intervención de la autonomía catalana fue "inconstitucional", y ha arremetido contra la gestión del Gobierno español durante los meses que duró la intervención propiciada por la declaración unilateral de independencia.

"No podían ser destituidos"

En su comparecencia en la comisión de investigación del 155 en el Parlament, Ribó ha afirmado que este artículo no contempla medidas como disolver el Parlament y destituir al Govern, porque a su entender afecta "al derecho de participación de los cargos públicos y a las personas que votaron para elegir al Parlament".

El equivalente al Defensor del Pueblo en Cataluña ha considerado que el 155 "no prevé la limitación de ningún derecho colectivo ni individual, e incluso los cargos públicos no pueden ser destituidos".

Intervención financiera

Ribó ha descalificado con insistencia la intervención de la autonomía, ya que a su juicio "provocó retrasos en la administración". Y ha destacado las políticas públicas de la Generalitat que quedaron paralizadas o retardadas por el 155, en cuestiones como la memoria democrática, la defensa del colectivo LGTBI y mejoras laborales para agentes forestales.

El Síndic --a quien siempre se ha reprochado su inacción y pasividad en otras cuestiones como las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament el 6 y 7 de septiembre de 2017--, ha criticado también la intervención financiera de la Generalitat que se produjo después de la declaración de independencia por parte de sus dirigentes. Lejos de denunciar sus acciones, ha criticado que "el 155 agravó la intervención presupuestaria", lamentando además que la autonomía económica que tenía el Govern en los últimos años ya era reducida.

En su opinión, la intervención financiera de la Generalitat no comenzó con el 155, sino el 15 de septiembre, cuando el Gobierno central obligó al catalán a justificar mensualmente todos los gastos, ante las evidencias de su intención de llevar a cabo el referéndum ilegal independentista del 1-O.

'Dardo' a Borrell

Además de defender a capa y espada a la Generalitat, Ribó ha calificado de "aberrante" que el presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, haya afirmado que el Estado de Derecho se basa en la unidad de la patria, y ha apelado al artículo 1 de la Constitución, que dice que España es un Estado social, democrático y de Derecho. "Todo debe ser discutible, también la unidad de la patria", ha dicho el Síndic.

También ha cargado contra el ministro de Exteriores, Josep Borrell, uno de los mandatarios más criticados por parte de los dirigentes independentistas. Y le ha instado a atender la petición del comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, que reclamó al Gobierno que investigara las acusaciones a los cuerpos de seguridad del Estado de hacer un uso desproporcionado de la fuerza durante el referéndum ilegal del 1-O.

Críticas a su gestión

Ribó, acusado a menudo de falta de ecuanimidad por parte de los partidos de la oposición en Cataluña, ha recibido de nuevo críticas por su posicionamiento favorable al gobierno independentista. El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicado que han propuesto en el Parlament aprobar una ley para regular su jubilación --el actual tiene 73 años, y lleva casi 15 en el cargo--, una mayor independencia política, y una exigencia de formación específica sobre administración pública y Derecho.

Carrizosa ha acusado a Ribó, de estar "en comités de dirección que llevaron a cabo el golpe a la democracia" --en referencia a comités de organización del 1-O--, y de no haber hecho informe alguno sobre la vulneración de derechos que se produjeron a partir de los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017.