La pobreza severa aumenta en más de 100.000 personas en un año en Cataluña

El 15 de septiembre de 2017 entró en vigor la ley de creación de la Renta Garantizada de Ciudadana (RGC), llamada a ser el proyecto estrella del Govern para combatir la pobreza severa en Cataluña. Tras dos años de aplicación, sus promotores, las entidades sociales y la oposición política denuncian la gestión caótica de la Generalitat, que rechaza más del 80% de las solicitudes. En paralelo, la desigualdad y la precariedad se cronifican en la comunidad catalana.

Lo demuestran los datos del propio Govern. Según Idescat, en 2017 la pobreza severa --personas cuyos ingresos son inferiores a los 350 euros al mes-- afectaba a un 5% de la población, es decir, a 380.000 catalanes. En 2018, ese porcentaje ascendía a un 6,5%, lo que equivale a cerca de 500.000 personas.

Evolución de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) / CG

“Ese aumento de más de 100.000 casos en un año es el mejor indicador del incumplimiento fragrante de la ley de la RGC”, denuncia a Crónica Global el portavoz de la comisión promotora de la ley, Diosdado Toledano. Esta plataforma recogió las firmas necesarias para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlament, con la finalidad de asegurar una prestación --664 euros-- a las personas que no tienen ningún ingreso. La entonces consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, fue la encargada de oficializar ese proyecto, presentado como uno de los grandes avances sociales de aquel mandato.

“Al Govern le importa un bledo la pobreza extrema”, afirma Toledano, quien asegura que el 80% de las solicitudes son rechazadas, sin que la Consejería --que ahora sigue en manos de ERC, con Chakir El Homrani al frente-- dé explicaciones.

Portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano

“El problema no es la ley, es quien la aplica de forma perversa y restrictiva. La gente está destrozada y se ve obligada a buscarse la vida con trabajillos y ayudas de sus familiares. La mala fe de la Generalitat llega al extremo de que obliga a los solicitantes a descontar esas ayudas de la RGC”, afirma Toledano.

El Parlament aprobó hace varias semanas una iniciativa en la que se instaba a la Generalitat a revisar todos los casos que han sido rechazados. “No lo ha hecho, y cuando pedimos información, nos la niegan. La ley contempla la Renta como un derecho subjetivo, no depende de los presupuestos, e incluso prevé la ampliación del crédito si es necesario. Abocan a los afectados a un periplo judicial con la finalidad que desistan”, afirma.

Tal como publicó este medio, la propia Generalitat ha reconocido la desatención a los demandantes. La Comisión de Garantía del Derecho a la Información pública (GAIP) de la administración catalana ha dado la razón a la reclamación 360/2019 presentada por la citada Comisión promotora, después de que la Dirección General de Economía Social (DGES), dependiente de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se negara a proporcionar la información solicitada el pasado mes de abril.

Incumplimiento del Estatut

Las entidades sociales también han hecho balance de estos dos años de aplicación de la RGC. Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) --asociación que agrupa a 110 organizaciones sin afán de lucro que atienden a 962.700 personas al año-- considera que se “sigue sin dar cumplimiento al Estatut, que en su artículo 24.3 establece que las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada que asegure los mínimos de una vida digna”. Atribuye la deficiente aplicación de la ley a “la escasa determinación del Govern en lo que respecta a las políticas sociales” e insta a acelerar el despliegue y la aprobación del reglamento para flexibilizar los criterios y ampliar el alcance de la prestación”. 

Pobreza y precariedad laboral

Aluden a la última encuesta de Condiciones de Vida de Idescat, según la cual, el 21,3% de la población catalana está en riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña, “una cifra que empeora y que pone de relieve la necesidad de aumentar la inversión social”. “La pobreza se cronifica”, avisan desde ECAS, que en marzo hizo público el informe Insocat --que puede leerse en este enlace--, donde se demuestra ese repunte de las desigualdades.

Xavier Motis, solicitante de la RGC, en la redacción de Crónica Global

Por su parte, el Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya considera urgente contar con el reglamento y las mesas territoriales para mejorar el despliegue de la RGC y la coordinación entre la Generalitat y los entes locales. Según esta entidad, “la prestación no cubre el elevado número de familias vulnerables, mientras que con el futuro reglamento se podría incluir a personas que hoy se ven excluidas”. Y advierten de que, con una tasa de pobreza del 21,3% y el crecimiento de la precariedad laboral, la Renta “se debería modificar normativamente para ampliar su alcance y dar acceso a nuevos perfiles y trabajadores con salarios inferiores a la prestación”.

Marta Ribas, coordinadora nacional de ICV y diputada de Catalunya en Comú Podem / CG

La oposición política se muestra muy crítica con la gestión de la RGC y así lo ha denunciado en repetidas ocasiones en sede parlamentaria. Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú, recuerda en declaraciones a este medio que la RGC fue creada “como un herramienta de redistribución de la riqueza, como apoyo vital a quien no tiene nada. 600 euros no da para pagar un alquiler, pero te impide estar bajo un puente”. Sin embargo “La ley se está aplicando de forma restrictiva, en función de la disponibilidad presupuestaria, cuando en realidad, la Renta Garantizada es un derecho subjetivo”.

Ribas (Catalunya en Comú): "Falta voluntad política"

Ribas explica que cuando se elaboró la ley se calculó que su aplicación "supondría una inversión de 500 millones de euros. La partida destinada en 2018 se quedó en 300 millones. Faltan 200 millones. El Govern nos echa en cara que no pactáramos los presupuestos de 2019, pero la previsión era aumentar solo entre 70 y 80 millones”.

Ribas denuncia “la falta de voluntad política de la Generalitat, ese es el primer problema” y afirma que su grupo parlamentario seguirá batallando para exigir una mejor gestión de esas prestaciones.

El diputado del PSC Raúl Moreno / EP

El diputado del PSC, Raul Moreno, afirma que "después de dos años nos tenemos que plantear si hemos conseguido el objetivo de la ley y garantizar unos mínimos de vida digna a las personas de Cataluña, tal como establece el Estatut. Vistas las cifras y la evolución, ese objetivo no se ha cumplido. Y no he visto al Govern hacer autocrítica". No solo no se ha cumplido el objetivo, afirma, "sino que la pobreza ha aumentado en Cataluña, especialmente la infantil. El Govern no está por la labor de hacer políticas para solucionarlo”.

Moreno (PSC): "Ni 155 ni historias"

Moreno añade que “una ley que se aprobó hace dos años y que todavía no tiene un reglamento, previsto para el primer trimestre de 2020, es la demostración de cuál ha sido la gestión de la Generalitat. Ni 155 ni historias. Ya han pasado muchos meses. Nos pasaron un borrador de ese reglamento y no hemos vuelto a saber nada”.

El socialista recuerda que la Generalitat “ha tenido que contratar a una empresa para hacer la gestión de una de las herramientas más importantes para combatir la pobreza en Cataluña. Para hacer esta contratación han tenido que asumir que no hay capacidad de gestión”. La caja de la Generalitat, dice el socialista, “está vacía, según nos dice el vicepresidente Pere Aragonès. Parece que trabajan en un nuevo presupuesto, pero nosotros no hemos constatado en ninguna de las reuniones mantenidas que haya un aumento sustancial para ofrecer una Renta con las garantías necesarias. Todo parece indicar, desgraciadamente, que no tendremos una mejora sustancial y, más allá de maquillar las cifras, no parece que se vaya a revertir la situación de pobreza en Cataluña”.

De la Calle (Cs): "Hay una ausencia total de autocrítica"

La diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, tampoco hace un balance nada bueno de esos dos años. “El problema no es la ley, sino la mala praxis del Govern”, afirma. Coincide con Ribas en que la Consejería de Chakir El Homrani “hace una interpretación restrictiva, deniega la mayoría de las peticiones sin justificarlo. Y encima hay una ausencia total de autocrítica”.

La diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle / CG

La diputada denuncia “la falta de interés en temas sociales del Govern y su inacción total”, así como el gasto en propaganda independentista. La ausencia de un reglamento que desarrolle la ley, previsto para 2020, es otro de los problemas apuntados por la oposición parlamentaria. “La RGC es la última red de seguridad de personas en situación de pobreza, un problema que se está cronificando en Cataluña”, dice De la Calle.