Lo que se esconde detrás de los observadores del juicio del 1-O

Uno de los empeños del independentismo es colar observadores internacionales en el juicio del 1-O que se ha reanudado esta semana, con los acusados sentados ya en el banquillo. El objetivo es doble: cuestionar la Justicia española e implicar en ello a la opinión pública de otros países.

Con esa finalidad se creó Internacional Trial Watch, una plataforma que a pesar de su cosmopolita nombre está integrada por asociaciones barcelonesas y que ayer intentó de nuevo colocar a seis observadores en la sala de vistas. Tres de ellos llegaron incluso a ponerse la toga, pero el Tribunal Supremo les obligó a quitársela --pues solo los abogados defensores pueden llevarla-- y les relegó a la condición de público. Se trata de los franceses Dominique Nogueres y Alexandre Faro; el italiano Fabio Marcelli; el belga Frederic Ureel y el estadounidense Bill Mozdzierz; y los españoles Javier Pérez Royo y August Gil Matamala --padre de la actriz Ariadna Gil--.

El rechazo del Supremo

El Alto Tribunal fue muy claro en su rechazo a la presencia de observadores internacionales, dado que el juicio se puede seguir en directo por televisión. No obstante, Internacional Trial Watch insistió en pedir una entrevista con el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, en la que subrayaba su "independencia y autonomía institucional, política y económica, respecto de todo organismo, así como de las partes del proceso".

Sin embargo, esta plataforma parte de la premisa de que "las actuaciones judiciales llevadas a cabo hasta el momento y los hechos descritos en las acusaciones, han llevado tanto a las defensas, como a juristas españoles y organizaciones internacionales a cuestionar que el proceso se haya desarrollado con el debido respeto a los derechos fundamentales; como el derecho a la libertad de expresión, a reunión y manifestación, a la participación política y a la libertad ideológica. También especialmente el derecho a la libertad, por el uso de la prisión provisional". Así mismo "se ha cuestionado el debido respeto al principio de legalidad penal, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho al juez imparcial, y el derecho a defensa”.

Forman parte de International Trial Watch las entidades Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Col·lectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact y el Observatori del sistema penal i els drets humans de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asociaciones todas ellas que se han manifestado a favor del derecho a decidir.

Boicot a los magistrados del Supremo

El Col·lectiu Praga ha sido muy crítico con la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena e impulsaron un manifiesto titulado Basta! Libertad!, donde niegan la existencia del delito de rebelión. Asimismo expresó su rechazo a la presencia de magistrados del Supremo en un reciente acto en la Universitat de Barcelona, que fue objeto de un intento de boicot.

Asimismo, el presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra el reino de España por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La demanda fue rechazada. Esta entidad, junto a Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans y Novact apoyaron el informe España - Cataluña, más de diez años de conflicto político, más de un año de violaciones de derechos humanos y de represión.

Los convenios con el Ayuntamiento

Asimismo, Irídia es una asociación muy vinculada al Ayuntamiento de Barcelona, de la que ha recibido subvenciones durante los años del procés. Fue fundada en 2015 por Mariana Huidobro, la madre del activista Rodrigo Lanza, protagonista del documental Ciutat Morta y que cumplió dos años de cárcel por la agresión que dejó tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en 2008. Lanza será juzgado por la muerte de Víctor Laínez en Zaragoza, un crimen supuestamente político por el que el fiscal solicita 25 años de cárcel.

La madre de Lanza presidió Iridia entre septiembre de 2015 y noviembre de 2017. Entre las subvenciones recibidas figuran 4.500 euros por un programa de atención a víctimas de vulneraciones de derechos humanos en las prisiones; 12.747 euros por el proyecto Frontera Sur, sobre la reconstrucción del modelo de fronteras basado en el respeto a los derechos humanos, y 20.000 euros por Saidavi (Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional), único en su especialidad en Cataluña. Al respecto, el Ayuntamiento de Barcelona firmó en 2016 un convenio con Saidavi por valor de 30.000 euros.