Quién es quién en el independentismo judicial

El activismo independentista tiene un poderoso aliado: el mundo jurídico. Desde 2012, el procés ha dado lugar a la proliferación de asociaciones de jueces, abogados y profesores de derecho partidarios del derecho a la autodeterminación y muy críticos con el encarcelamiento de dirigentes independentistas.

En algunos casos, el apoyo a la causa se ha traducido en propuestas de boicot a actos protagonizados por jueces del Tribunal Supremo --Col·lectiu Praga--; la elaboración de una Constitución catalana --Construïm--; la creación de un nuevo partido en torno a la figura de Carles Puigdemont --Associació Atenes-- o la cobertura legal a la Oficina del Govern Legítimo de Cataluña, en Bélgica --Drets--. La lista es larga, pero a continuación está la relación de las diez más importantes.

1. Col·lectiu Praga

Su objetivo es contribuir "con argumentos jurídicamente fundamentados" al debate sobre el ejercicio del derecho a decidir de los catalanes sobre su estatus político colectivo. Está formado por juristas vinculados al mundo académico, es decir, catedráticos y profesores, como el mediático Joan Queralt y Pere Sol, letrado del Parlament.

Han sido muy críticos con la instrucción del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena e impulsaron un manifiesto titulado Basta! Libertad!, donde niegan la existencia del delito de rebelión. Apoyaron el llamado "Derecho por la Convivencia”, a favor de un referéndum, y expresaron su rechazo a la presencia de magistrados del Supremo en un reciente acto en la Universitat de Barcelona, que fue objeto de un intento de boicot.

2. Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils

El despacho del abogado Joaquim Jubert, situado en la avenida Diagonal de Barcelona, figura como sede de la Associació Atenes Juristes pels Drets Civils. Jubert es tesorero de Moviment 1 d’Octubre, creado por el entorno del expresidente Puigdemont e inscrito el pasado 14 de mayo en el registro de partidos del Ministerio de Interior. Preside dicha formación el abogado Jordi Ferres, exdirigente de CDC, mientras que el secretario es Agustí Colomines, exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat, de la Fundación CatDem vinculada a CDC e ideólogo del club de Puigdemont.

Esta asociación independentista firma una querella presentada el 13 de abril pasado en el Tribunal Supremo contra 20 magistrados a los que acusa de un delito continuado de prevaricación por su supuesta afinidad con el PP. No obstante, la asociación se inscribió en el registro días después, el 25 de abril. Está firmada por Elpidio Silva, el controvertido juez inhabilitado por su actuación en la instrucción del caso Blesa.

3. Servidors.cat

La asociación, creada en octubre de 2017, está presidida por la letrada Yolanda Hernández y su tesorero es el profesor de Derecho Administrativo Lluís Xavier Toldrà. Hernández fue abogada de la Generalitat y, tras el acceso a la presidencia de Artur Mas, firmó el escrito en el que pidió al juez del caso Palau no imputar a altos cargos de Convergència Democràtica (CDC) por cobro de comisiones ilegales.

El objetivo de esta entidad es "contribuir al fortalecimiento y el buen gobierno de las instituciones públicas de Cataluña" y "defender los derechos y las libertades de las personas en sus relaciones con las instituciones públicas". Pero su cometido principal ha sido elaborar el llamado "inventario de daños" sobre las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

4. Àgora Judicial

El pasado mes de enero ocho jueces crearon esta entidad, que recientemente se ha pronunciado contra los escritos de acusación por el procés al considerar que "es notorio que no ha habido un levantamiento violento, general y deliberado para obtener la declaración de independencia".

Entre sus miembros figura Maria Josep Feliu, exsecretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat con Germà Gordó como consejero, y Juli Solaz, magistrado de la Audiencia de Barcelona e instructor del caso Palau. El embrión de esta asociación es el llamado “manifiesto de los 33”, suscrito en 2014 por jueces a favor de la consulta soberanista del 9N.

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Presentación del asociación Àgora Judicial

5. Drets

El presidente de este colectivo, Sergi Blàzquez, ha expresado su apoyo a La Crida, el movimiento creado por Carles Puigdemont. Asimismo, ofrece cobertura legal a la Oficina del Govern legítimo de Cataluña en Bélgica.

Los juristas de Drets denunciaron en un manifiesto que "el encarcelamiento de los presidentes de la ANC, Sr. Jordi Sánchez y de Òmnium, Sr. Jordi Cuixart, del vicepresidente Oriol Junqueras y los consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Jordi Turull y Joaquim Forn, no responde a criterios legales sino a un uso ideológico del Derecho que pone en evidencia la rotura del principio de la separación de poderes en España, el uso partidista de la Fiscalía, la vulneración de derechos fundamentales, la violación del derecho al juez predeterminado por la ley, y un abuso del derecho".

6. Constituïm

Muy activos en la organización del referéndum del 1-O, este colectivo trabaja en la elaboración de una Constitución catalana. Al mismo estaba vinculado el juez Santiago Vidal, que tuvo que dimitir como senador de ERC tras sus polémicas conferencias en las que aseguraba que el Govern tenía datos personales de los catalanes obtenidos de forma ilegal. La idea de esta asociación era elaborar un anteproyecto de Constitución "que pueda servir de punto de partida para el debate en la calle y en las instituciones sobre cuál es el país que queremos".

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El juez y exsenador de ERC Santiago Vidal

El borrador de Constitución catalana se entregó formalmente a la expresidenta del Parlament --hoy en prisión preventiva-- Carme Forcadell el 11 de mayo de 2016. A partir de ese momento, Constituïm se ha puesto al servicio de la Cámara catalana "como una herramienta más de trabajo para la redacción de la futura Constitución de la República".

7. Fòrum d’Advocacia de la Generalitat

Se presenta como una asociación profesional con carácter sindical nacida el 23 de abril de 2018, día de Sant Jordi, que apuesta por "un cambio de paradigma en la Administración pública y en la caracterización de sus servidores, en un contexto actual difícil de defensa de las instituciones catalanas ante la situación política, económica y social", en referencia a la aplicación del 155.

Junto a otras siete asociaciones de juristas, denunció la injerencia del Gobierno español cuando cuestionó la composición del primer ejecutivo de Quim Torra, integrado por consejeros que se encontraban en prisión provisional.

comunicado juristas

8. Col·lectiu Maspons i Anglosell

Se trata de la iniciativa de un grupo de secretarios, interventores y tesoreros de Administración local y abierto a todos los juristas. Su misión es desarrollar una forma de derecho público "muy diferente de la que hemos heredado del modelo vigente en el Reino de España --modelo tributario del derecho administrativo francés-- y hacerlo mucho más cercano al rule of law, modelo anglosajón similar al existente en Cataluña con anterioridad al Decreto de Nueva Planta".

Muy críticos con la "violencia desatada por los cuerpos policiales en la represión del referéndum", instaron al Parlament a aprobar la declaración unilateral de independencia (DUI).

9. Comissió de Defensa del ICAB

Este órgano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) sostiene que la autodeterminación de Cataluña "es un derecho inalienable" y aunque el actual marco de la Constitución española no lo contempla, afirma que en una sociedad democrática la ley es la expresión de la voluntad popular. Por ello apoyó la convocatoria del referéndum del 1-O y la aprobación de la DUI.

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Acto de juristas en favor del referéndum en el Colegio de Abogados de Barcelona

El equipo de gobierno del ICAB precisa que los posicionamientos de las comisiones no reflejan el sentir general de la institución que, aseguran, defiende la pluralidad. Sin embargo, un centenar de abogados no lo ven así y cuestionan la gestión de la decana Eugènia Gay por haber invitado a Artur Mas a un desayuno solidario.

10. Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya

Defiende "los derechos y libertades fundamentales de los catalanes y las instituciones". Se trata de abogados, procuradores, notarios, profesores universitarios, jueces, fiscales, asesores jurídicos, que --augurando la vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía de Cataluña antes del referéndum-- se organizaron por grupos en 14 demarcaciones de Cataluña "a fin de estar presentes a pie de urna en todos los colegios electorales ofreciendo a los catalanes asesoramiento jurídico".

Desde el 1-O, dicen, "las vulneraciones de derechos fundamentales por parte del Estado español a los ciudadanos y cargos electos ha seguido siendo una constante" por lo que "como juristas tenemos el deber de responder con todos los mecanismos legales que tenemos al alcance" y animan a estos profesionales "a alzar la voz".