La Generalitat pagó 113.000 euros en honorarios a los observadores internacionales del 1-O

La Generalitat pagó 112.993 euros a los 14 observadores internacionales contratados para supervisar el referéndum secesionista ilegal del 1-O.

Así lo recoge uno de los últimos informes entregados por la Guardia Civil a la justicia, en el marco de la investigación por una posible malversación de fondos públicos durante el procés.

52.000 euros para alojamiento y transporte

Los contratados por el Govern son diez expertos investigadores y cuatro administrativos de apoyo. Los primeros son Helena Catt --consultora electoral del Reino Unido y líder del grupo--, Lloyd Dalziel, John Ault, Michael Grange, Samuel Cunningam, John Caradog, Grandvoinnet Serafini, T. Duffy y Kippen Kimberli.

A los casi 112.993 euros citados como honorarios, hay que añadir otros casi 52.000 euros en los gastos de alojamiento y transporte.

Casi 20.000 euros, el que más cobró

La mayor parte de estos observadores han recibido dos, tres y hasta cuatro pagos de la Generalitat. El que más ha cobrado ha sido Lloyd Dalziel, 19.300 euros en total mediante cuatro pagos de 7.350 tres de llos más otro de 1.600 en cuatro fechas distintas, desde julio hasta octubre. John Ault es el segundo observador más caro. Cobró 16.450 euros también en cuatro pagos, tres de 6.260 y uno de 700 euros, que se realizaron en julio, agosto y octubre.

Samuel Cunningham recibió 13.947 euros de tres veces, dos pagos en agosto y otro en octubre. Le sigue Kimberly Kippan, que se llevó 12.023 euros y Michael Grange, 11.929 euros. A John Caradog le hicieron dos pagos --en septiembre y octubre-- por una suma de 10.024 euros, a Helena Catt le abonaron 8.775 euros, a Grandvoinnet le pagaron entre agosto y septiembre 6.818 euros, mientras que Terry Duffy cobró 5.820 euros. Los cuatro integrantes del equipo de apoyo administrativo cobraron cantidades menores: Alex Ollington (700 euros), Ashley Griffiüls (800 euros), Thomas Fidlery (2.240 euros) y Tobías Byfield (2.800 euros en dos pagos de octubre).

Albert Royo, en el punto de mira

Según el informe de la Guardia Civil, los gastos abonados por el Diplocat ascendieron a 162.070 euros (sin contar el IVA) y están pendientes de pago adicional la cantidad de 2.750 euros.

Los investigadores destacan el hecho de que estos gastos van acompañados de una declaración responsable emitida por Albert Royo Mariné, representante del Diplocat, reseñando que no van dirigidos a la financiación de ninguna actuación ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales. Royo, secretario general del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña está citado a declarar en calidad de investigado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.