El mazazo de Puigneró a las trabajadoras sociales: “Estamos destrozadas”

Ruth es trabajadora social y lleva más de 30 años en situación de interinidad. Durante los momentos más duros de la pandemia prestó sus servicios en una residencia pública “12 horas al día, de lunes a domingo. Solo tuve un día de fiesta en Semana Santa”, explica a Crónica Global. De hecho, ahora se encuentra convaleciente tras haber contraído el Covid. Como ella, otras 300 trabajadoras sociales de la Generalitat sufren una situación de provisionalidad. Y aunque la justicia europea ha sido muy clara respecto a la obligación que tienen los gobiernos de garantizar su fijeza, la Consejería de Políticas Digitales y Función Pública de la Generalitat ha convocado oposiciones para las trabajadoras sociales el 14 de abril [la convocatoria se puede leer en este enlace].

“Estamos destrozadas. Es indecente. Estamos agotadas”, añade Ruth. La última vez que la Generalitat convocó un examen de este tipo fue en 1999. Desde entonces, las trabajadoras sociales habían reclamado oposiciones. “Ponían como excusa la crisis o la falta de presupuesto”, explica la afectada. Pasaron los años y se fue engrosando el volumen del empleadas en situación precaria. Actualmente, de las 400 empleadas sociales que trabajan para el Govern, 300 son interinas. Es decir, tres de cada cuatro.

El compromiso de Iceta

Se trata de un problema que no es exclusivo de Cataluña. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se comprometió hace unos días a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude de la temporalidad. Iceta hizo referencia a situaciones en las que trabajadores públicos llevan más de 15 años y hasta 20 años sin contrato fijo: “No puede ser, la ley lo ha de prohibir”.

Trabajadores interinos por administraciones

De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido muy claro en este sentido. El 19 de marzo de 2020 dictó una sentencia en la que se instaba a las administraciones a hacer efectiva una directiva europea dictada en 1999 sobre la necesidad de regularizar la situación de los interinos. El sector privado sí que incorporó esa directriz y, transcurridos tres años, las empresas están obligadas a hacer un contrato indefinido al trabajador o a rescindir el acuerdo.

Asimismo,  el 30 de septiembre de ese año, el TJUE volvió a dictaminar sobre la necesidad de que los Estados miembros establezcan sanciones suficientemente disuasorias sobre las Administraciones que abusan de la temporalidad. Varios juzgados españoles emitieron fallos a favor de trabajadores interinos que reclamaban su fijeza.

Pero Jordi Puigneró, consejero en funciones, no ha hecho caso ni del TJUE ni de la postura de Iceta. De hecho, la comunicación de la fecha de las oposiciones coincidió con la reunión de la comisión coordinadora de empleo público, a la que asistieron el ministro Iceta, representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En ese encuentro se abordó la temporalidad en la Administración.

Reunión con el consejero

En diciembre de 2019, el conseller se reunió con las trabajadoras sociales, a las que aseguró que no conocía el contenido de las sentencias europeas, por lo que las emplazó a un nuevo encuentro que nunca se produjo. “En paralelo, mantuvimos la vía judicial para paralizar la convocatoria de las oposiciones. No nos fiábamos”, añade Ruth. Sabían de las intenciones del departamento de convocar esas oposiciones, que se fueron demorando debido al Covid. Hasta ayer.

El colectivo, que cuenta con el apoyo de la Plataforma de Interinos en Cataluña (PIC), pedirá medidas cautelares para impedir que se celebren esos exámenes “que se nos vienen encima en un momento de máximo agotamiento. Entre las afectadas hay mujeres de 50 o 60 años, con cargas familiares, que no aprobarán y no podrán reincorporarse al mundo laboral”, advierte Ruth.