Luz verde a derogar la sedición: ERC alardea de quitarle "el juguete" a "los jueces fascistas"

El Congreso de los Diputados ha dado esta medianoche su aprobación a la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para derogar del Código Penal el delito de sedición, por el cual fueron condenados los dirigentes del procés secesionista catalán con el apoyo de 187 diputados: entre ellos, los dos socios del Gobierno socialista y su aliado externo de ERC, que ha alardeado de quitarle "este juguete" a "los jueces facistas", en palabras de su portavoz Gabriel Rufián. A partir de ahora, se abrirá un plazo de presentación de enmiendas por si la redacción se modifica.

A instancias del PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, lo que ha obligado a cada diputado a levantarse en su escaño y anunciar su voto a viva voz en el hemiciclo. Como se esperaba, no ha habido fugas de voto.

PSOE y Unidas Podemos, de la mano con los secesionistas

La tramitación de esta reforma puntual del Código Penal, a la medida de los mandatarios que impulsaron el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, ha sido apoyada por los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDECat, Más País-Equo y BNG, que sumaron 187 votos. Otros dos partidos secesionistas catalanes, Junts y la CUP, han optado por abstenerse (6).

En cambio, otros 155 parlamentarios han votado en contra de la derogación de este delito: los del PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, Navarra Suma, PRC y Foro.

Tramitación exprés para aprobarla en días

La primera diputada en ser llamada a votación ha sido la socialista Inmaculada Oria, que ya ha adelantado que todo el grupo iba a votar unido "sin fisuras". Los demás diputados del PSOE se han puesto también de pie para escenificar esa unidad frente a la pretensión del PP de buscar desmarques.

Esta iniciativa, que incluye también la trasposición de varias directivas europeas y un agravamiento de penas por ocultación de cadáver, va a ser objeto de una tramitación exprés con el objetivo de que esté definitivamente aprobada antes de que acabe este año.

Al haberse optado por una proposición de ley de los grupos, en vez de por un proyecto de ley del Gobierno, no ha sido necesario solicitar informes al Consejo de Estado ni al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano de gobierno de los jueces ha eludido este jueves, con una fuerte división interna, pronunciarse sobre el asunto.

ERC se crece e insulta a los jueces

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha jactado de haberle "quitado el juguete a los jueces fascistas eliminando un instrumento decimonónico", según él. Asimismo, ha pedido a sus hasta fechas recientes socios de Junts per Catalunya que no se "enfaden" tanto y "ayuden" para acabar con lo que consideran "represión" a los mandatarios del procés.

Al hilo del referéndum de ruptura ilegal, unilateral, inconstitucional y sin garantía democrática alguna de 2017 ha manifestado que "votar no es delito, se pongan como se pongan". Y, a pesar de las evidencias, ha negado que esta reforma sea "una concesión a ERC" o al independentismo, sino "a la democracia" para que España deje de "hacer el ridículo en Europa", según él.

Rufián ha abundado en sus insultos al sistema judicial y a la democracia española en general afirmando que "no podemos cambiar al Poder Judicial español, porque es un problema endémico de este país, sólo podemos aspirar a ponérselo un poco más difícil al juez o jueza facha de turno".

Malestar en Junts: lo ve insuficiente

Antes de esp, el diputado de Junts Josep Pagès había sido muy crítico con una iniciativa que considera que "parte del supuesto falso" de que el procés fueron unos "hechos delictivos". En su opinión, la "reforma Sánchez-Aragonés" --en alusión los presidentes del Gobierno y de la Generalitat-- es una "solución a la carta que salva a unos pocos" pero "condena a miles de represaliados" --según sus palabras-- y persigue sentar ante la justicia española al expresidente fugado Carles Puigdemont resolviendo, de paso, "el ridículo" que a su peculiar modo de ver hizo el juez Pablo Llarena "con las euroórdenes".

"No vamos a ser los tontos útiles que avalen esta especie de sedición impropia", ha proclamado, denunciando que la reforma no es más que la "supresión parcial" de la sedición y que esconde una "contrapartida inasumible" como es la "criminalización de la protesta" a través del nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas menores.

Desde el PDECatT, Genís Boadella ha celebrado la supresión de la sedición, que considera "anacrónica", aunque ha lamentado que no se haya hecho antes y se ha comprometido a presentar enmiendas para "garantizar mejor el ejercicio de los derechos fundamentales", según él. "Tenemos el deber de mejorar la propuesta, de hacer política y de dar pasos hacia un Código Penal propio de una sociedad más democrática y libre", ha añadido el dirigente posconvergente

La CUP lo ve un "hito clásico", pero recela

La diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha reconocido que con la derogación de la sedición el independentismo logra un "hito clásico", pero ha añadido que, con esta propuesta, también el PSOE "gana", ya que en su opinión logra "un mayor control de la protesta en medio de una crisis económica sin precedentes" gracias a la introducción de concepto de "intimidación".

"Trasladan el espíritu de la sedición al orden público y matan dos pájaros de un tiro: hacen un maquillaje democrático ante Europa pero mantienen la mano dura y convierten en delito cortes de carreteras y la ocupación de espacios públicos y privados", ha dicho la dirigente de esta formación, que se ha abstenido. A su juicio, con esta nueva regulación "el 15M podría ser delito", lo que evidencia que el PSOE teme tener a "miles de personas en las calles" y la "desobediencia civil".

Aprobación en el Senado antes de fin de año

Una vez que la proposición de ley ha sido aceptada por el Pleno del Congreso, se abrirá un plazo de enmiendas para que los grupos puedan hacer sus aportaciones. PSOE y Unidas Podemos ya solicitaron el procedimiento de urgencia, lo implica acortar estos plazos a la mitad.

Los debates pendientes se harán de una tacada en una semana, y la proposición de ley podrá ser remitida al Senado a mediados del mes que viene para que complete allí su tramitación la semana del 28 de diciembre.