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La presidenta del Parlament, Laura Borràs / EUROPA PRESS

Laura Borràs asegura ser "víctima de una persecución judicial"

La dirigente de JxCat, que descarta dimitir, percibiría una pensión de unos 4.000 euros mensuales a partir de los 65 años si conserva su cargo hasta el 12 de marzo de 2023

10 min

La apertura de juicio oral a Laura Borràs por un presunto caso de corrupción deja en el aire su continuidad como presidenta del Parlament. A tenor del reglamento de la Cámara catalana, la mandataria de JxCat está obligada a cesar en su cargo debido a su situación procesal, un hecho que dejaría en suspenso una de las prebendas que lleva asociado: la posibilidad de disfrutar del 40% de su sueldo actual una vez se jubile a los 65 años. Con todo, la dirigente postconvergente ha asegurado en un hilo de Twitter ser "víctima de lawfare", o lo que es lo mismo, persecución judicial, para justificar el supuesto fraccionamiento de contratos.

Para que esto se cumpla, Borràs --al igual que cualquiera de sus antecesores-- solo necesita permanecer un mínimo de dos años como presidenta del Parlament. Un período que todavía no ha alcanzado, pues su nombramiento tuvo lugar el 12 de marzo de 2021. Es decir, si fuera cesada este jueves en la Cámara, se quedaría a unos siete meses y medio de tener derecho a tal privilegio.

'Pensionazo' de 4.000 euros mensuales

No es un detalle menor, dado que Borràs disfruta en la actualidad de uno de los sueldos públicos más altos de España, con 138.594,96 euros brutos anuales --sin contar otros 16.975,56 de dietas de desplazamiento--. El 40% de esa cantidad sería lo que le quedaría una vez se jubile a los 65 años si alcanza los dos años como presidenta de la Cámara: unos 4.000 euros mensuales. Un ingreso, huelga decir, muy superior a lo que percibe la media de los pensionistas en España.

Fachada principal del edificio del Parlament / EFE
Fachada principal del edificio del Parlament / EFE

Borràs disfrutaría de tal prerrogativa gracias a la legislación de la propia Generalitat. Así lo establece su Ley 2/1988, de 26 de febrero, sobre las "asignaciones temporales y pensiones a los presidentes del Parlament, al cesar, y a sus familiares". En su artículo 2 dice que quienes hayan ejercido este cargo "durante dos años como mínimo, cuando llegan a la edad de 65 años tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 40% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente del Parlament".

Casi 10.000 euros al mes sin contar desplazamientos

En la actualidad, el régimen económico del Parlament contempla una retribución fija de 7.931,18 euros mensuales, por 14 pagas al año, para el presidente de la Mesa de la Cámara catalana, cargo que recae en Borràs; una cantidad a la que se le suma otra asignación variable de 1.592,58 euros al mes, lo que arroja un total de 9.523,76 euros mensuales entre ambas (sin contar dietas de desplazamiento). De manera que Borràs se aseguraría como pensión de jubilación el 40%: unos 3.809 euros mensuales.

Al margen de eso, una vez deje su cargo, Borràs también tendrá derecho a percibir durante el mismo tiempo que haya sido presidenta, y como máximo durante 24 mensualidades, "una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente del Parlament", según el artículo 1 de la Ley 2/1988.

Descarta dimitir

Hasta ahora, Borràs ha insistido por activa y por pasiva que no tiene intención alguna de dimitir, y ha intentado demorar su juicio con sucesivos recursos que no han prosperado. A su modo de ver --según dijo a mediados de julio en un acto de JxCat-- el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que se debe suspender a un diputado cuando se le abre juicio oral por un delito de corrupción, vulnera "derechos fundamentales" y la presunción de inocencia. Y ha advertido de que no se siente "interpelada" por este artículo --a pesar de haber sido aprobado en su día por los partidos secesionistas-- porque, según ella, no ha delinquido.

Por otra parte, tampoco es descartable que la mandataria posconvergente recurra a algún tipo de artimaña para burlar su sustitución, pero manteniendo su cargo. Así lo dejó entrever en una entrevista en TVE la semana pasada, cuando apuntó que, para cumplir con el obligado relevo que dicta el reglamento de la Cámara al abrirse un juicio oral por corrupción, se limitará a delegar sus funciones de forma temporal. Borràs interpreta que la "suspensión" no implica, según ella, dejar la presidencia. "Yo no dejaré mi cargo, ni mi posición como diputada, ni como presidenta", enfatizó en dicha entrevista en el programa Aquí Parlem.

Los argumentos de Borràs en Twitter

En un hilo de Twitter de su cuenta personal, la presidenta del Parlament ha asegurado que es "víctima de lawfare". Esta supuesta persecución, en sus palabras, ha sido justificado por la dirigente de JxCat con diferentes capturas de pantalla y vídeos que narran su visión sobre los cuatro años que lleva inmersa en el proceso judicial. Desde el inicio, que asegura fue "irregular" : "La jueza Sívia Mejía, siendo yo diputada y sin ser competente para investigarme, hizo una investigación prospectiva, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico e inconstitucional", explicaba.

Borràs facilitaba en ese hilo justificativo de Twitter enlaces a entrevistas de medios como TV3 en los que remarca que "no se puede hablar en ningún caso de fraccionamiento de contratos". La todavía presidenta de la Cámara catalana aseguraba que se ha enterado siempre por la prensa de las informaciones judiciales: "Continúan las filtraciones". El abogado de la postconvergente, Gonzalo Boye, defendía a su cliente, además, al asegurar que "no se reclama responsabilidad civil". Este era el mensaje final utilizado por la todavía presidenta del Parlament para argumentar su inocencia e instar a la Mesa a actuar "como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales".

Posible artimaña para burlar el cese

"Suspendido de derechos y deberes no quiere decir dejar el escaño. Dejas de hacer esas funciones, pero eso no quiere decir que las abandones o te hagan dimitir. Durante el periodo de tiempo que se considere que afecta esta suspensión, habrá otro que hará las funciones, pero no se escoge a otro presidente", manifestó Borràs, al parecer convencida de que seguirá siendo presidenta del Parlament de facto. Y es que, según ella, si se eligiera a otro presidente "esto no sería una suspensión, sería una retirada de cargos, derechos y deberes".

Sea como fuere, Borràs ha convocado para este jueves al mediodía una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament para debatir sobre su futuro. Así lo decidió ayer, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le abriera juicio oral por un supuesto caso de fraccionamiento de contratos públicos para favorecer a un amigo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Un asunto por el cual se la investiga por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Su nombramiento como presidenta del Parlament se produjo el 12 de marzo de 2021, por lo que los dos años para disfrutar de esa pensión se cumplirían el 12 de marzo de 2023.