El ICF protege a su personal ante la tormenta por los avales

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) protege a su plantilla en mitad de una crisis colosal por los avales concedidos para pagar las fianzas que el Tribunal de Cuentas (TdC) pide a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción exterior del procés. La financiera autonómica concentra las decisiones en sus máximos directivos para evitar que el personal, "altos cargos muy cualificados", resulte salpicado por el escándalo. 

Lo han explicado fuentes cercanas a la operación, que precisan que el procedimiento para aprobar el aval al Fondo Complementario de Riesgos, el depósito del Govern que pagará las fianzas que exige el TdC a los 34 encausados, "es totalmente anómalo". 

"Solo firmarán los de arriba"

Es, de hecho, una continuidad a lo que ha venido haciendo el ICF desde que el Govern lo sondeó para participar en una operación a la que la banca ha dado la espalda. "Nadie firma nada. Se concentra todo en los altos cargos: el presidente [Albert Castellanos, también alto cargo de la Consejería de Economía y Finanzas] y, si es preciso, el consejero delegado [Víctor Guardiola]", señalan. 

Las voces consultadas subrayan que el expediente "ha partido de arriba, de fuera del ICF", y su tramitación se concentra en las altas esferas de la agencia financiera de la Generalitat de Cataluña. De hecho, y como explicó La Vanguardia, la junta de gobierno del Institut lo aprobó dividida, con los consejeros independientes votando en contra, y después de que tres de ellos incluso dimitieran dos días antes de dicha votación. El CEO, por su parte, se abstuvo. El voto de calidad de Castellanos fue el que decidió. 

Pere Aragonès (i) junto a Albert Castellanos (d) en una foto de archivo / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

"Salvaguardan al personal"

Una vez aprobado el inicio de la operación, "se está salvaguardando a la plantilla", agregan las fuentes consultadas. Ello es así porque "en condiciones normales, habría apoderados del ICF que formalizarían las decisiones de la junta de gobierno". En el caso del aval al fondo de rescate independentista, eso no sucederá. "Un acuerdo extraordinario como éste implica medidas extraordinarias. Una de ellas es que todo lo deciden el presidente y, en su defecto, el consejero delegado. Se consideran órganos unipersonales con esta capacidad", explican las mismas voces. 

Esta estrategia de cortafuegos tiene una lógica: si hay problemas, responderá quien firme la operación. "Si se generan responsabilidades administrativas o penales, no responderá el ICF como institución. Serán las personas", avanzan directivos sondeados. Lo apostillan también penalistas consultados. "Si se va a buscar a alguien, se irá a buscar a quien avaló la operación en el consejo del Instituto, igual que con Abengoa se fue a buscar a miembros del consejo de administración", deslizan. 

El papel de Guardiola: "Está aterrizando"

En este marco, ¿qué papel está jugando Víctor Guardiola, consejero delegado (CEO) del ICF? "Desbordado. Acaba de aterrizar --fue nombrado en enero--, y le ha pasado lo que le sucede a mucha gente que viene de la banca: proceden de grandes grupos financieros y se topan con una institución pequeña pero muy compleja, con muchos equilibrios de poder y compromisos políticos", explican fuentes cercanas al alto directivo.

Cualquiera que sea la preparación y trayectoria de este directivo, que es dilatada, "se trata de cargos técnico-financieros que se desempeñan mal en estas situaciones en las que impera la política. Albert Castellanos, no lo olvidemos, es alto cargo de la Consejería. Es un político imponiendo una lógica ajena a una financiera que trabaja en otras claves", añaden. "Guardiola es una persona preparada, coherente, pero está desbordado. Está aterrizando [su antecesor, Josep-Ramon Sanromà llevaba 10 años en el cargo] y se encuentra con esto". 

"Como el Parlament en 2017"

"Esto" es un aval a un Fondo de la Generalitat de Cataluña que, a su vez, usarán algunos de los 34 ex altos cargos, entre los que se encuentran los expresidentes autonómicos Carles Puigdemont y Artur Mas, y el ex vicepresidente Oriol Junqueras, para pagar las fianzas que les pide el Tribunal de Cuentas por los gastos de internacionalización del procés. La maniobra para conceder este aval la equiparan fuentes del mercado financiero a los excesos cometidos en el Parlamento catalán en 2017, cuando se aprobaron las llamadas leyes de desconexión previas al referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017. 

"Hubo responsabilidades penales por aquello, y allí también había órganos colegiados. Pero no tuvieron que dar explicaciones todos, sino solo los que votaron a favor y facilitaron la tramitación", avisan a quien quiera escuchar. Por lo pronto, Ciudadanos presentó ayer un escrito ante la Fiscalía Superior de Cataluña.