Dimiten tres miembros de la dirección del ICF en pleno revuelo por los avales del 'procés'

Tormenta en el Institut Català de Finances (ICF) en plena vorágine por la concesión de los avales para pagar las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de exdirigentes y ex altos cargos de la Generalitat por la propaganda del procés en el extranjero. Tres integrantes de la junta de gobierno de esta institución financiera del Ejecutivo catalán dimitieron a principios de esta semana antes de que, el miércoles, la dirección del ICF votara la concesión de dichos avales por un valor de 5,4 millones de euros.

Según informa La Vanguardia, los tres dimisionarios han sido tres independientes: Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger. Sus renuncias se han precipitado antes de que la cúpula del ICF se renueve en los próximos días. De manera que, en este momento, la dirección de esta entidad la integran ocho miembros. Cuatro de ellos, próximos a los dos partidos del Govern --ERC y JxCat-- y el resto, de perfil independiente. El primer grupo lo integra su presidente Albert Castellanos, que a su vez es secretario en la Consejería de Empresa, en manos de ERC; el director general de Innovación, Lluís Juncà; Matilde Villarroya, secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Consejería de Economía que encabeza Jaume Giró; y Meritxell Masó, secretaria general de Salud (JxCat).

Sus nombres ya no aparecen en la web

La votación del pasado miércoles sobre los avales, según dicho medio, se saldó con un empate de tres votos a favor y tres en contra, mientras que el resto de miembros se abstuvieron. Entre ellos, el consejero delegado Víctor Guardiola. La decisión de avalar salió adelante gracias al voto de calidad del presidente del ICF, Albert Castellanos.

Los tres vocales que han dimitido ya no aparecen, de hecho, en la web del ICF. Del resto de independientes todavía permanecen Rafael Abella, José Luis Peydró y Abert Vilumara.

Fracaso con los bancos

La operación de aval a los encausados del procés por parte del ICF se descartó en un primer momento para evitar que la iniciativa derivara en problemas legales para los miembros de su junta de gobierno.

Sin embargo, el conseller de Economía, Jaume Giró, rectificó y decidió que fuera el ICF el organismo que firmara el aval, después de que no encontrara ningún banco privado dispuesto a avalar las fianzas ante el Tribunal de Cuentas.