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El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, en el Parlamento catalán / CG

El ICF avalará, finalmente, las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Govern cambia de criterio y usará a su financiera pública para garantizar los 5,4 millones que el organismo exige a 34 ex altos cargos por el 'procés'

6 min

El Govern usará finalmente al Institut Català de Finances (ICF) para avalar las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña por los gastos derivados de la internacionalización del procés. Así lo ha anunciado este miércoles el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, durante la sesión de control al Ejecutivo regional. El movimiento supone un giro de 180 grados a la situación del martes por la noche, cuando Economía había encajado el no de la banca y, también, de la financiera pública, como explicó este medio

El cambio de guion lo ha escenificado el mismo Giró en el hemiciclo autonómico. Como respuesta a una pregunta sobre el rating crediticio de la Administración autonómica presentada por la diputada de Junts Elsa Artadi, el conseller ha asegurado que tras la rueda de prensa de ayer --en la que admitió el portazo de la banca a los avales-- recibió "llamadas de última hora" y que me le han confirmado "que por ellos no quede". ¿Cómo lo hará? Ha precisado que se activará la disposición transitoria del decreto-ley que crea el Fondo Complementario de Riesgo. Según este precepto, el ICF será entidad gestora del fondo "de forma excepcional, mientras no se constituya la entidad gestora o se encargue su gestión a una entidad ya constituida". 

El 'president', informado del movimiento

Esta cláusula dispone también que "cuando no sea posible" encontrar a una avalista para el fondo de rescate independentista, "la entidad gestora puede conceder la garantía mediante cualquier medio admitido en derecho, sin perjuicio de que sea sustituida por lo que dispone el precepto citado". 

En este sentido, Giró ha agradecido la "generosidad" del ICF, a cuyos directivos el conseller quiso proteger ayer de acciones penales o administrativas por un posible aval a los 34 ex altos cargos encausados. El Institut "se puso inmediatamente a disposición para utilizar el fondo de riesgo tal y como establece la ley". El consejero ha "aceptado" este ofrecimiento de la financiera pública y ya ha informado al presidente catalán, Pere Aragonès, del cambio de criterio. 

Arropa a los investigados por el TC

Con este regate en corto, el titular de Economía y Hacienda, Jaume Giró, logra diversos objetivos. El primero y mollar es que consigue que una entidad financiera, en este caso pública, avale el fondo de rescate a 34 enjuiciados. Los encausados, entre los que se encuentran los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, hallan una persona jurídica que garantice los 5,4 millones de euros que pondrán Govern y la Caja de Solidaridad para responder al primer plazo de las las responsabilidades pecuniarias que exige el tribunal. 

Ello, a su vez, implica que los investigados no tienen que poner patrimonio personal para responder a las fianzas que pide el TC para no iniciar proceso de embargo. Esta era la situación el martes por la noche, cuando tras el portazo de la banca a garantizar las fianzas, los exdirigentes políticos y ex altos cargos admitieron que tendrían que aportar incluso sus viviendas para librarse de la toma forzosa de activos. 

Retuerce el ICF

Sin embargo, logra el Govern proteger a los 34 encausados comprometiendo una institución clave: el ICF. Esta financiera autonómica, que no es un banco al uso, se resistió a actuar de avalista del Fondo Complementario de Riesgo durante días. El Ejecutivo regional quiso involucrarla cuando recibió la negativa de la banca privada a aportar las garantías que cubran las fianzas, pero se encontró con resistencias. No en vano, desde el ICF se ha alertado en todo momento de que si actuaban de avalista y no de mero gestor, como inicialmente se pretendía, se les colocaría en el disparadero. Se podrían iniciar procedimientos contra ellos. 

Ello es así porque los estatutos del Institut prohíben avalar a personas físicas. El ICF es un instrumento para aportar liquidez a aquellos autónomos y empresas --en los últimos meses la han recibido firmas como DiR y el Hotel Mandarin Oriental de Barcelona-- que en condiciones normales tendrían cerrado el acceso al crédito del mercado. La decisión del Govern, pues, coloca al ICF como avalista último de 34 personas, algunas de las cuales han sido condenadas por malversación por su papel en el procés. Las consecuencias de ello sobre la financiera pública están por conocerse.