El Gobierno recurre a los 'big four' para desatascar los Next Generation: ¿solución o problema?

El Gobierno se ha visto obligado a recurrir a consultorías externas para gestionar los Next Generation. Hay mucho dinero en juego y España reclama la entrega del tercer plazo de los fondos, pero la Comisión Europea exige claridad sobre su uso. Recurrir a los big four --Deloitte, PxC, KPMG y Ernst & Young, prestigiosas empresas de consulting-- es algo habitual, pero ante el atasco en la tramitación de ese maná europeo, tanto a nivel gubernamental como en el ámbito de los expertos, se ha abierto el debate sobre si acudir a esas compañías ayuda o, por el contrario, incrementa la burocracia y alarga los plazos. Sobre todo, a estas alturas del proceso.

"El IDAE necesita incrementar sus recursos"

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, juega un papel clave en la tramitación de los Next Generation, pues hay numerosas convocatorias destinadas a transición energética en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuentes de este organismo admiten a Crónica Global que “dado el incremento de trabajo, el IDAE debe gestionar, aprobar y verificar un elevado número de expedientes, por lo que necesita incrementar los recursos de los que se vale para llevar a cabo su trabajo”.

Banderas de la UE, el organismo encargado de conceder los fondos Next Generation / EP

De ahí que el instituto haya decidido recurrir a esa contratación externa, que ha puesto el foco en las big four como posibles candidatas en un concurso que todavía no se ha convocado, aseguran portavoces de una de esas grandes consultoras que, por razones obvias, prefieren ser discretas sobre este proceso en marcha.

El objetivo del Gobierno: poder tramitar los 72.000 millones que la UE dará a España hasta 2023. Para eso necesita tiempo. Pero según ha podido saber este medio, dentro del Ejecutivo hay dirigentes que consideran la mediación de las big four un problema, no una solución, pues contribuye a aumentar la burocracia. Aseguran incluso que las consultoras “son las culpables de la situación actual”, afirma un alto cargo del Ejecutivo, en referencia a las contrataciones hechas por empresas que aspiran a obtener esos fondos.

Contratación pública

Sin embargo, no es la primera vez que el Ejecutivo español recurre a estas grandes empresas, así como a otras consultoras menores, para gestionar fondos europeos mediante concursos de contratación pública.

Entre las últimas convocatorias aparecidas en la Plataforma de Contratos del Sector Público figuran las tramitadas por el IDAE, donde la variedad de empresas licitadoras presentadas para gestionar fondos FEDER --todavía no se ha resuelto-- es amplia. Movilidad urbana, infraestructuras públicas municipales, fotovoltaicas y alumbrado son los cuatro lotes sometidos a concurso.

Recurrir a una consultora, cuya finalidad es asesorar, ofrecer apoyo y respaldo en determinadas materias, depende de las dimensiones de la empresa pública o privada. Hay ayuntamientos pequeños, por ejemplo, que no tienen recursos suficientes para gestionar los Next Generation.

Grandes empresas

En cambio, grandes empresas candidatas a esos fondos ya están recurriendo a las big four. La consultora PwC ha asesorado a Seat y al Grupo Volkswagen para acceder a la adjudicación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE). Conocidas son las arduas negociaciones de la compañía para ampliar las ayudas destinadas a la planta de baterías de Sagunto (Valencia). Deloitte, por su parte, ha trabajado para Envision, que finalmente no ha recibido la financiación que esperaba del PERTE-VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) para crear una gran fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

“Una Administración grande debería haber previsto lo que está pasando”, explica el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Miguel Ángel Gimeno. La elaboración de una guía para garantizar buenas prácticas en la gestión de los Next Generation ha llevado a la OAC a conocer perfectamente la situación de estos fondos.

“¿Qué ha pasado con los Next Generation? Que nadie sabía cómo hacer nada. Nosotros sabíamos porque se había trabajado en ellos desde el punto de vista de la integridad. Nos planteamos ayudar haciendo una guía de cómo se va a hacer esto. ¿Por qué han optado otros?, por comprarla a un consulting. Pero eso es papel, no es cumplimiento. Uno de los problemas que probablemente existan es que la Administración española en general, y aquí no hay distinciones de colores, no es muy eficiente a la hora de gestionar y, por tanto, es posible que haya cantidades que se pierdan porque no se ha gestionado bien a tiempo. Ese no es mi departamento, yo he dado todas mis herramientas para que lo hagan bien”.

"Son profesionales"

Gimeno explica que las consultoras son una empresa y tienen un producto que venden: “Son profesionales, no digo que no lo sean. Lo que digo es que es imposible que se haga bien cuando te lo hace alguien de fuera. Lo debes implementar dentro de tu organización. Y cuando alguien lo examine después, examinará unos resultados sobre seguimiento normativo. Las cosas se tienen que hacer desde dentro”.

Según el director de la OAC, “las grandes empresas no tienen problema porque tienen grandes equipos o el propio consulting les ofrece el servicio de ejecución después. Ojalá se recuperen todos (los fondos) y no se pierda ninguno. Es por falta de recursos. Un ayuntamiento pequeño es normal que nos los tenga, pero una Administración grande lo tenía que haber previsto”.