Al inicio de la pandemia se hicieron cosas buenas, de ello no cabe la menor duda. El “aletargamiento” del mercado laboral gracias a los ERTE salvó de su destrucción a un buen número de puestos de trabajo, más allá de garantizar unos ingresos a quienes tuvieron que acogerse a esta medida. Para poner en valor su impacto basta con comparar cómo han “despertado” los aeropuertos españoles, funcionando este verano con total normalidad, en comparación con los aeropuertos de media Europa, sumidos en el caos más absoluto al ser incapaces de reclutar personas a tiempo para reemplazar las vacantes producidas por los despidos masivos que se realizaron para aligerar sus cuentas de resultados. Algo similar ocurre con las líneas aéreas donde Iberia y Vueling han tenido que ceder personal a British Airlines u otras líneas tienen que reducir frecuencias, por no hablar de la caída de la calidad en la oferta hotelera de medio mundo, escasa y muy cara.

Las líneas de liquidez del ICO también funcionaron bien. Sin duda evitaron el cierre de muchos negocios, especialmente los pequeños, y ahora que hay que pagar estos créditos la morosidad, al menos de momento, no se ha disparado. El efecto financiero de la pandemia no ha sido, ni de lejos, tan malo como se esperaba, de hecho, los bancos están liberando, o cuando menos recalificando, provisiones porque la economía no ha ido tan mal como se intuía.

Otro mecanismo de actuación pública han sido los “rescates” de empresas muy debilitadas por la pandemia. Desde un fondo especial gestionado por la SEPI se ha inyectado capital público en 30 operaciones por 3.256 millones. De las 73 solicitudes recibidas, más de la mitad procedieron del sector turístico (37), un 34% del sector industrial (25) y un 15% del sector servicios (11). Ha habido alguna controversia, tanto por alguna concesión como por alguna denegación, pero en general es otro instrumento que ha funcionado correctamente.

La cuarta herramienta para recuperarnos de la crisis son los famosos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Se trata de la medida más compleja de implementar pues parte de la colaboración público-privada entre Administraciones, empresas de todo tamaño y centros de investigación. Las convocatorias se han querido o tenido que hacer tan garantistas que su concesión va muy lenta. Querer extender las ayudas a las pymes es loable, pero no deja de suponer un problema tener que avalar inversiones enormes para compañías con los balances ya apurados.

Regar la economía española con miles de millones y hacerlo bien no es nada sencillo. Por eso los técnicos de los diferentes ministerios han elaborado unos concursos complejos, tanto que se están entregando muchos menos fondos de los publicitados y, además, de una manera mucho más lenta porque la maquinaria de la Administración no está dimensionada para gestionar tanta subvención. Es curioso que en algunos lugares se contrata prácticamente sin control (por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Igualdad para 2023 es 11 veces superior al de 2017, no un 11% más, ¡¡¡11 veces más!!!) y allí donde hacen falta técnicos (IDAE, SEPE, ministerios que evalúan los PERTE…) se es más bien rácano. El resultado, menos del 30% del dinero prometido distribuido, muchos deberes pendientes, proyectos como el del litio extremeño o el de las motos eléctricas fuera de las subvenciones, dudas sobre la capacidad de avalar de ciertos adjudicatorios de ayudas y, sobre todo, una sensación de frustración cada vez más generalizada pues el Gobierno ha hecho mucha, tal vez demasiada, publicidad de unos fondos europeos que tardan en llegar y cuando llegan, lo hacen en mucha menor medida de lo esperado.

Lo que es, sin duda, un contratiempo para la propaganda gubernamental es una oportunidad para adaptarse a la nueva realidad. Ahora que el Banco Central Europeo está tratando de enfriar la economía para que baje la inflación hablar de estimular el crecimiento económico y el empleo puede ser hasta contraproducente. Aprovechando el retraso habría que centrarse en lo que es transformacional y olvidar los estímulos.

Sin duda, las áreas estratégicas de los PERTE son: vehículo eléctrico y conectado, energías renovables, hidrógeno renovable y su almacenamiento, salud de vanguardia, agroalimentario, nueva economía de la lengua, economía circular, industria naval, aeroespacial, digitalización del ciclo del agua, microchips y economía social. Pero en lugar de, por ejemplo, subvencionar la compra de coches eléctricos --consumo-- solo habría que apoyar las inversiones productivas --transformación--, o sea las plantas de baterías o el uso del litio. Necesitamos dinero público para transformar nuestra economía, pero ya no para incentivar el consumo pues estamos enfriando la economía para contener la inflación. No dejemos escapar ninguna inversión, pongamos todo el dinero ahí, el de los PERTE y más, pero no alentemos el consumo.

Olvidémonos de la “contribución al crecimiento económico y al empleo” que reza en los objetivos de los PERTE y centrémonos en aquello que mitigue “un riesgo tecnológico o financiero alto”. Hagamos de la necesidad virtud, transformemos la economía productiva, no nos sobrealimentemos mientras estamos a dieta, pero que no se escape ni una sola inversión. No seamos más papistas que el Papa, y menos después de haber prometido ayudas históricas. De no hacerlo, la frustración y la falta de credibilidad serán antológicas.