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El director del gabinete jurídico de la Generalitat de Cataluña, Francesc Esteve, durante su declaración como testigo en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo / EP

El fondo de rescate independentista blinda al jefe jurídico del Govern

ERC mantiene a Francesc Esteve, fichado por Puigdemont y responsable del decreto ley que regula las polémicas ayudas, a la espera de que se resuelva el proceso en el Tribunal de Cuentas

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La creación de un fondo para pagar las fianzas de los independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas ha supuesto un blindaje para el director de los Servicios Jurídicos de la Generalitat. Se trata de Francesc Esteve, fichado por el expresidente Carles Puigdemont en 2017 y que, de momento, se ha salvado de los ceses que ERC ha ordenado en ese departamento.

Esteve y su número dos, Xavier Uriós, se mantienen en el cargo a la espera, explican fuentes jurídicas a Crónica Global, de que finalice el proceso que se lleva a cabo en el órgano fiscalizador español. Otros cargos de este mismo negociado --que depende de la Consejería de Presidencia, ahora en manos de los republicanos-- sí han sufrido las purgas que suelen ir implícitas a todo cambio de gobierno.

A Esteve y Uriós “no les cambiarán hasta que acabe esta fase del proceso en el Tribunal de Cuentas. Los servicios jurídicos llevan tiempo elaborando la base de las alegaciones y por eso aún se mantiene el actual director, porque han creado la apariencia de ser imprescindibles y de que tenían la base jurídica para defenderse. Visto el resultado, evidentemente falsa apariencia”, añaden las citadas fuentes.

Los cesados

Por el contrario, quienes sí han sufrido ya la criba de ERC en el gabinete jurídico han sido Dolors Feliu, directora de área Constitucional, sustituida por Mercè Corretja, y César Puig, al mando de lo Consultivo, relevado por Aranzazu Colom.

Esteve fue nombrado máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat por Carles Puigdemont en junio de 2017. Su elección fue muy polémica, ya que su trayectoria profesional, muy vinculada a la gestión municipal de CDC, no encajaba con el profesional “designado entre juristas de prestigio” que exige el reglamento que regula esos servicios jurídicos de la Administración autonómica.

Hijo del expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve (CDC), quien fue detenido en 2018 por supuesta malversación, Esteve tiene como número dos a Uriós, director general de Asuntos Contenciosos. Es este ejecutivo quien mueve los hilos en el departamento y, al igual que se jefe, también se ha salvado de momento de la purga republicana, aseguran fuentes jurídicas conocedoras de la estructura gubernamental. De hecho, consideran que es el verdadero cerebro del decreto ley que regula el polémico fondo. Una normativa que, tal como publicó este medio, ha sido muy criticada por los juristas, pues ni la vía de urgencia utilizada ni los intereses generales supuestamente protegidos están convenientemente justificados. Unas carencias que los tribunales deberán dirimir si prosperan el recurso presentado por Vox o la denuncia de Convivencia Cívica Catalana, y que rememoran otros dos decretazos del Govern tumbados en los tribunales: el de aplazamiento de las elecciones catalanas del 14F y el cerrojazo de bares y restaurantes durante la pandemia.

Una sentencia del Supremo mal utilizada

Pero, en opinión de los juristas, hay más deficiencias en ese decreto ley por el que se aprueba el fondo de rescate de los independentistas. “La exposición de motivos del decreto remite a una sentencia del Tribunal Supremo, sobre el principio de indemnidad, que llevan repitiendo los miembros del Govern. La sentencia se refiere al caso de un mosso que fue agredido por dos chavales en acto de servicio, y la justicia obliga a indemnizarle por esos daños, en base al principio de indemnidad”, explica un abogado consultado por este medio.

“La enjundia jurídica es diferenciar si los daños que sufren los funcionarios en ejercicio de su cargo deben ir por el principio de indemnidad, y no por la responsabilidad patrimonial. Pero nada que ver con lo que pretenden colar en ese decreto ley: esa sentencia es por daños que sufren los funcionarios en ejercicio de su cargo; no por los daños que causan los altos cargos al erario público. Comparar al mosso al que le dan un golpe dos chavales con esto es una broma”, concluye.