Los cinco chanchullos que investiga Fiscalía en Sant Cugat

Son los cinco apaños que la Fiscalía investiga en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El ministerio público ha puesto la lupa sobre el municipio-bastión convergente a raíz de las denuncias sobre la gestión de las exalcaldesas convergentes Mercè Conesa --actual presidenta del Puerto de Barcelona-- y Carmela Fortuny. El fiscal recogió información tras el oficio de los Mossos d'Esquadra la semana pasada sobre una contratación muy específica: la grúa municipal. ¿Qué pasó con este servicio?

Según la documentación a la que ha podido acceder este medio, hay cinco aspectos que chirrían, y mucho, sobre la gestión del PDeCAT con la retirada de vehículos de la vía pública. Como mínimo incumplen la Ley de Contratación del Sector Público 9/2017, mientras que el máximo, si lo hay, será la justicia quien lo dicte. La base es una: Sant Cugat pasó años sin contratar la grúa municipal. La pagó con reconocimientos de deuda a año vencido. Como mínimo desde junio de 2016 hasta 2020. Esa es la base. Pero es que hay más: el equipo de gobierno de Mercè Conesa (2010-2018) permitió que Grúas Pablo, la adjudicataria, recortara un vehículo de su flota de servicio sin que además lo aprobara la junta de gobierno local. Ello, cree el actual Ejecutivo local (ERC, CUP y PSC), constituye dos "irregularidades". Fiscalía investiga.

Una prórroga contraria a ley

Hay más. La documentación consultada por este medio constata que el contrato de la grúa municipal en Sant Cugat venció el 31 de mayo de 2016. En aquel momento, era preceptivo convocar un nuevo concurso. Pues bien, el ejecutivo local de Mercè Conesa aprobó una nueva licitación [consultar aquí] 21 días después. Ésta, sin embargo, sería también contraria a normativa. Por dos motivos. En primer lugar, porque jamás se prorrogó la continuidad del servicio de grúa antes de que finalizara y diera tiempo a licitar el nuevo contrato. En segundo lugar, porque la continuidad del servicio hasta hallar una nueva empresa, que cubriría el artículo 253.a. del decreto 179/1995 [consultar aquí], se aplica solo a contratos de concesión y no de servicios. El de grúa corresponde a este último capítulo. En cualquier caso, el nuevo concurso quedó desierto.

El desguace de Grúas Pablo, beneficiada por Conesa y Fortuny en Sant Cugat / Google Maps

En tercer lugar figura la ya célebre presentación de servicios en B que declaró Grúas Pablo en su minuta de costes al Ayuntamiento de Sant Cugat. Este epígrafe, entiende este medio, se refiere a la cantidad de 12.800 euros anuales que, en otros documentos, aparece como servicios complementarios. La compañía de retirada de vehículos, que opera también un desguace, camufló la cantidad en el desglose de los pagos anuales al personal. No coló. El nuevo Ejecutivo local la detectó y pidió explicaciones a la mercantil. Éstas no fueron convincentes y, de nuevo, la documentación voló de los archivos del consistorio a los del ministerio público, donde se analizan.

Pagos extraños a Protección Civil

El cuarto elemento de gestión que está en la diana son presuntos pagos a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Sant Cugat. Entre la documentación que obra en poder de Fiscalía figura una presunta liquidación por señalización de calles por valor de 9.991,65 euros aportada por Francesc Fernández-Cano, presidente de la agrupación solidaria en el municipio. Es una incógnita qué relación tiene este activista con Grúas Pablo, la contrata de retirada de vehículos del ayuntamiento. Se desconoce cómo apareció su nombre en los presupuestos anuales. Lo cierto es que estaba allí. Cuando la firma no podía subcontratar la señalización de calles sin permiso de la administración. Y la cantidad facturada no figura en la contabilidad de la Protección Civil local. Entidad que, por cierto, recibe una subvención municipal para desempeñar sus tareas.

Por último, ha llegado a las manos del ministerio público una quinta denuncia de posibles irregularidades. Se refiere al presunto pago de complementos en negro a los trabajadores de la empresa que efectúa el servicio de grúa en Sant Cugat. El aldabonazo de alerta lo dio un sindicato municipal de trabajadores del ayuntamiento, que alertó que los empleados de la contrata cobraban hasta 400 euros mensuales "en negro" y hacían jornadas de "hasta 16 horas", doblando turnos. La empresa de Antoni Álvarez Raventós y Pablo Robledillo Muñoz lo niega tajantemente. El ayuntamiento ha pedido a la firma toda la documentación laboral de los últimos dos años y, de nuevo, ha hecho llegar los papeles al investigador.