La fiscalía investiga a Colau por su "pasividad" con los okupas

Lo ha confirmado una portavoz de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ha precisado que la oficina abrió diligencias el 7 de agosto de 2020 tras "una denuncia de varios vecinos" en la que los residentes alertaban de la laxitud del ayuntamiento con el ateneo okupado y, en concreto, sus fiestas nocturnas. La investigación, que lleva el número 691/2020, es secreta.

Investigación abierta

Lo que sí se conoce es que las pesquisas iniciadas por el ministerio público en agosto continúan abiertas y se centran en los "ruidos" que causa el edificio okupado y que han generado malestar entre los vecinos, cuyas viviendas lindan con el local antisistema.

La antigua comisaría de la Policía Nacional de Lesseps, en Gràcia, con una pancarta contra su desalojo / CG

La actuación de la fiscalía ha propiciado que, finalmente, el Distrito de Gràcia del ayuntamiento, que gobierna Eloi Badia, de Barcelona en Comú, mismo partido de la alcaldesa Ada Colau, actuara tras cinco años. La concejalía del barrio ha dictado orden de cese del ateneo okupado, avanzó L'Independent de Gràcia, pero lo ha hecho tras un lustro de toma impune de la antigua comisaría e, incluso, de un acuerdo de cesión del inmueble a los colectivos anticapitalistas.

Avisan con algaradas

La reacción municipal puede ser tardía. Los okupas de la antigua comisaría se manifestaron el pasado 15 de noviembre tras conocerse que el ayuntamiento ha fallado el expediente administrativo en su contra. Los intrusos marcharon tras una pancarta que rezaba Primer aviso, en referencia a las algaradas callejeras que podrían provocar si les desalojan.

La casa okupa Tres Lliris de Gràcia la okupó un grupo antisistema en 2015, tras una marcha de protesta por otro desalojo / CG

De hecho, la comisaría okupada de Gràcia es la heredera de otra toma a la fuerza de un inmueble, en este caso situado en el otro extremo del barrio, en la Travessera de Gràcia. Cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el vaciado de la finca en 2015, 300 okupas desfilaron por las calles del barrio y se colaron en la antigua sede policial, sin inquilino desde 2013.

Enfrentamiento entre la policía y okupas durante un desalojo en Barcelona / RT

El PP pidió echarles

Con Ada Colau ya en la alcaldía de Barcelona --las municipales de 2015 fueron en mayo--, el PP fue la única fuerza política que respondió en plazo a la nueva okupación. El entonces presidente del grupo municipal popular, Alberto Fernández Díaz, instó al ayuntamiento a desalojar el inmueble antes de las 48 horas que activan la vía judicial.

Fue en vano. El allanamiento se cronificó y, lo que es más, el distrito de Gràcia, que entonces ya presidía Badia, regularizó la okupación en 2017. En ningún momento se molestaron los okupas en gestionar un permiso de actividad pese a que el consistorio toleraba su ateneo e, incluso, les había pagado las obras de acondicionamiento. Finalmente, un grupo de vecinos hartos de las juergas nocturnas del colectivo antisistema denunció el caso a la fiscalía. Su queja dio lugar a las diligencias que siguen abiertas.