Una treintena de alcaldes se unen para pedir a la Generalitat soluciones contra los okupas

Los 27 alcaldes de la comarca barcelonesa del Alt Penedès han enviado una carta al conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, y al vicepresidente, Pere Aragonès, en la que exigen soluciones y herramientas para luchar contra los okupas.

Los ediles denuncian de forma especial a aquellos que tienen “perfil delincuencial" y, por tanto, acarrean "problemas y, además, a menudo tienen detrás una banda organizada y una mafia que se lucra con la ocupación y han hecho de ella una forma de vida ya que no aceptan ninguna ayuda”. Según han apuntado éste miércoles, han pedido al Gobierno catalán que obligue a las entidades financieras propietarias de pisos ocupados en el Alt Penedès a comprometerse para dar salida y solución a estas viviendas, de común acuerdo con los ayuntamientos, que proponen dedicar los inmuebles a las familias más vulnerables.

"Situaciones insostenibles"

También quieren que se haga pública la actuación “intolerable” de éstas entidades financieras que, según los alcaldes, “han abandonado su responsabilidad sobre éstos pisos y casas y contribuyen a generar situaciones insostenibles y a romper la convivencia y la paz social”.

Los alcaldes reclaman que se obligue a los bancos a designar a una persona encargada de responder a las peticiones de los ayuntamientos. Reconocen que, hasta la fecha, la comunicación entre bancos y gobiernos municipales “es nula”.

Más mossos

Finalmente, exigen aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra en el Alt Penedès. En diez años, la comarca ha pasado de 97.000 habitantes a 110.000 y hay muchos municipios que no tienen ni siquiera policía local, cosa que hace que “aún se sientan más abandonados porque aún tienen menos herramientas con las que luchar”.

Según el presidente del consejo de alcaldes de esta comarca, César Herráiz, los polítics son los que tienen que lidiar con los problemas de la ocupación y con la indignación de los vecinos y vecinas. Pero, al mismo tiempo, no pueden hacer prácticamente nada porque se necesita “un marco legal nuevo" que reclaman.

El delegado del Govern culpa a España

Los alcaldes reconocen que aún no tienen cuantificadas cuántas viviendas están ocupadas en la zona porque, según Herráiz, la prácticamente única forma que tienen de saberlo es “a través de las denuncias de los vecinos”. Por tanto, también tienen como objetivo desarrollar un censo comarcal de viviendas en propiedad de bancos y que esté desglosado por municipios.

El alcalde de Vilafranca y delegado del Govern de la Generalitat en la vegueria del Penedès, el posconvergente Pere Regull (JxCat), ha señalado que la competencia para cambiar la situación es del Estado. Ha apelado a todos los alcaldes a “hacer presión” a sus grupos con representación en la Generalitat y en el Estado para poder cambiar una situación que genera mucha preocupación “y que cada día va a más”.

Apuntan que desde la conselleria de Miquel Sàmper les tienen que citar para finales de esta semana o, como mucho, principios de la otra para poder reunirse de forma virtual y hablar de todo lo que concierne a la problemática de la ocupación en el territorio.