Emilio Cuatrecasas acepta dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones

El conocido abogado barcelonés Emilio Cuatrecasas, socio y presidente del despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira -conocido habitualmente como Cuatrecasas, a secas-, ha llegado a un pacto con la Fiscalía y las acusaciones particulares de la Abogacía del Estado y de la Generalitat para aceptar una condena de dos años de cárcel y multa de 1,5 millones de euros por los ocho delitos fiscales por los que estaba imputado.

Según el escrito de acusación de conformidad presentado este miércoles por el fiscal en un juzgado de instrucción de Barcelona, la Fiscalía tiene en cuenta como atenuante que Emilio Cuatrecasas abonó el mes pasado su deuda con la Hacienda pública, que ascendía a 4,13 millones de euros.

Gastos personales declarados como de la empresa

El fraude de Cuatrecasas habría sido uno de los más clásicos: declarar como gastos de la empresa lo que en realidad eran gastos personales, incluyendo las viviendas, automóviles y mobiliario de la familia, e incluso un barco de recreo.

Según la acusación del fiscal, el abogado "desarrolló una sucesión de negocios simulados, aparentando que activos de su uso personal y familiar se hallaban afectos a una actividad económica", con el objetivo de "eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".

Con este ardid, y según la acusación Cuatrecasas defraudó a Hacienda más de 800.000 euros en la declaración del IVA entre 2006 y 2008, unos 775.000 euros en el IRPF de esos tres ejercicios, cerca de 312.000 euros en el impuesto de sociedades de 2006; y 1,1 millones en en el impuesto del patrimonio de 2007.

Puede no ir a la cárcel

Al aceptar esta condena, lo más probable es que Cuatrecasas no llegue a ingresar en prisión, como permite la legislación para penas no superiores a dos años, siempre que no haya antecedentes penales. De hecho, esta ha sido prácticamente la norma en las últimas décadas. Aunque la medida es facultativa, y debe ser el juzgado quien la corrobore.

Recientemente, y en el contexto de la crisis y de una mayor preocupación de la opinión pública por los delitos económicos y de corrupción, se han visto algunos casos de relevancia mediática en que el juzgado dictaba ingreso en prisión para penas inferiores a dos años, incluso tras un acuerdo entre las partes.