El juez archiva la querella por connivencia de Colau con un bloque 'okupa'

Un juez de Barcelona ha archivado una querella por la cobertura que dieron concejales del Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau, a un bloque okupa de la Ciudad Condal. El titular de la sala de Instrucción número 18 de la capital catalana no ha admitido a trámite la querella de la inmobiliaria de Vauras Investment contra la administración local y, en concreto, con los concejales Lucía Martín (Vivienda y Rehabilitación), y Marc Serra, edil responsable de Sants-Montjuïc.

Ha informado de ello a este medio la portavocía de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha precisado que el togado recibió el escrito de Vauras, que acusaba a los concejales de ocho presuntos delitos y, tras analizarla, acordó su "no admisión a trámite".

El ayuntamiento salva una bola de partido...

La decisión de no dar luz verde a la querella de Vauras Investment contra el Ayuntamiento de Barcelona ahorra al gobierno local un problema de calado. En su escrito, la inmobiliaria de matriz finlandesa acusaba al Ejecutivo local de lo que percibía como la comisión de ocho posibles delitos al arropar a los okupas del llamado Bloc Llavors, un edificio tomado a la fuerza en la calle Lleida. Los tipos penales que pedía investigar Vauras eran coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad de documentos públicos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y usurpación de atribuciones.

Asimismo, la firma del sector del ladrillo pedía al juez que fijara una fianza de 25 millones de euros para la administración local por los daños que sufrieron ocho de sus pisos durante la toma violenta de los mismos entre 2017 y 2020. De hecho, dos de las viviendas continúan allanadas por un error administrativo a la hora de ejecutar el desalojo final. Antes de este vaciado, hubo otros tres intentos que se tuvieron que parar porque una masa de antisistema bloqueaba el acceso al rellano.

...pero Fiscalía investiga otro inmueble

La elevada conflictividad de la okupación y desalojo del llamado Bloc Llavors de la calle Lleida convenció a su dueño, Vauras Investment, de que debía denunciar al ayuntamiento. Señaló la empresa a los concejales Lucía Martín y Marc Serra, pero también a la responsable de Disciplina Urbanística del consistorio, Fuensanta Alcalá. La querella provocó una tormenta política que obligó a comparecer a Martín. Durante su intervención en una comisión municipal, la electa reiteró sus críticas al propietario y, lo que es más: anunció una sanción de más de 417.000 euros al inversor por incumplir la normativa en materia de acceso a la vivienda.

No habrá pues caso judicial de Vauras contra el bipartito que forman BComú y PSC en Barcelona. Lo que sí queda abierto son unas diligencias incoadas por la Fiscalía Provincial de Barcelona contra el gobierno de la segunda mayor ciudad española por circunstancias muy similares, como avanzó este medio. Atañen a la okupación del autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, la antigua comisaría de la Policía Nacional situada junto a plaza Lesseps. El ministerio público investiga si hubo "pasividad" municipal con los intrusos tras la denuncia de varios vecinos de la zona.