"En catalán o emigra": habla el primer denunciante de las multas lingüísticas

Manuel Nevot (Vilanova i la Geltrú, 1936) saltó cuando Mariano Rajoy le mencionó en una campaña electoral. Le presentó como víctima de la persecución lingüística de la Generalitat, ya que este agente de la propiedad inmobiliaria (API) había sido multado en 2006 porque su oficina no estaba rotulada en catalán. Once años después, el Tribunal Constitucional ha respondido a un recurso del PP contra el Código de Consumo de Cataluña, con una sentencia en la que se cuestionan las multas lingüísticas a los comercios.

Después de aquella mención electoral, Rajoy le olvidó. “Le envié varias cartas para explicarle la situación que se vive en Cataluña, pero nunca me contestó. Finalmente le escribí para decirle que había dejado de ser mi presidente. Y me pasé a Ciudadanos”, explica a Crónica Global.

nevot fachada

La oficina inmobiliaria de Manuel Nevot en Vilanova u la Geltrú

Nevot abrió su oficina inmobiliaria en enero de 1982 en el número 51 de la Rambla Samà de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), una ciudad, dice, que cada vez “se ha vuelto más independentista”. El rótulo principal rezaba “Fincas Nevot API. Compraventa. Pisos. Solares. Rústicas”, mientras que en el cristal de la oficina estampó, en letra más pequeña, “Finques Nevot”. Nunca hizo caso de la normativa que obligaba a los comerciantes a rotular al menos en catalán. “Me rompieron el cartel, me pusieron pintadas y pegatinas con la frase ‘en catalán o emigra’ o ‘facha”, explica a este medio digital.

Dos sanciones

El 16 de mayo de 2006, una inspectora de la Generalitat levantó acta por no disponer de un letrero en catalán y de un cartel informativo sobre el libro de reclamaciones. “Yo tengo ese libro, pero nunca lo utilicé. Es cierto que no tenía ese cartel. Así que pagué la multa de 400 euros. Pero me negué a pagar otros 400 euros por no tener el rótulo principal en catalán”. Hasta hoy.

Nevot nunca modificó el rótulo escrito en castellano y los inspectores del Gobierno catalán nunca volvieron a su negocio. Pero este API se vio envuelto en un largo proceso judicial que todavía dura. “El juzgado de lo Contencioso dio la razón a la Generalitat. Y entonces acudí al TC”, añade. La sentencia hecha pública el miércoles corresponde a otra causa, porque la suya todavía no ha sido sentenciada.

Satisfacción moral

Manuel Nevot se jubiló hace siete años y cerró su oficina. “Era personal e intransferible”, bromea. Fue el primero en denunciar ante los tribunales lo que considera una atentado a sus derechos. Aunque, por impugnar una multa de 400 euros, se ha tenido que gastar casi 20.000 euros en procesos judiciales.

La sentencia del TC supone, dice, “una satisfacción moral”.