Cataluña destina solo el 25% de lo recaudado por vivienda a políticas habitacionales, según un estudio

Las administraciones recaudaron el año pasado en Cataluña casi 5.000 millones de euros en impuestos vinculados a la vivienda. Sin embargo, solo una cuarta parte de esa cantidad —un 25%— se destinó realmente a políticas de vivienda. La cifra baja aún más si se eliminan los fondos europeos extraordinarios: sin el Next Generation, el esfuerzo público se reduce al 15,9%.

Así lo explica un estudio elaborado por la cátedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) junto con la APCE (Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña) y el Grupo Tecnocasa. El informe pone el foco en la gran diferencia entre lo que se ingresa por vivienda y lo que se reinvierte para mejorar el acceso a ella.

Municipios que recaudan mucho, pero invierten poco

De los 5.000 millones recaudados, más de 2.300 millones vinieron de los ayuntamientos, 2.100 millones de la Generalitat y algo más de 213 millones del Estado. Pero los niveles de inversión no han sido proporcionales. Los municipios reinvirtieron un 22,2%, la Generalitat solo un 13,3%, y el Estado alcanzó un 168%, debido a deducciones fiscales.

En el detalle municipal, Barcelona lidera tanto en recaudación como en gasto absoluto, con más de 1.900 millones recaudados y 547 millones invertidos. Pero si se analiza la proporción, otros municipios destacan más: Salt, Olot o Santa Coloma de Gramenet destinaron más del 35% de su recaudación a políticas de vivienda.

Grandes diferencias entre municipios

En cambio, Sant Cugat del Vallès y Sitges, que ingresan más de 2.500 euros por vivienda, dedican menos del 15% de esa cantidad a políticas habitacionales. Según el informe, esta disparidad muestra que no hay una lógica redistributiva ni mecanismos de corresponsabilidad fiscal claros.

Además, se apunta a un problema estructural: en España, la vivienda social representa solo el 1,13% del total. Una cifra muy lejana a la media de la OCDE (7,75%) y a países como Países Bajos (37,7%) o Austria (23,6%). Para acercarse a esos niveles, España necesitaría 1,5 millones de viviendas públicas más.

Producción de vivienda protegida en caída libre

La situación no es nueva. Según cifras proporcionadas en el informe, desde la crisis de 2008, la producción de vivienda protegida se ha desplomado. En 1997 se superaban las 85.000 viviendas, mientras que en 2017 apenas se alcanzaron las 5.000. Y entre 2014 y 2022, solo el 20% de estas viviendas fueron promovidas por el sector público.

El informe también muestra que el 80% de los visados para construir nueva vivienda protegida los obtienen promotores privados. Una señal de que el sector público está prácticamente ausente en la construcción directa de vivienda social.

Soluciones propuestas

Entre las recomendaciones, los autores plantean que se dedique al menos el 75% de lo recaudado por vivienda a políticas habitacionales durante los próximos diez años. Eso permitiría a España reducir el déficit estructural y alcanzar los estándares europeos.

También sugieren agilizar los trámites, revisar las tasas para evitar duplicidades y mejorar la transparencia en el uso de los recursos. El mensaje final es claro: tratar la vivienda como un derecho implica invertir, no solo regular.

El papel de la Generalitat

La Generalitat de Cataluña, según el estudio, recauda una parte muy importante de los impuestos relacionados con la vivienda, pero su nivel de inversión es de los más bajos. En 2023, solo destinó un 13,3% de lo recaudado a políticas habitacionales.

Aunque gestiona parte de los fondos Next Generation, su implicación en la promoción directa de vivienda social es mínima. El protagonismo sigue recayendo en los ayuntamientos y, en algunos casos, en el Estado.

El informe también recuerda que, al ser una competencia compartida, la coordinación entre administraciones es clave. Sin una estrategia clara liderada por el Govern, los esfuerzos son desequilibrados y poco eficaces.