Salvador Illa ya es presidente: los retos de su legislatura

Salvador Illa Roca se ha convertido en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña después de ser investido en el Parlament con los votos favorables de su partido -el PSC-, ERC y los Comunes. Durante sus intervenciones en el hemiciclo, Illa se ha reafirmado en su voluntad de gobernar para el conjunto de los catalanes. Por esa razón, pese al revuelo por la aparición y no detención de Carles Puigdemont, Illa no ha dudado en reclamar la aplicación de la Ley de Amnistía del procés porque “Cataluña debe contar con todos”.

En este sentido, la estabilidad y la mejora de los servicios públicos serán dos de los conceptos con mayor protagonismo en la agenda del futuro Ejecutivo. La primera de las dos ideas coge relevancia teniendo en cuenta que el PSC gobernará en minoría y necesitará explorar alianzas con el resto de las formaciones parlamentarias. Ahora bien, la posible reorganización de la cúpula directiva de los Mossos d'Esquadra, derivada del descrédito generado por la huida de Puigdemont, seguramente será la primera patata caliente del president.  

Activar la carpeta educativa para revertir el fracaso escolar

Más allá de cumplir el acuerdo con ERC por un nuevo modelo de financiación, después de aterrizar en la plaza Sant Jaume, el presidente Illa deberá abrir la carpeta educativa para revertir los pésimos resultados de Cataluña en el informe PISA. El programa socialista recoge un impulso del trilingüismo en las aulas catalanas, reducir el fracaso escolar por debajo del 9%, la implementación de un servicio de refuerzo en los centros con necesidades, gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, la construcción y mejora de los centros, incrementar los recursos de las escuelas oficiales de idiomas o garantizar la escolarización de las personas con discapacidad intelectual.

A la espera de conocer la composición del gobierno, todo apunta que las competencias sobre el catalán se incorporarán a la órbita del departamento de Presidencia.

Sanidad

Otra patata caliente para Illa será superar el hartazgo de la ciudadanía con la sanidad. En primer lugar, el presidente de la Generalitat quiere llegar a una inversión del 7% del PIB. Un esfuerzo con el que, además de reducir las listas de espera, se quiere garantizar la actualización tecnológica del sistema, el buen funcionamiento de los centros y un acceso equitativo a los servicios en toda la comunidad autónoma.

Sobre el despacho de Illa estarán facilitar grandes inversiones como la ampliación pendiente de Vall d'Hebron, o los nuevos hospitales del Clínic Barcelona, Trueta en Girona, Verge de la Cinta en Tortosa o Ernest Lluch entre Montcada y Ripollet. 

Control del alquiler turístico y la construcción de 50.000 pisos

En materia de vivienda, el acuerdo con los Comunes obliga al PSC a crear las herramientas legales que garanticen el control de los pisos turísticos. Sin dejar este ámbito del acuerdo, Salvador Illa y Jéssica Albiach suscribieron la obligación, por parte de la Administración catalana, de impulsar la construcción de 50.000 pisos durante el período 2024-2030. Los socialistas mantienen su voluntad de desplegar la ley de la vivienda.



Respecto a las políticas industriales y su vinculación con el mundo empresarial, el nuevo gobierno quiere reformar el Servicio de Ocupación de Cataluña para convertirse en “un punto de encuentro” entre las personas que buscan trabajo y las empresas, con el compromiso de tener trabajo en un período máximo de seis meses.

El futuro o futura responsable de Empresa no podrá obviar el compromiso electoral de simplificar los trámites administrativos, así como facilitar un plan de facilitación de la actividad económica. A nivel institucional, dentro de su voluntad de mantener la estabilidad y la mano extendida, Illa aprovechará su altavoz para reforzar las tesis de Pedro Sánchez en el Gobierno.

El presidente quiere dar un papel relevante a los ayuntamientos y otras entidades del mundo local. Mientras no se renueve el modelo de financiación en Cataluña, el acuerdo entre el PSC y ERC contempla una cláusula transitoria para que el Estado facilite los recursos necesarios para corregir los desequilibrios del actual sistema.