El camino que ha adoptado el tope a los alquileres hace temer que, lejos de ser una medida temporal como se había presentado inicialmente, se enquistará en el mercado de la vivienda. Y los acuerdos que ha cerrado el PSC con ERC y los Comunes para la investidura de Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat de Cataluña suponen su constatación, según voces del sector inmobiliario.
El candidato socialista se ha comprometido a basar la legislatura --que echaría a andar en agosto si las bases republicanas dan su visto bueno-- en dos documentos con 13 medidas que dan continuidad a las políticas puestas en práctica hasta ahora. Ello, a pesar de los efectos indeseados de la Ley de Vivienda 12/2023, la misma que habilita el límite al precio de los alquileres y que ha reducido la oferta en el mercado permanente e incrementado endiabladamente los precios.
¿Qué dicen los acuerdos?
El equipo negociador de Illa, encabezado por Lluïsa Moret, ha accedido a hacer suya la norma estatal y establecer un índice de referencia propio, siendo éste el mecanismo que permite controlar los precios y que ha generado discrepancias entre Generalitat y Gobierno. Lo recoge el pacto firmado con los republicanos, el mismo, que habla de impulsar la tramitación de la Ley catalana de arrendamientos urbanos y regulación de los contratos de alquiler.
La formación morada también suscribe este punto "para extender el derecho y deberes de los contratos de larga duración o residencia habitual a los contratos de temporada o por habitaciones", reza el texto. "La puerta de atrás que ha hecho subir los precios", se refirió su líder, Jéssica Albiach, quien a su vez eleva el tono al forzar la aprobación de un régimen sancionador para los propietarios que incumplan el tope y al exigir la compra de edificios enteros a grandes tenedores, propietarios de cinco o más inmuebles.
En paralelo, los tres partidos coinciden en ampliar el parque de vivienda protegida con la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta 2030 y la puesta en marcha un programa de rehabilitación de viviendas, entre otras fórmulas.
Cronificación
La ausencia de una perspectiva clara sobre la retirada del tope a los alquileres, que debía ser temporal, sume al sector en el pesimismo. De hecho, la Generalitat en funciones ha pedido recientemente extender la polémica medida a 271 localidades en total, por lo que nueve de cada diez catalanes estarán afectados por la norma.
Lluïsa Moret, encargada de las negociaciones por la investidura de Salvador Illa, cuyo rostro aparece en una gran imagen de fondo
"Los acuerdos son una continuidad de lo que había, a pesar de que vaya a haber un cambio de gobernantes", lamenta Xavier Vilajoana, presidente de Associació de Promotors de Catalunya (Apce), quien censura que "todos los cambios legislativos que se han producido lo que pretenden es poner parches a la inacción de la Admnistración pública".
Pesimismo
Ya incluso antes de conocerse los acuerdos, el sector cargaba con esta losa, como sostiene Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista: “Con un enfoque realista, parece poco probable que estas políticas equivocadas se vayan a revertir en el medio plazo, por lo que es altamente probable que esta situación de emergencia se mantenga en el tiempo”. Esto seguirá empeorando sus efectos “en los próximos meses".
“El tope está pensado como una medida de urgencia y temporal hasta que el resto de medidas alivien la situación. Sin embargo, los efectos indeseados no hacen más que empeorarla, coqueteando peligrosamente con su cronificación”, reprobaba el experto sobre una norma cuya vigencia es de tres años, con posibilidad de ser extendida.
Panorámica de la ciudad de Barcelona
Por su parte, Vilajoana también critica la "obsesión" contra los grandes tenedores y lo "absurdo" de legislar contra éstos, que suponen el 8% del parque inmobiliario. En vez de ello, reclama incentivar la vuelta de la oferta que ha huido de la regulación del mercado permanente, aumentar la protección jurídica del propietario -"si no hay propietario, no hay arrendatario"- y facilitar la construcción de nuevos proyectos.
Recetas que comparte Iñareta, también coordinador de estudios de mercado: "Todas las administraciones deberían buscar el reequilibrio y generar un entorno de confianza en el que los propietarios vuelvan a sentirse cómodos y seguros, lo que fomentaría la vuelta al mercado de gran parte del producto perdido".
Efectos indeseados
Tras cerca de medio año bajo la malograda norma en Cataluña --única autonomía en aplicarla--, se ha constatado que los propietarios encarecen sus contratos al situarlos en el rango alto de la horquilla habilitada. Y aquellos que ofrecían su inmueble por un precio superior al permitido, prefieren ahora retirarlo del alquiler permanente para migrar al temporal o de habitaciones y así no abaratarlo ni perder rentabilidad.
Contrato de alquiler, en una imagen de recurso / EUROPA PRESS
Como resultado, Barcelona ya tiene el metro cuadrado más caro de España (21,60 euros) y Cataluña ha alcanzado un nuevo máximo histórico, con una media de 17,10; en un año, el aumento de precios es del 14%.