Joaquín Aguirre López (Canarias, 1958), juez instructor en la investigación de la trama rusa del procés, tiene previsto poner fin a su carrera profesional tras más de tres décadas de servicio a la justicia. El veterano y controvertido magistrado, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha pedido la jubilación y podría colgar la toga a partir del próximo enero, poniendo fin a una trayectoria marcada por sus indagaciones en diversos casos de presunta corrupción.
Algunos de ellos especialmente mediáticos, como el caso Tibidabo, el caso Macedonia o la operación Voloh, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar el golpe secesionista de Cataluña.
Encuentros de los 'indepes' antes de la DUI
En los últimos tiempos, Aguirre estrechó el cerco sobre varios dirigentes del independentismo catalán por sus vínculos con emisarios rusos sospechosos de trabajar para el Kremlin. Entre ellos, el expresidente de la Generalitat fugado de la justicia, Carles Puigdemont (Junts), a quien se atribuye haberse reunido por ejemplo con varios de ellos en su residencia oficial de la plaza de Sant Jaume el día antes de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, en octubre de 2017.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que también ha recuperado la investigación a Puigdemont como uno de los presuntos cabecillas de la plataforma ultranacionalista Tsunami Democràtic -convocante de varias de las protestas contra la condena a los mandatarios del procés-, está a su vez pendiente de que el TSJC decida si le investiga por la querella que Puigdemont interpuso contra él, acusándole de prevaricación y malversación.
Revés a la amnistía de Puigdemont
El pasado julio, el juez remitió al Tribunal Supremo un escrito reclamando que se investigue a Puigdemont y al también expresidente del Govern catalán Artur Mas, entre otros imputados, por los delitos de traición, malversación y organización criminal por los supuestos vínculos con emisarios del Kremlin en busca de apoyos a la secesión de Cataluña. Una cuestión que el alto tribunal aún no ha resuelto.
Algunos de los investigados en el llamado caso Voloh también reclamaron la recusación de Aguirre -pendiente de resolverse-, aferrándose a unas declaraciones del juez a una televisión alemana, en las que éste supuestamente se jactaba de haber evitado con sus investigaciones aplicar la amnistía concedida por el Gobierno a los condenados y encausados del procés.
Un mes antes, la Audiencia de Barcelona había frenado la investigación de la trama rusa del procés, esgrimiendo que se había prorrogado la causa injustificadamente. Pero el magistrado abrió una pieza nueva dentro del caso Voloh para seguir con sus pesquisas, que apuntaban a Puigdemont.
Negreira y el Barça
A lo largo del último año, Aguirre también ha sido noticia por su labor en la investigación del denominado caso Negreira sobre los pagos del FC Barcelona al ex presidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que tanto el magistrado como la Fiscalía sospechan que pudieron servir para beneficiar al club azulgrana en la competición.
Uno de los primeros casos de Aguirre al frente del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona se remonta a hace más de tres décadas. Se trata de la investigación de un presunto fraude en el servicio militar obligatorio, en el cual, supuestamente, varias familias adineradas se sirvieron de redes organizadas para evitar que sus hijos tuvieran que hacer la mili, mediante pagos que oscilaban entre los 1.800 euros (300.000 pesetas) y los 6.000 euros (un millón de pesetas), para simular que estaban enfermos.
Del Tibidabo al 'caso Macedonia'
En la década de los 90, Aguirre también coordinó el caso Grand Tibidabo, donde firmó la petición de prisión del empresario Javier de la Rosa, tras una instrucción que duró cinco años. También investigó al expresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner. Según el juez, De la Rosa desvió 1.000 millones de las antiguas pesetas (seis millones de euros) para financiar el diario El Observador a instancias del político Lluís Prenafeta, afín a Convergència.
A lo largo de su dilatada trayectoria, el magistrado Aguirre también ha protagonizado otras investigaciones más controvertidas. Una de ellas fue la del llamado caso Macedonia, una macrocausa por presunta corrupción policial vinculada al narcotráfico que, tras más de 12 años de pesquisas, acabó con un solo policía en el banquillo, finalmente absuelto por la Audiencia de Barcelona.
La instrucción de ese sumario llevó al juez a registrar en 2012 la sede de los Mossos d'Esquadra en Sabadell (Barcelona). Un hecho que generó malestar en la policía catalana.
'Operación Estela'
Ya en 2019, Aguirre empezó a investigar una pieza secreta derivada de una causa de 2016 donde se investigaba un presunto delito de corrupción en la Diputación de Barcelona. En noviembre de 2019, la entonces presidenta de este ente, Núria Marín, dijo que se querían presentar como acusación en la investigación sobre las posibles irregularidades en las subvenciones.
Un año antes, el 24 de mayo de 2018, Aguirre y la UDEF llevaron a cabo una macrooperación policial en el entorno de la Diputación, buscando 28 subvenciones fraudulentas, la mayoría presuntamente concedidas de manera irregular a la fundación CATmón, a la empresa Discatimat y la entidad Igman, todas ellas gestionadas o relacionadas con el posteriormente diputado de Junts per Catalunya (JxCat) Francesc de Dalmases. Según Aguirre, Dalmases y Víctor Terradellas podrían estar relacionados con operaciones fraudulentas que, presuntamente, ascenderían hasta los dos millones de euros.
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